México: ¿pacto político o justicia?
Pablo Vargas González

Pachuca.- Un conjunto de acontecimientos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos han puesto a temblar las estructuras institucionales, a la sociedad mexicana y a la opinión pública internacional. Pero los hechos en Iguala, Guerrero, seis personas asesinadas, 20 heridos y 43 desaparecidos, ponen en duda los progresos y avances que en días anteriores se festejaban, extensamente dentro y fuera del país.

A ello se agrega el caso de Tlatlaya en el Estado de México, reconocido ya como la ejecución extrajudicial de 22 personas, presuntamente pertenecientes a bandas delincuenciales, por parte de integrantes de las fuerzas armadas. La influencia y presión de organismos internacionales obligó la intervención de las diferentes instancias del gobierno federal, algunas de las cuales como la Sedena y la CNDH, ya habían dado carpetazo.

No hay que olvidar el peso que tienen los organismos internacionales de derechos humanos, pues México ya no puede eludir sus responsabilidades del Estado en el resguardo y protección de las garantías fundamentales. Recuérdese que en 2011 el Congreso aprobó una reforma constitucional en esta materia, que equiparó la Constitución con los tratados y convenciones internacionales.

En ambos casos, y en otros no menos importantes, como el crimen contra un diputado federal han conmovido con razón a México y al mundo. Las escenas dantescas y de horror no dejan lugar a dudas, de que no se han cerrado las heridas y condiciones causada por la nefasta “guerra contra la delincuencia” del sexenio calderonista.

A estas alturas se puede concluir, que tales políticas no fueron del todo certeras ni eficientes, que aplicaron el uso desmedido de la fuerza y la militarización para siquiera contener en grado mínimo la delincuencia, y lo peor sin acompañar tales medidas con acciones para la reconstrucción del “tejido social”, como es la convivencia y la cohesión social y comunitaria.

Es por esto que no es posible que se enfrenten estos acontecimientos con medidas y discursos de siempre. Gobiernos y partidos políticos intentan poner decisiones que pueden sesgar y desvirtuar los problemas y soluciones de fondo. Están buscando acuerdos y pactos, resultado de transacciones de carácter político.

Hoy las circunstancias exigen nuevos mecanismos para superar estas difíciles condiciones para el país. La toma y el incendio del palacio de gobierno y el Congreso Local del Estado de Guerrero son síntomas de rabia, crispación y desesperación. No se puede seguir dando “atole con el dedo”. La sociedad ya no va aceptar pactos y acciones de tipo “Gatopardo”, cambios de fachada que “cambian todo, para dejar todo igual que antes”, que conducen irremediablemente a la impunidad.

Los acuerdos y soluciones que se requieren ahora van más allá de los partidos políticos y de soluciones de corto plazo. Se requiere una amplia disposición para el diálogo y deliberación con las partes y grupos sociales afectados e involucrados. Las soluciones pasan por reconocer a los interlocutores, que son marginados y excluidos: estudiantes, pobres e indígenas.

Los acuerdos y soluciones deben centrarse en la realización de justicia, en el esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables materiales e intelectuales, y en el acceso a todos los medios para aplicar la ley, y reparación del daño, conforme a normas internacionales.

Medidas de fondo, no sólo para Guerrero y Michoacán, es cambiar la política social y de justicia, insuficiente, discriminadora y electorera. La reconstrucción del tejido social pasa por fortalecer los lazos familiares y comunitarios, con empleo y oportunidades, en regiones de pobreza, así como el fortalecimiento y reemplazo de los gobiernos locales y municipales maniatados por la delincuencia. La política que se requiere es la dirigida a conseguir justicia y la verdad.