El asesinato como estrategia política
Ernesto Hernández Norzagaray

 

Mazatlán.- Caía la tarde del 23 de marzo de 1994 cuando Luis Donaldo Colosio llegó a Lomas Taurinas, para participar en un mitin organizado por su partido. 

Aparentemente era uno más de esa campaña electoral que estaba bajo la sombra mediática del levantamiento zapatista y que aún con lo espectacular no parecía amenazar la continuidad del PRI en la Presidencia de la República, nunca se imaginó lo que le esperaba en esa hondonada de casas y habitantes pobres.

El candidato bajó sonriente de su vehículo, caminó entre la gente buscando llegar a un templete improvisado sobre una camioneta de redilas. La gente lo saludaba y el respondía con alegría. A las 17:12 se acercó un joven y puso una pistola en la sien del candidato y jaló el gatillo sin que nadie lo evitara. Luego vino otro disparo en el abdomen, el cuerpo resintió los impactos de bala y se desplomó como fardo sobre la tierra. Fue levantado en medio del escándalo y llevado a un hospital donde moriría a las 18:55. Se consumaba así una estrategia para evitar que el sonorense fuera Presidente de la República.

Desde entonces mucho se ha escrito y recreado aquel momento fatídico en nuestra historia política y a más de quince años hay más dudas que certezas sobre los autores materiales e intelectuales. Y ello nos remite inevitablemente a los peores años del México posrevolucionario donde los asesinatos políticos eran muy frecuentes e igual las indagatorias judiciales quedaban en esa oscuridad propia de nuestra singular política criminal.

Ahí están para la memoria la muerte de  Aquiles Serdán, Madero y Pino Suárez,  Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata, o Ángel Flores, todos ellos murieron en distintas circunstancias pero no hay duda que la motivación siempre fue política. Y, cuando cada uno de ellos sucumbió, se hizo evidente que los intereses eran de fondo pues estaban en juego cuotas de poder, incluida la Presidencia de la República.

Pero, aquellos intereses que marcaron los crímenes selectivos hasta los años noventa en casi todos ellos existe la fuerte sospecha de que la falta de conclusiones judiciales se explica en los vínculos con la élite del sistema político o de que otra forma se entiende que la muerte haya quedado sin esclarecerse.

Hoy, sin embargo, cuando leemos en prensa que se asesinó a un candidato en campaña o un líder partidario. Del partido que haya sido. No parece haber otro interés que cuotas de poder regional para seguir haciendo lo de siempre. La búsqueda quizá de que estos políticos no estorben a los “candidatos buenos”. La lógica parece sencilla si controlas a los políticos que toman decisiones o a los capaces de influir en otros puedes proteger tus intereses.

Luego, la presión criminal y el asesinato político, se transforman en parte de una estrategia de control del territorio. Y el territorio es patrimonio de todos los mexicanos y el Estado debe ser capaz de garantizarlo para su libre tránsito. No basta que lo digan las leyes sino que los distintos niveles de gobierno lo hagan cumplir para que se puedan realizar las funciones de gobierno.

Lamentablemente eso no ocurre en la mayoría de los crímenes contra los políticos estén o no en campaña.  Rápidamente se olvida en medio de la ola de noticias tremendistas a las que nos tienen acostumbrados. Son noticia de dos o tres días. Se suman a los expedientes negros del olvido. Donde ni tan siquiera son un pendiente para sus partidos. Aquellos hacen un reclamo qué es mero trámite burocrático ante las autoridades y luego dan vuelta a la hoja, dejando el dolor en las familias de los deudos. A ninguno de ellos se le ocurre señalar a los posibles beneficiarios políticos de estas bajas.

Entonces, podríamos estar ante cálculos costo-beneficio no de los que hizo famoso al recién desaparecido John Forbes Nash con su teoría de juegos, sino algo más rudimentario, intuitivo, impositivo. De aquellos personajes de la obscuridad que son conocedores de la naturaleza humana y el poder de la intimidación y el miedo.

Y cuando esta coerción no funciona, si es que hubo esa oportunidad, viene el asesinato en un acto público destinado para dejar el mensaje a otros políticos frecuentemente poco conocidos, con nombres  comunes y corrientes, que nada tiene que ver con los barones de la partidocracia.
Aquellos que frecuentemente tienen una curul por la vía plurinominal y que mientras llega el 7 de junio pueden estar perfectamente vacacionando fuera de su distrito electoral pero llegado el momento alcanzar la Presidencia de alguna de las comisiones de la Cámara de Diputados.

El asesinato político siempre fue parte de una estrategia de eliminación del contrario para desacomodar las piezas sucesorias, las cuales había que volver a ordenar porque como lo dijo alguna vez Reyes Heroles, en política no hay vacíos porque estos se llenan, como sucedió con Colosio.

Lo preocupante hoy, es que ese llenado está en manos abiertamente de actores criminales que razonan al igual que en el pasado en clave de costo beneficio y eso es un golpe constante contra esta democracia defectuosa al que parece fugársele el agua por todas partes.

En definitiva, lo ocurrido en aquella tarde de Lomas Taurinas está presente en varios estados donde los políticos en campaña se transformaron en objetivo criminal y esa es la antesala de un 7 de junio que nunca fue tan sorprendentemente alarmante.