Víctimas de “guerras”
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Parece que ya pasaron los años más difíciles de la “guerra contra el narcotráfico”, pero las consecuencias entre las víctimas colaterales siguen igual de vigentes como si estuvieran pasando ahora. Los sentimientos de las víctimas colaterales siguen desgarrados. En los hogares de miles de familias todavía hay mucho dolor y coraje.

A estas fechas todavía se desconoce con precisión la cifra de muertos por las ejecuciones entre las bandas rivales y por los enfrentamientos contra las fuerzas militares y cuerpos policíacos.

Desde el 11 de diciembre del 2006, fecha fatídica cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y arrancó el operativo militar contra el crimen organizado en el estado de Michoacán, se estiman más de 300 mil muertes, 150 mil heridos y 120 mil detenidos, de acuerdo con registros y conteos de organismos no gubernamentales.

En cuanto al asesinato de personas sin relación con las actividades delictivas -los llamados daños colaterales-, diversas agrupaciones civiles también han cuestionado el hecho de que las autoridades desconocen con precisión el número de ellas.

Sin embargo, en cuanto al número de personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas del 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha documentado más de 26 mil casos en toda la República Mexicana, no sólo cometidas por los cárteles del narcotráfico, sino por graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

Aquí en Nuevo León, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), tiene documentados mil 237 personas desaparecidas, de las cuales 26.5% son por desaparición forzada; es decir, efectuada directamente por elementos de las corporaciones de seguridad.

En lo que va del 2014, CADHAC lleva registrados 60 nuevos casos de personas desparecidas, de las cuales 46 son de Nuevo León.

Referimos todo lo anterior debido al anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR), de que abrirá los archivos sobre los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971.

Gracias a la lucha de un ciudadano, víctima colateral de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 junio de 1971, el Instituto Federal de Acceso Información (IFAI), ordenó a la PGR realizar una búsqueda exhaustiva de los datos y poner a disposición del solicitante, de ser posible, versiones públicas de los documentos solicitados para su consulta presencial.

No solamente esperamos que se acate la orden de abrir la información, para que los datos de las matanzas estudiantiles dejen de ser reservados o confidenciales, sino que seguimos demandando que se haga justicia tras largos 46 y a 43 años de ocurridas las crueles masacres.

Luego del vil engaño de Vicente Fox, a través de la Fiscalía y de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes Sociales y Políticos del Pasado, llegó la hora de que los mexicanos conozcamos la información oficial y de que se empiecen a reparar los daños a las víctimas colaterales de las matanzas de 1968 y de 1971, cuando fuerzas militares y paramilitares reprimieron sangrientamente las manifestaciones estudiantiles que protestaban contra el autoritarismo y la falta de libertades democráticas.

Ahora o nunca debemos saber el saldo de la matanza del 2 de octubre, cometida en la Plaza de las Tres Culturas, pues según las autoridades hubo 40 muertos al menos, pero de acuerdo con las organizaciones civiles la cifra mortal ascendió a 400, mientras que la matanza del 10 de junio, acaecida cerca del Casco de Santo Tomás, dejó al menos 22 fallecidos, según reconocen las autoridades, pero los grupos de la sociedad civil estiman más de un centenar, así como numerosos heridos y desaparecidos.

Son cifras que las autoridades competentes de impartir justicia no han sido capaces de precisar, precisamente por su incompetencia e incapacidad, pues tampoco han esclarecido los hechos, ni fincado responsabilidades.

Hoy como ayer los sentimientos siguen desgarrados entre las víctimas colaterales de la “guerra contra el narco” y de la “guerra sucia”, además prevalece el dolor por la falta de justicia y, sobre todo, por la impunidad.