Tres preguntas
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Desde agosto del 2012 entró en vigor la reforma a los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se establece como derecho ciudadano el votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Dicha reforma fue aprobada en lugar del referéndum y del plebiscito, los auténticos e históricos procesos de participación ciudadana.

Con el referéndum se buscaba darle el poder al pueblo para aprobar o no las iniciativas que tuvieran por objeto derogar, adicionar o reformar nuestra Carta Magna en materia de garantías individuales, derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos, soberanía nacional, forma de gobierno, partes integrantes de la Federación y territorio nacional, así como división de poderes y proceso de reforma constitucional.

Con el plebiscito se buscaba que el pueblo tomara parte en las decisiones políticas fundamentales de la Nación Mexicana.

Como requisito para someter a referéndum o a plebiscito alguno de los asuntos señalados, era necesario que lo solicitaran el 1.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, o la tercera parte de los integrantes de la Cámara de Senadores, o de Diputados, o el Presidente de la República.

Además, se establecía al Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral), como el órgano responsable de organizar el referéndum o el plebiscito, vigilar su desarrollo y comunicar sus resultados, los cuales serían obligatorios para gobernantes y gobernados si en los procesos participaba, cuando menos, el 60 por ciento de los ciudadanos del padrón electoral.

Todo ese esfuerzo quedó reducido a la consulta popular, la cual fue programada para realizarse el mismo día de la jornada electoral federal y convocada por el Congreso de la Unión, a petición del 2 por ciento de los electores en la lista nominal, o del 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o del Presidente de la República.

Además, se dispuso que el INE se encargara de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta, los cuales serán vinculatorios para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, siempre y cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos en el padrón.

Cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que resolverá, previo a la convocatoria del Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia que se busca someter a consulta popular.

Hay que decir que el próximo lunes 15 de septiembre es la fecha límite para que los promoventes de consultas populares presenten ante la Suprema Corte las más de un millón 700 mil firmas ciudadanas, equivalentes al 2 por ciento del padrón electoral, debidamente cotejadas por el INE, para que la SCJN resuelva la constitucionalidad de la materia a consultar.

Sin embargo, más que una herramienta ciudadana para ampliar y consolidar nuestra democracia participativa, la consulta popular parece convertirse en un mecanismo partidista de estrategias electorales, pues los partidos políticos son, hasta ahora, los principales promoventes:

El PRD, PT y Morena impulsan la consulta para que el pueblo revierta la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, en materia energética, mediante la cual se abrió la puerta para que las empresas privadas, nacionales y extranjeras, exploten el petróleo, el gas y la electricidad.

El PAN busca que la población diga si está de acuerdo con que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un salario mínimo para cubrir la línea de bienestar delineada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El PRI y el PVEM pretenden plantear que la ciudadanía responda sobre la conveniencia de eliminar o no a 100 diputados federales y 32 senadores plurinominales, o de partido, como también se les denomina.

Para quienes luchamos contra el saqueo a la Nación, resulta urgente ir a firmar para que el derecho a la consulta popular se ejerza el domingo 7 de junio de 2015 y el pueblo responda libremente a las tres preguntas y, sobre todo, rechace la contrarreforma energética con un rotundo no.