Movilización magisterial
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Como consecuencia de la contrarreforma educativa peñista, el próximo septiembre se aplicará, por primera vez, la evaluación del desempeño para la permanencia en la profesión docente en educación básica, si no es que cambian nuevamente las fechas establecidas por la SEP.
La Ley General del Servicio Profesional Docente, impuesta por línea a diputados y senadores al amparo de la noche y bajo el resguardo de miles de policías y militares en septiembre de 2013, establece que una vez cada cuatro años, al menos, maestras y maestros de educación básica serán objeto de evaluación del desempeño, con el fin de identificar fortalezas y debilidades y someterlos a programas que mejoren su trabajo en el aula y si no… al despido.
Para asegurar que las evaluaciones sean imparciales y ajenas a intereses políticos o de grupo, los evaluadores deberán estar certificados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), organismo autónomo dirigido por una junta de gobierno integrada por académicos independientes.
Para empezar, dicha autonomía del INEE fue violentada por la SEP, al ordenar suspender la evaluación de promoción en educación básica y media superior, ante el amago de boicot electoral de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Pasadas las elecciones se argumentó que no tenían las computadoras suficientes para aplicar el examen. Lo cuestionable no fue suspender la evaluación, ni incumplir un mandato constitucional, sino evidenciar que la reforma educativa obedece a una mera reforma laboral-administrativa para control del magisterio.
La Ley mandata a las autoridades educativas de cada Estado a realizar los concursos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio de la educación básica y media superior. Estipula que cuando la evaluación del desempeño identifique alguna insuficiencia, el docente se incorporará a programas de regularización con un esquema de tutoría. Dispone que el docente tendrá tres años consecutivos para superar sus deficiencias. De no lograrlo en la tercera evaluación, se darán por terminados los efectos del nombramiento, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.
Muchos piensan que las maestras y los maestros rechazan ser evaluados, sin recordar que durante sexenios el magisterio ha estado sometido voluntariamente a procesos de evaluación, de capacitación y de actualización, con el mérito de obtener alzas salariales o compensaciones económicas.
Desde los ‘70 el magisterio ha sido parte del trabajo para reorganizar el sistema educativo, para reformular sus contenidos y materiales y, sobre todo, para revalorar la función magisterial, con el propósito de hacer más eficiente la prestación del servicio educativo y avanzar en la calidad.
Estamos de acuerdo que la evaluación es una condición necesaria para transformar nuestro histórico rezago educativo y así acercarnos cada vez al anhelo de una nación democrática, solidaria, justa, incluyente y que detone la formación de una ciudadanía más responsable y participativa.
Desgraciadamente la evaluación no es suficiente. La calidad educativa no depende únicamente de evaluar al docente. La educación enfrenta causas multifactoriales, tales como las enormes desigualdades sociales, económicas y culturales del pueblo, así como la realidad multidimensional del estudiante, su familia y su entorno, además de la extrema complejidad estructural del sistema educativo altamente centralizado y burocratizado.
Mucho se ha insistido también que el gobierno debe destinar el 8% del PIB a la educación y distribuir equitativamente la inversión a cada Estado.
Así pues, las recientes movilizaciones del magisterio de Nuevo León son un ejemplo de rechazo a la reforma, particularmente a la evaluación para la permanencia, la cual se considera como una amenaza a la seguridad del trabajo y a las conquistas laborales alcanzadas en varias décadas. Por ello, entendemos que quien ha lanzado al magisterio a la calle es la reforma laboral disfrazada y los intentos de privatizar la educación en México.
Si el desafío de la evaluación del desempeño es la profesionalización docente, la base para el desarrollo profesional del maestro y de la maestra debe ser a partir de un nuevo sistema universal de escuela normal para ingresar a la carrera magisterial, así como su perfeccionamiento en el servicio y la práctica docente dentro de las diferentes realidades de las comunidades escolares para ejercer esta noble función.
