TRANSICIONES
Comisión Anticorrupción
Víctor Alejandro Espinoza

Tijuana.- La semana anterior volvimos a tener noticias acerca de una de las promesas centrales del entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto: el combate a uno de los flagelos de la vida pública nacional: la corrupción. La vía para lograrlo era la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, que vendría a sustituir a la Secretaría de la Función Pública y al frente de la cual estaría un Fiscal Anticorrupción.

El 30 de marzo de 2012, en plena campaña, estableció el compromiso de crear la Comisión Nacional Anticorrupción y meses después, el 15 de noviembre, a dos semanas de tomar posesión, envió al Senado de la República una iniciativa de ley a través de la bancada de su partido. Días después, el 2 de diciembre, en el Pacto por México, destacaba la creación del Sistema Nacional contra la Corrupción:

“Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE. (Compromiso 85.)

“Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción. (Compromiso 86.)”

Sin embargo, por razones poco claras, la iniciativa aludida no había prosperado. Incluso cuando el presidente Peña Nieto anunció que la etapa de las reformas estructurales había terminado y con ello, a su vez, el Pacto por México, algunos sostuvimos que faltaba aprobar la reforma anticorrupción. La semana pasada, EPN envió la iniciativa presidencial a la Cámara de Diputados para crear la Fiscalía General de la República que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República. Dependiendo de la Fiscalía General habrá una Fiscalía Anticorrupción, con facultades para ejercer acción penal en la materia; lo cual significaría que los delitos de corrupción no sólo se circunscribirían al ámbito administrativo.

Evidentemente que hay un cambio sustantivo en el discurso presidencial ya que recientemente, en el marco de un polémico programa sobre los 80 años del Fondo de Cultura Económica, definía a la corrupción como un problema cultural; con esta iniciativa se afirma la idea de que se trata de un problema multicausal que exige una respuesta penal.

Lo cierto es que urge sustituir a la modorra Secretaría de la Función Pública que ha servido como tapadera de los actos de corrupción de muchos titulares de dependencias y entidades gubernamentales. Se deben desempolvar expedientes archivados por los contralores internos que propiciaron impunidad y corrupción. Esperemos prontos resultados.

Oficio
Político fue el que demostró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este martes 30 al recibir a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional a las afueras de la Segob, después de la segunda marcha multitudinaria. El mensaje fue claro: la directora general, Yoloxóchitl Bustamante Díez, tenía que renunciar. ¡El camino está trazado!

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
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