Estado fallido
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- En los últimos días, ha vuelto a aparecer, en opiniones de actores sociales y políticos significativos, el señalamiento de que en México cada día hay más evidencia de que en algunos estados y municipios de la federación existe un Estado fallido.

Este concepto que se acuñó en el medio académico norteamericano hoy es de uso común de periodistas y, como sucede hoy en México, de la iglesia y líderes universitarios y políticos.

El concepto de Estado fallido, a diferencia del llamado Estado canalla, es que mientras este último puede llegar a tener un gran control sobre el territorio y permite a sus elites abusar constantemente de su población, al grado de restringir los derechos humanos e incluso, practicar el terrorismo, en el primer caso, sucede todo lo contrario, las elites políticas teniendo el poder formal, no tienen control sobre el territorio, no aplican la ley y sus agentes llegan a practicar la complicidad.

Esto genera un vacío de poder que termina favoreciendo a grupos y organizaciones, frecuentemente criminales, incluso antisistema, que buscan imponer su voluntad al resto de la población.

Esto viene sucediendo desde hace más de una década en distintas regiones del país, donde ante al vacío de autoridad, otros lo vienen a llenar. O, como se está documentado en Michoacán, los políticos en funciones de gobierno utilizan el cargo público para prestar servicios al crimen organizado.

Y con sus matices, lo mismo sucede en Tamaulipas y otros estados de la República, donde la violencia alcanza altos niveles que sólo se puede medir en la incapacidad del gobierno federal para controlarla y garantizar el imperio de la ley.

No es casual, entonces, que en esta semana que acaba de concluir, diversos actores sociales y políticos hayan llamado la atención de este proceso de deterioro institucional y social en varias regiones del país.

Reaccciones
La Arquidiócesis Primada de México, que normalmente es prudente en sus opiniones sobre el gobierno, rompió lanzas contra el gobierno federal, y cuestionó severamente, su política de comunicación gubernamental en el tema de la violencia.

Algo que otros lo han hecho desde el inicio de este gobierno señalando que unas son las cuentas oficiales y otras las de la realidad cotidiana. Así, la Arquidiócesis sostiene desde su semanario Desde la fe que: “Mientras se presume el descenso de actos delictivos, en la realidad, más mexicanos son víctimas y nadie puede garantizar plenamente la protección de su vida, integridad corporal y patrimonial, revelando un Estado fallido en barrios, colonias y regiones lejanas sin paz y en guerra”.

Además, reconoce que existe una “desesperación general ante la pobreza escandalosa y la escalada de violencia”, además de critica el contraste entre la situación que vive la población y “el mundo ficticio de los mercados, del lujo, la riqueza obscena y la recaudación fiscal que llena las arcas hacendarias, creando un gobierno rico sobre un pueblo encarecido y pobre”.

Así mismo, el asesinato del académico universitario Alejandro Chao y su esposa, Sara Rebolledo en el estado de Morelos provocó la reacción de amplios sectores de la población especialmente en el estado morelense.
Jesús Alejandro Vela, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, señaló que este estado limítrofe con la sede de los poderes de la Unión, era un Estado fallido cuanto no garantizaba “seguridad y bienestar”.
Incluso, más moderado el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Barbosa  declaró que la violencia en diversos municipios y estados demanda una estrategia integral, para evitar que México se convierta en un Estado fallido, “como comienza a ser considerado en el exterior”.
Fund for Peace

Si bien, el diario inglés The Guardian, que publicó el sábado antepasado un reportaje sobre la violencia en Tamaulipas y por sus indagaciones sostiene que para los habitantes de este estado fronterizo están ante un “Estado fallido, sin ley y sin autoridad”, la institución académica norteamericana Fund for Peace desde más de una década viene señalando que México, de acuerdo a sus indicadores, se ubica en los límites establecidos por esta categoría de clasificación.

Según la organización Fun for Peace, un Estado fallido se mide con base a cuatro parámetros:

• Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza
• Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
• Incapacidad para suministrar servicios básicos; e,
• Incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Los estudios de Fund for Peace para 2013 arrojan que México se encuentra en el número 97 entre 178 países clasificados, lo que significa que es un “Estado en advertencia”, ya que en la medida que tienda a la baja es más crítica su situación en esta escala.

Y es que, en 2012 se ubicaba en el número 98 lo que significa que cayó un lugar y se encuentra al nivel de países como El Salvador, Viet Nam o Gabón, y muy lejos, de países como Finlandia, Suecia o Noruega, que es donde están más seguros los ciudadanos a nivel mundial.   

Sin duda, hay algunos estados de la federación a los que les resulta prácticamente imposible cumplir con los tres primeros parámetros  –aun, cuando, el discurso oficial diga otra cosa– y, es que en varios de ellos se encuentran intervenidas sus instituciones públicas –e, incluso por el mismo deterioro del tejido social– instituciones privadas que han sido permeadas por el crimen organizado.

Y aunque se puede estar de acuerdo o no, con esta clasificación, lo cierto es que hay regiones del país donde la autoridad se dedica única y exclusivamente a cobrar impuestos a unos ciudadanos que muchas veces tienen que pagar también tributación a las células del crimen organizado.

O sea, que estamos ante un Estado débil, incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y estos a través de la extorsión o el secuestro tienen que cubrir la ausencia de autoridad.

Esto explica en parte la aparición de grupos de autodefensa en algunas regiones del país qué ante la ausencia de autoridad, han decidido tomar las armas para defender sus familias y bienes, primero con la complacencia del gobierno y luego  con su rechazo, lo que indica aún más la debilidad de un Estado que es incapaz de estructurar una política  firme, coherente, sistemática y confiable.

Luego entonces, antes de pensar que hay una mejoría en el país las evidencias indican que estamos ante el riesgo constante de un efecto dómino que venga a complicar la situación en otras regiones del país.

Y esto, como bien lo dice la Arquidiócesis Primada de México, no cambia con ocultar los hechos de una realidad terca en demostrar, para nuestra desgracia, que la situación empeora.

Que en última instancia, marca la distancia crítica que sostiene una franja de las elites con el gobierno de Peña Nieto.