La fortaleza de la mentira
Ernesto Hernández Norzagaray

 

Mazatlán.- Supongamos que las pruebas que entregó la PGR a la Cámara de Diputados son contundentes e irrebatibles. Que hay evidencia de que la diputada Lucero Sánchez López es la persona que un día del verano de 2014 se presentó con una credencial apócrifa en el Penal de Almoloya de Juárez para visitar al interno Joaquín Guzmán Loera.

¿Qué tan grave es haberlo hecho para ser desaforada del cargo público? En este país donde la mentira de los llamados servidores públicos es cotidiana y llega a ser un signo de poder e impunidad.

Está la mentira reciente del gobernador López Valdés, quien juro y perjuro, que no había estado en la cena de la cúpula priista que ocurrió en la casa de Quirino Ordaz para tratar asuntos de la campaña y que Riodoce en la pasada elección documentó con todo detalle.

Están varios candidatos a gobernador y algunos a alcaldes, que dicen estar sujetos al financiamiento público, pero que mienten cuando es visible el despliegue de gastos de campaña, de manera que los topes fueron rebasados seguramente en las primeras semanas.

Y cuando es obligado en perspectiva de la victoria, que se incrementen exponencialmente, en los cierres de campañas. Es decir hay candidatos que mintieron, mienten y seguirán mintiendo hasta ir por los beneficios que les quedarán a cada uno de los partidos.

Y ya, en el ejercicio de gobierno, seguramente seguirán mintiendo porque la mentira es sistémica, orgánica. Aquellos compromisos de que en el gobierno estarán los mejores hombres y mujeres, los más capaces y los más eficaces, se diluye en el caldo del sistema cuotas y cuates, como sucedió penosamente al inicio y hasta el final del llamado gobierno del cambio.

Nadie, hasta ahora, de primer nivel fue relevado de su cargo aun cuando fueron manifiestas incapacidades.  Pero, no sólo miente el gobernador, lo hacen los alcaldes que ofrecieron gobiernos transparentes y luego se volvieron opacos. Llegando a la obscuridad de la corrupción.

Ahí está como ejemplo reciente el caso de Aldo Rico Licona, un empresario restaurantero mazatleco, quien decidió no seguir “apoyando” con 2 mil pesos por semana a funcionarios del Oficialía Mayor y Ecología del Ayuntamiento porteño y no sólo dejó de pagar la cuota sino lo denunció; como respuesta se le intimida y también a la reportera y directora de Reacción Informativa.

Es decir, la mentira es parte de nuestras rutinas institucionales, podríamos decir que es uno de los lubricantes más poderos que permite funcionar al sistema. Otros, son la corrupción y la impunidad. Entonces, cuando se voltea a ver la actuación de la PGR, la institución demandante del desafuero no se puede menos que sentir que hay, antes que un interés de justicia, un interés político de exhibir algo que es otra mentira, que vivimos en un verdadero Estado de Derecho.

Más, cuando está institución, que depende del Ejecutivo, no ha podido ofrecer pruebas definitivas y creíbles del caso de las 43 desapariciones forzadas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.  

Que ha mentido una y otra vez con su “verdad histórica”.  Así, que cuando vemos a la diputada Lucero Sánchez,  seguramente impotente de convencer al sistema de que ella nunca estuvo en Almoloya de Juárez o quizá en su foro interno,  arrepentida de haberlo hecho y de la relación que sostuvo con El Chapo Guzmán, no se puede menos que pensar, si es como dice la PGR, en una travesura de una mujer enamorada o igualmente intimidada.

Y es que para que ocurriera ese encuentro, debió contar con las facilidades y la complicidad de autoridades de ese penal de máxima seguridad. Las mismas que facilitaron la fuga del capo el verano pasado. Que mintieron igualmente cuando juraron lealtad a la nación.

Ahora, estamos viendo el montaje institucional del castigo a una mentira. Quizá, la más más pequeña y la más inofensiva de todas las que narramos. Más, las que ahora tiene en la cabeza el lector.

Sección Instructora, Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, Juicio de Procedencia donde las partes podrán exponer sus puntos de vista antes de ser votada la petición de la PGR.

La todavía diputada Lucero Sánchez debe estar abatida de la noticia del desafuero, por los actos de deslealtad que ha vivido en estos meses, por la intimidación y el escarnio público de que ha sido objeto, y ahí hay que reconocer la solidaridad que le ha brindado hasta el último momento, el hoy candidato a gobernador Héctor Melesio Cuén Ojeda, incluso el senador Manuel Cárdenas en su réplica a Lilly Téllez, mientras otros se han ido desmarcando silenciosamente.

No obstante, Lucero Sánchez tendrá su última oportunidad de subir a tribuna y la verdad no debería desaprovecharla para decir su verdad; incluso, podría dar un excelente discurso sobre la mentira en política.