¡Alerta infantil!
Lupita Rodríguez Martínez

 

Monterrey.- Actualmente en nuestro país hay más de dos millones 500 mil menores de edad que están siendo víctimas de explotación laboral.
Muchos de ellos son presa de las peores formas de esclavitud infantil, al ser obligados a trabajar de manera forzosa en fábricas, campos agrícolas, servidumbre por deudas, tráfico de drogas y en la trata sexual, entre otras formas de explotación.

Lo que estamos señalando está sucediendo en México en pleno inicio del Siglo XXI y así lo reconoce la propia Secretaría del Trabajo, al grado de admitir que el enorme número de niños, niñas y adolescentes en condiciones de explotación es equiparable a la esclavitud.

Por ello, al conmemorarse el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, el pasado 17 de abril en todos los países que son parte de la ONU, en México debemos lanzar un ¡alerta infantil! Una llamada de emergencia que ponga en marcha acciones urgentes para prevenir y combatir de manera contundente este flagelo para nuestra población infantil.

En Nuevo León, gobierno y sociedad debemos tener muy claras las acciones y mucha coordinación para combatir que ningún menor de edad sea sometido a las peores formas de trabajo infantil o a la trata de personas.

Aunque nuestra Entidad no está entre las seis que son focos rojos para el gobierno federal, debemos sumarnos a las acciones para revertir los sistemas de trabajo que fueron tolerados y que se deben romper de raíz, puesto que hoy representan un denigrante monumento a la impunidad.

Precisamente en los sectores productivos de núcleos urbanos, en las industrias de la manufactura y de la construcción, así como en varias áreas del comercio y de los servicios, también existen abusos laborales que deben ser cortados de tajo para proteger los derechos de la niñez.

Para empezar a resolver este grave problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo con toda crudeza y verlo cómo es.

Por tal razón, los primeros esfuerzos para erradicar la explotación laboral infantil deben dirigirse a generar y, sobre todo, a hacer reales y efectivas las nuevas políticas públicas de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Nos referimos a acciones de capacitación a las autoridades responsables y competentes de estar en contacto y al servicio de la población infantil, así como actividades de las dependencias de gobierno relacionadas con el desarrollo social, la salud y la educación, además de programas para alejar a niñas y niños del trabajo, en especial de aquel en situación de esclavitud.        

De acuerdo con el INEGI, la población infantil (de 5 a 17) ocupada en el 2010 era de 3.2 millones, por lo que a la fecha han sido rescatados 800 mil menores de algún tipo de servidumbre o esclavitud.

Del total de niñas, niños y adolescentes que trabajan, el 31.5%, labora más de 35 horas a la semana; el 28.2%, lo hace menos de 15 horas semanales; el 15%, de 15 a 24 horas y, el 7.5%, de 25 a 34 horas.

Otro dato preocupante es que el 5.5% de la niñez y adolescencia ocupada, trabaja en lugares no apropiados, siendo más de 183 mil 758 menores los que laboran en servicios domésticos.

Pero, un factor de suma gravedad que no debemos pasar por alto, es que de la población infantil que participa en actividades económicas, el 44.8% no asistió a la escuela.

A pesar de que cuestionamos y nos opusimos a la llamada reforma laboral, esperamos que los cambios a la Ley Federal del Trabajo repercutan en mejores y más efectivas inspecciones en los campos agrícolas, funciones que la Secretaría del Trabajo no aplicó durante más de 42 largos años.

También esperamos que la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se constituyó con un mes de retraso y todavía no recibe el presupuesto asignado, elabore un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, bajo el principio del interés superior de la niñez, que incluya medidas de protección contra la esclavitud o explotación laboral infantil.