El Estado y el pinole que tragar
Eloy Garza González

Monterrey.- Mi artículo “Rapacidades de la CFE” ha provocado todo tipo de reacciones públicas. La mayoría son usuarios estafados por esta empresa de gobierno. Otros, son los propios burócratas de dicha paraestatal que me han amenazado directamente o a través de sus “comelonches”.

El problema de esta como de todas las empresas que maneja a su antojo el Estado se resume en un defecto: la falta de cálculo de costos y beneficios. Me explicaré. Dado que surtir gasolina o recibir energía eléctrica o agua potable es un monopolio público, no se pueden comparar el precio en el mercado de estos bienes o servicios. Todo queda a discreción del gobernante que suele ser un redomado ignorante en asuntos de cálculo financiero.

Aquí no existe ningún cálculo de costos y beneficios. Quienes tenemos una empresa privada, calculamos cuánto debemos invertir en remodelación del local, en marketing e incluso en los precios de cada bien que vendamos. No podemos salirnos del rango de precios de la competencia: si asigno un precio menor al del mercado, pierdo mis márgenes de utilidad y si le asigno un precio más alto, lo más probable es que no me lo compre nadie y me vaya a la quiebra.

Pero veamos desde otro punto de vista la falta de cálculo de costos y beneficios del gobierno. Me refiero a la asignación del presupuesto público. Me consta que mientras más cercano sea el titular de cada Secretaría al Presidente o al Titular de Hacienda, su dependencia o entidad recibirá una partida superior a sus demás colegas. Gana el que aplica el viejo refrán: el  que tenga más saliva traga más pinole.

Como no hay ninguna base comparativa que pueda señalar verdaderamente cuántos hospitales más se requieren para satisfacer las necesidades de la población, o cuántas escuelas, o cuánto más debe abastecer Diconsa o Liconsa a las tiendas de Coplamar para cubrir el mínimo indispensable de las clases desprotegidas, todo está sujeto al soberano capricho del Ejecutivo. O sea, por sus pistolas.

Luego entran los legisladores picudos, la mayoría interesados en etiquetar recursos a los municipios donde gobierna su partido o su compadre el alcalde, que les dará el 10% o más del recurso asignado. Esto pasa aún cuando se aplique el llamado “Presupuesto Cero”, que lo explicaremos en otro artículo.

La falta de cálculo de costos y beneficios de cada servicio o bien que otorga el gobierno, convierte cualquier acción del Estado en un capricho sin responsabilidad legal para el asignante del recurso público. Fui testigo presencial de cómo cierto Secretario de Gobernación logró que Hacienda le asignará más recursos al Instituto Nacional de Migración, con él único argumento de que ya se lo había autorizado el Presidente. Así de desvergonzado.

Por supuesto, ese dinero, que ni el propio titular de Migración sabia en qué se lo iba a gastar porque le cayó de cielo, se lo quitaron de antemano a otra dependencia pública que ni cuenta se dio y quizá lo ocupaba más. En suma, la falta de cálculo de costos y beneficios vuelve ciego y corrupto a cualquier gobernante, que no tiene acceso a la información comercial de la competencia perfecta. Por eso el Estado mexicano está en quiebra y no sabe ni por qué razón.