La ausencia de ley es la ley
Claudio Tapia

Reversa a la Ley de Competencia
Otorgaba poderes “excesivos” para “controlar precios”
En la de Telecomunicaciones, menos Ifetel y más SG

San Pedro Garza García.- El proyecto de la ilustración –formidable impulso político de la edad de la razón– puso a gravitar a la sociedad en torno a la libertad y el pensamiento crítico despertando en los nacientes ciudadanos una nueva ilusión: debido al triunfo de la razón, nada ni nadie podría detener el surgimiento del nuevo orden garante de los derechos humanos declarados universalmente.

Bajo el orden Constitucional, con leyes acordes a los valores supremos dictados por la diosa razón, la vida ciudadana transcurriría en armonía, con justicia y equidad. Surgía con el Estado de Derecho el imperio de la ley.  
El nuevo orden parte del principio de que sin leyes que estén por encima de todos no es posible la vida en sociedad. Por eso se dice que aunque las leyes no procuren el beneficio social, eso es mejor que su ausencia.  

Sólo que el admitir que una ley deficiente es mejor que su ausencia, niega la existencia del Estado de Derecho. Y ahí no queda todo porque puede darse un escenario peor que el de las malas leyes, según advierte F. Liria: aquel en que dicha ausencia es llamada ley y se considera como tal.

No se trata de un juego de palabras. Considerar que la ausencia de la ley es la ley, es justamente lo que está ocurriendo con las iniciativas de leyes derivadas de las recientes reformas constitucionales que el ejecutivo ha turnado al Congreso.

Veamos si no. La Cámara de Diputados aprobó en lo general, este pasado martes, la nueva Ley de Competencia. Algunos diputados de oposición denunciaron públicamente que la iniciativa aprobada es una ley rasurada, ligerita, que suaviza las recientes reformas constitucionales tendientes a combatir los monopolios, porque, en opinión de los legisladores, el proyecto original daba poderes “excesivos” a la Comisión de Competencia, incluso poderes para –oh, blasfemia– “controlar precios”.

La iniciativa aprobada quedará convertida en una ley a modo, con espacios vacíos: ley ausente. En los aspectos rasurados, en los huecos que deliberadamente tendrá la ley, estará su verdadera intención. La ausencia de la ley será la ley vigente que se cumplirá sin que se afecten a fondo los intereses monopólicos.  

Otro ejemplo: por fin llegó al Senado, este 24 de marzo, el paquete de iniciativas legales en materia de telecomunicación y radiodifusión que debió presentarse desde el 9 de diciembre de 2013. Adviértase que la presentación extemporánea careció de sanción, lo que confirma el principio de que la ausencia de la ley es la ley. El incumplimiento del plazo constitucional es legal, pues.

En un comunicado conjunto, los presidentes del PAN y del PRD criticaron los contenidos de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo porque “no reflejan el contenido de las reformas (constitucionales) en ambas materias”. Al rechazo se sumaron destacados miembros de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) asegurando que la iniciativa “raya en lo absurdo” porque invade las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para otorgárselas a la Secretaría de Gobernación. “Amputan todas las facultades al órgano regulador”. En suma, dicen, las iniciativas van en contra de la reforma constitucional y violenta la finalidad que le dio origen.

El intercambio de acusaciones y balconeadas entre partidos y legisladores se acentuará en los próximos días hasta que todo quede en el olvido. En el olvido legal, por supuesto.

Al final, lo sabemos todos, se apaciguarán; los impostores discutirán, cabildearán y negociarán, para terminar omitiendo regular los aspectos escabrosos de la reforma. Para eso están los tele-legisladores. Así, “preponderantes” y “dominantes” podrán seguir actuando en la legalidad que les brinda la ley a modo.

En nuestra realidad social trascenderá más lo callado, lo oculto, lo ignorado por la ley, que los actos regulados que las autoridades deberán vigilar. Por supuesto que también olvidarán sancionar la negligencia, ineptitud y complicidad de las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir la nueva ley. La impunidad garantizada por la falta de ley, también es legal.

La ausencia de la ley considerada ley, exhibe al Estado de Derecho que no somos.