Violencia y feminicidio en Nuevo León
Irma Alma Ochoa Treviño

Monterrey.- En 1999 la Organización de las Naciones Unidas instituyó el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para recordar el atroz asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana.

Antes de ello, en México, las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua documentaban los casos de las jóvenes desaparecidas y asesinadas.

Con ese modelo, desde hace poco más de 15 años, nos dimos a la tarea de documentar los casos de las mujeres asesinadas en la entidad; pues advertimos el grave problema que representa la violencia ejercida por los machos, en donde las mujeres son las que llevan la peor parte, las que resultan lesionadas a causa de los golpes infligidos, las heridas causadas, los atropellos ocasionados y que, en situación de crisis llegan a perder la vida.

El registro ha obedecido a la necesidad de dar a conocer a la comunidad el número de casos existentes, para explorar la mejor manera de abordar el problema con datos duros y perseguir, en la medida de lo posible, su solución y erradicación. Hasta hoy se han logrado cambios legislativos pero, lamentablemente, el registro continúa aumentando con los casos de mujeres y niñas asesinadas en Nuevo León.

En el 2000 se codificó el delito de violencia familiar y las activistas emprendimos una campaña para fomentar la denuncia. Era necesaria, pues apenas se reconocían como delito aquellos incidentes de arrebato machista que, por siglos se habían agazapado tras las paredes de la casa. Ni siquiera se reconocía en los organismos públicos, llegaron a decir que lo que sucedía entre parejas era un asunto privado.

Si bien hemos avanzado en la cultura de la denuncia, no dejan de sorprendernos las altas cifras que se manejan en estos rubros. Los primeros años de entrada en vigor del delito de violencia familiar y del equiparable se recibieron pocas denuncias. El hecho es que la violencia persiste y, al parecer, no dan resultado las estrategias para aminorarla, mucho menos para eliminarla, como marcan las leyes y convenciones que nos norman.

Por las noticias periodísticas nos damos cuenta de hechos deplorables, reales, concretos. Por otro lado, a través de su página de internet, en 2013 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León informó, que recibió 11 mil 761 denuncias por violencia familiar y 2 mil 522 por el equiparable a violencia. Estas cifras, nunca antes alcanzadas en Nuevo León, prendieron una luz roja en el semáforo de los delitos.

Podríamos preguntar, ¿de qué color se prenderá la luz con los datos de 2014?, pues en los primeros diez meses las denuncias rebasaron los números del año pasado. A octubre recibió 12 mil 525 denuncias por violencia familiar y 2 mil 717 por el equiparable. También han aumentado las denuncias por violación sexual. En promedio, en la entidad, cada mes se perpetran 51 violaciones sexuales y 24 equiparables a violación. Además, cada mes se registran 13 mujeres raptadas y 18 víctimas de estupro. Estos delitos atacan la dignidad y menoscaban la libertad y la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Quizás podríamos congratularnos porque el 26 de junio de 2013 se publicó en el periódico oficial la tipificación del feminicidio. Sin embargo, el que el Código Penal tenga establecido este delito no implica que se utilice para conseguir la ansiada justicia. Para empezar, la entidad no cuenta con un Protocolo para investigar el feminicidio, pese a que la normativa lo obliga. Y, como advierte el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el delito no es autónomo pues se supedita al de homicidio.

Por otra parte, sólo distingue tres hipótesis: dejando de lado la exposición del cuerpo en un lugar público; la incomunicación de la víctima, el estado de indefensión, así como la relación víctima y feminicida. Esta última característica se considera como agravante del delito, no como un supuesto que puede confirmar o no la imputación del crimen. Al momento sólo hay una denuncia por feminicidio, pese a los casos en que las mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas sentimentales o de sus ex parejas. Es tarea del Legislativo tipificar, como se debe, este delito.

Pues bien, de enero de 2000 a la fecha han sido asesinadas en la entidad 852 mujeres y niñas. 686 a partir de que Felipe Calderón declaró que estaba “decidido a recuperar la paz en toda región de México que esté amenazada por el crimen organizado”. (518 en su sexenio,  y 168 en la administración de Peña Nieto). Las víctimas tenían diferente estrato social, edades, estado civil, con diversas ocupaciones y profesiones. La violencia se ensaña por igual con amas de casa, estudiantes, profesionistas, madres de familia, hijas, hermanas, obreras, empleadas, arrendadoras, misioneras, enfermeras, dentistas, arquitectas, como con meseras o bailarinas.

Nos preocupa sobremanera que del total de las víctimas, 272 mujeres no han sido identificadas, ¿cómo identificarlas?, ¿quiénes fueron?, ¿de dónde procedían?, ¿quién las busca, ¿quién nos asegura que no fueron víctimas de desaparición forzada, de trata de personas, de explotación laboral o de explotación sexual?, lo que sí podemos aseverar es que ninguna debió morir.

En cuanto a la administración estatal, a partir del 4 de octubre de 2009, día en que Rodrigo Medina tomó posesión del cargo, y hasta la fecha, 613 mujeres han perdido la vida dolosamente. 80 por ciento de los crímenes (680) se han cometido en el área metropolitana. Es importante recalcar que el 38.75 por ciento se ha perpetrado en la ciudad de Monterrey (329). El 59.4 por ciento estaban en un rango de edad de 15 a 29 años. 453 se imputó al crimen organizado (53.16 por ciento); 152 a la pareja sentimental: 85 cónyuge, 44 concubinario, 23 pareja; (17.84 por ciento) y 20 a los ex (cónyuge, pareja, concubinario, novio); 40.61 por ciento han perdido la vida baleadas (346) y 43.52%  fueron asesinadas con métodos que implican el uso excesivo de la fuerza como lo son los golpes (10.79 por ciento /92); heridas punzocortantes (12.79 por ciento /109); asfixia (7.15 por ciento /61); estrangulamiento (7.51 por ciento /64); calcinación (5.28 por ciento /45). El alto porcentaje de utilización de armas de fuego confirma que el tráfico y uso ilegal de estos instrumentos es un factor que pone en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres.