Que se vayan los incómodos
Hugo L. del Río
Monterrey.- Eso de que el gobierno de Enrique Peña Nieto descubrió la "verdad histórica" de la tragedia de Iguala-Ayotzinapa no se la creyó ni el propio Murillo Karam. Era una mentira del tamaño del Titanic y en el naufragio MK perdió la chamba. El honor no, porque nunca lo ha tenido. Yo creo que ni sabe qué es eso o con qué se come.
El escándalo alcanza tales proporciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, envió a México al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, quienes después de una exhaustiva investigación desmantelaron la ciudadela de falsedades que levantaron los prepósitos de la cosa pública.
Luego llegaron los forenses argentinos y le dieron otra paliza a EPN y a su equipo de gobierno. Los desmentidos hundieron al Poder en la mar océano desl desprestigio y el rídiculo. Ya va para año y medio de la matanza y es fecha que nuestro padrastro --¿por qué me acuerdo del Thenardier de Víctor Hugo?-- el Sistema no da pie con bola.
Si de credibilidad se trata, no hay mucha tela de donde cortar: yo le doy mi confianza al GIEI y a los sudamericanos. Aceptar como válidas las balbuceantes "explicaciones" del Poder es un insulto a la inteligencia. Las averiguaciones de los expertos extranjeros, a las que debemos sumar los trabajos de una institución tan seria y respetable como la Universidad Médica de Innsbruck molestan, y mucho a la administración --por cortesía llamémosla así-- de Peña Nieto. Pienso que un gran segmento de la sociedad mexicana vota en favor de que los peritos de queden a terminar su trabajo.
Finalmente, tenemos derecho de saber qué pasó con los 43 normalistas. Pero en Los Pinos ya están hartos de que estos especialistas les levanten las faldas para que el mundo vea que tienen verrugas peludas en las nalgas. En realidad, el peñismo está atrapado en el laberinto del crimen y la complicidad. Si obliga a salir de México al GIEI y los argentinos, quedará mal ante las naciones del Primer Mundo. Y si autoriza su estancia --como lo demanda la CINDH--, el mexiquense y su cáfila corren el riesgo de que hagan nuevos descubrimientos que, fuesen cuales fuesen, le causarían daño al peñismo.
En esta tesitura, resulta admirable la declaración de Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Aunque salgan de México, nuestro republicano gobierno conservará cordiales relaciones de trabajo con la CIDH. Yo creo que Roberto confunde a México con Venezuela o Namibia.
Una cosa es cierta: la corte de palacio no quiere saber nada ni de la CIDH ni del GIEI ni de los técnicos argentinos. Como es su constumbre, el madrileño El País resumió la situación es unas pocas palabras: "el gobierno quiere que los investigadores de Iguala se vayan". No es sorpresa ni causa asombro.
Pero pocos, muy pocos mexicanos echarán en el olvido este crimen de Estado.
Pie de página
La nueva ley penal tiene muchos aspectos que merecen el aplauso y la aprobación de los mexicanos de a pie. Pero, qué diablos: el humor negro lo llevamos en el ADN. Dos de las demandas de la nueva legislación son de risa loca: que los policías informen en detalle al detenido no sólo las causas de su aprehensión sino que, además, le lean sus derechos. La otra está todavía más alejada de la realidad mexicana. Los azules, según esto, deben escribir un informe sobre la detención. ¡Santo Cristo de San Román¡ ¿Les pedimos a los gendarmes que lean y escriban? Pero si son analfabetos.
