ESTADO DE LOS ESTADOS
Apapacho corrupto
Lilia Arellano
Cancún.- Durante la presente administración federal la corrupción se ha convertido en uno de los más profundos y complejos problemas del país. Organizaciones no gubernamentales nacionales y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten la necesidad de combatirla para potenciar el crecimiento económico nacional.
No obstante, el gobierno aplica su combate sólo como una estrategia mediática de distracción de la real agenda nacional, con acciones rimbombantes como la difusión de recompensas a quien dé información para capturar a ex gobernadores acusados de enriquecimiento inexplicable y desvío de recursos públicos entre otras acciones provocadoras de grandes escándalos pero sumamente difíciles de comprobar como acciones delictivas, más aún cuando ahora se involucra para las denuncias ante Hacienda a terceros a quienes se les ha dotado de potestad para el registro de bienes.
La realidad nos demuestra se posterga el combate y para muestra está el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Una vez más se aplaza la decisión y advierten las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD, será hasta el próximo año cuando se tome la decisión. En tanto, dentro de las organizaciones políticas se da el jaloneo, se pretende partidizar este cargo con toda la perversión en las estrategias demostrada en estos días. Cada partido tiene su candidato y de ahí la importancia de iniciar con gran transparencia la elección. Tal vez sea ésta la última oportunidad del gobierno, del presente y de quien lo sustituya en nombre y filiación, de recobrar la confianza ciudadana y de forjarse un rostro diferente frente al mundo.
Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores del PAN, y Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas, informaron a través de un comunicado es la Comisión de Justicia la encargada de calificar la idoneidad de los candidatos para ocupar ese cargo y entregará su dictamen a más tardar el 10 de diciembre de este año. “No tenemos prisa alguna ni estamos determinados por agendas ajenas; le vamos a dar el tiempo que sea suficiente y necesario para hacer una buena selección”, señaló Herrera, al destacar es imperioso dar máxima publicidad a las comparecencias de los 32 candidatos inscritos y al análisis minucioso de cada uno de los perfiles. “En tres semanas no nos da tiempo. Vamos a analizarlo con mucha seriedad”, señaló por su parte Barbosa, con lo cual todo apunta no será en la fecha fijada por el panista cuando se cumpla con el nombramiento.
Es ya la segunda vez que el Senado intenta elegir a un Fiscal Anticorrupción. En 2014, la Cámara alta abrió un proceso para designar al titular de esa nueva instancia, pero el intento fracasó, debido a que los perfiles de quienes se registraron para ocupar el cargo no satisfacían las expectativas generadas. Tal y como lo sugirieran es menester sea conocido por los ciudadanos el currículo de cada uno de los inscritos, debe tenerse certeza de la no militancia en las fuerzas políticas registradas, estar ciertos de su nivel de conocimientos y de la rectitud de su vida personal. La corrupción no necesariamente tiene bases económicas, existen otras reveladoras de su existencia y práctica.
Mientras tanto, registrados como el abogado Jorge Ricardo García Villalobos, reciben apoyos de diversas organizaciones sociales, de colegios y barras de abogados de distintas entidades de la República y un gran respaldo ciudadano. A través de los instrumentos de moda mantienen correspondencia y se les informa de los antecedentes del aspirante.
RECOMPENSA POR TOMÁS YARRINGTON
Mientras, como se menciona en líneas anteriores, el combate a la corrupción sólo es una estrategia mediática de distracción sobre los asuntos torales del país, van quedando atrás los temas en donde resalta la parálisis existente en varios estados, municipios, en la repúlica en general. Con las determinaciones impuestas en la Ley Antilavado, nos convirtieron en soplones y ahora a más de cuatro años de la liberación de órdenes de aprehensión en contra de Tomás Yarrington y con más de una semana de haber dictado la del gobernador veracruzano con licencia, nos pretenden endilgar la etiqueta de “caza-recompensas”.
El ofrecimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) de entregar 15 millones de pesos para quien proporcione información que permita dar con el paradero del tamaulipeco se une a la lanzada en contra de Javier Duarte. Sobre ambos se han realizado todo tipo de bromas entre las cuales resaltan aquellas en donde se menciona la inasistencia al trabajo y a la escuela para ir tras ese dinerito para pagar deudas y tomarse unas vacaciones. También le dan gracias a la Guadalupana por tocarles el corazón a estas autoridades acostumbradas a ver a los ciudadanos realizar las tareas por las cuales ellos reciben su sueldo: portar gases lacrimógenos, proteger con barrotes ventanas, puertas y accesos a los comercios, etcétera, y repartir un poco de esos jugosos botines sin registros pero autorizados para protección de testigos nunca vistos o para estas ahora célebres “recompensas”.
En el Diario Oficial de la Federación se publicó el martes pasado el acuerdo A/183/2016 en el cual se señala al ex mandatario de Tamaulipas y compadre de George Bush hijo, como probable responsable de delitos contra la salud. “A pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión (en contra de Tomás Yarrington), aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización”, señala el documento. Una vez han tomado en cuenta esos lazos con el ex presidente de EU, ¿se atreverían a romper ese cerco de protección? ¿Abandonan los Bush a su suerte a quienes les han sido útiles?
Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004 y alcalde de Matamoros de 1993 a 1995. En 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en ese estado libró dos órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador, una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; y otra por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento de narcotráfico. De acuerdo a la PGR, se le imputa el cobro de sobornos al Cártel del Golfo y a Los Zetas. En noviembre de 2013, el gobierno de Estados Unidos aseguró que desde 1998 el ex mandatario recibió grandes cantidades de dinero para permitir las operaciones de estas organizaciones del crimen organizado.
De acuerdo a investigaciones de autoridades estadounidenses, entre 2007 y 2009 Yarrington se habría involucrado en el contrabando de grandes cantidades de cocaína, la cual salía del puerto de Veracruz. En febrero de 2014, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en la Ciudad de México le negó un amparo solicitado para evitar las órdenes de aprehensión en su contra. La PGR pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de la llamada ficha roja, para que en 190 países afiliados se buscara al ex gobernador. Fiscales federales de EU solicitaron a México en marzo de 2014 la detención con fines de extradición del ex mandatario priísta y solicitaron el mismo proceso para Alejandro Cano Martínez, probable prestanombres de Tomás Yarrington.
“Bushquenle” donde están los beneficios económicos y seguro de ahí llega la protección, ¿o no?
CHIHUAHUA: NUEVOS DESFALCOS DE DUARTE
Las acusaciones sobre el ex mandatario de Tamaulipas son muy diferentes de las lanzadas a los ex gobernadores puestos de moda por su propio partido. Un comparativo permite observar la utilización de los “mandatarios del cambio” de palabras similares. Una vez comprobado se crea un gran escándalo cuando se habla de enajenación de tierras, a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua le descubrió el director de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi), Carlos Borruel, que en su administración se vendieron predios con un precio hasta 10 veces menor al valor catastral. Por esta irregularidad, la cual implica la venta de la mitad de la reserva territorial del Estado, se estima un quebranto para Chihuahua de más de mil 500 millones de pesos.
En la administración de César Duarte, el Instituto de la Vivienda funcionó como una inmobiliaria y vendió a precios muy por debajo no sólo de los precios comerciales, sino de los catastrales. Por ejemplo, se registró una venta de 190 hectáreas a un precio de 92 pesos el metro cuadrado, cuando el precio mínimo en esa zona era de 800 pesos. La dependencia fue recibida por el nuevo gobierno de Javier Corral con una deuda de 592 millones de pesos, y sin recursos para cubrir la primera nómina; con 143 millones de pesos en cartera vencida; con la cancelación del contrato de recuperación de vivienda abandonada del Infonavit y en un total desaseo administrativo, dicen. Como el reporte no es completo, es decir falta señalar el monto total de la venta de viviendas como para alcanzar una cartera vencida tan abultada y, con miles de casas construidas no se hacen las referencias sobre lo correcto de los empréstitos; en lo referente a las recuperación del Infonavit, bastará llegue a la mente de don Javier, el negocito de los Bribiesca Sahagún y el papel jugado dentro de la entidad por el dueto los bribones.
Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas reportó una deuda de 430 millones de pesos por distintos proyectos, algunos de ellos inconclusos o deficientes, y simulaciones en las licitaciones. También la Junta Estatal de Agua y Saneamiento (JCAS) registró un adeudo de mil millones de pesos y manejo negligente de la anterior administración. La documentación comprobatoria de estos casos no revela se quedara don César con dinero, robara a las arcas públicas, eso sí, una gran incapacidad y muchas omisiones tanto en las contrataciones como en las supervisiones. Al parecer de alguna manera se hará realidad el pronunciamiento de algunos tricolores sobre las cortinas de humo para ocultar la deficiente e inexperta llegada de los representantes del “cambio”.
CÓMPLICES DE JAVIER DUARTE
Un Juez de Control dictó auto de Vinculación a Proceso por el delito de enriquecimiento ilícito a Gabriel Deantes, ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), cercano colaborador del prófugo gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa. El juez también determinó el aseguramiento de tres inmuebles, el pago de una garantía económica por un millón de pesos, la prohibición para salir del país y la firma cada 15 días del imputado ante el juzgado. En tanto, la Policía Federal mantiene la vigilancia en el aeropuerto internacional de Tapachula y en el de Tuxtla Gutiérrez, tras la detención el 18 de noviembre pasado de Mario Medina Garzón con pasaportes falsos con fotografías del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su esposa, Karime Macías. Estos y otros más detenidos y sobre quienes levantaron acusaciones ya están libres y, los diputados involucrados, gozando de su fuero.
Antonio Macías Yazegey, suegro de Duarte de Ochoa, dejó su residencia en Coatzacoalcos y se mudó a Tuxtla Gutiérrez, donde vive en el barrio exclusivo conocido como La Lomita, en la zona sur poniente de la capital chiapaneca. Se le mantiene una vigilancia discreta en las afueras de su vivienda. En Veracruz, el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, admitió: el gobierno de Duarte de Ochoa dejó a medias 109 instalaciones de salud, entre hospitales, clínicas, nosocomios de alta especialidad, una torre pediátrica y módulos de salud. Ante diputados locales, aceptó en la dependencia que encabeza hay un presunto daño patrimonial de dos mil 860 millones de pesos, mismos reportados a mediados de 2015 a la Contraloría General del Estado, pero ninguna autoridad hizo nada.
Ver, mirar, observar, ser testigo pero sin firmar, no es delito ha señalado este ejemplo de funcionario del sector del cual ha dependido antes y después de Javier Duarte la vida de los veracruzanos.
AUMENTA INSEGURIDAD EN ENTIDADES
Veracruz, Chiapas, Tabasco y Colima, resienten crisis de inseguridad e ingobernabilidad, equiparables a las registradas en Michoacán, Guerrero o Oaxaca. El gobierno de Enrique Peña Nieto inició con niveles de violencia que venían reduciéndose en 2011, y ya en los primeros meses de 2016, algunos estados han duplicado y triplicado los indicadores de delitos violentos. De las referidas solo dos entidades han sido gobernadas por tricolores, el resto conoce de aliancistas, perredistas y verdes. Visto así, no hay un solo partido político emisor de claras órdenes a sus abanderados para actuar con responsabilidad. Todos, todos, son uno y no precisamente como Mosqueteros y menos aún en busca de la verdad y la justicia.
Los problemas de criminalidad y conflictividad social se relacionan e incluso se retroalimentan, y se centran ahora en la región sur-sureste del país, en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco, advierte Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores. Es precisamente en Veracruz “donde se ha observado el mayor deterioro institucional en los últimos meses, porque se da una crisis de inseguridad con una de ingobernabilidad, y donde la conflictividad es generada tanto como por grupos armados como no armados”.
En el estado de Guerrero, habitantes de la comunidad de San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, conformaron una policía comunitaria para defenderse de los secuestros masivos que escalaron en las últimas semanas en esa región de Tierra Caliente. Jóvenes con el rostro cubierto, incluso menores de edad, adultos y algunas mujeres, portaban rifles calibre 22, escopetas y pistolas. Advirtieron “el pueblo de San Jerónimo El Grande está cansado de tanta violencia del grupo criminal llamado Los Tequileros. Pedimos al gobierno que actúe porque el pueblo se va levantar en armas y pedimos la liberación de nuestros compañeros. Ya basta”.
Baja California suma ya más de mil homicidios en todo su territorio al cerrar el año, siendo Tijuana el municipio más violento al registrar más del 50 por ciento de los casos. El 85 por ciento de los asesinatos en Tijuana son vinculados a disputas por narcomenudeo. El subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José María González, precisó se contabilizan mil 33 asesinatos en la entidad, de los cuales 767 son de hechos de violencia que corresponden a Tijuana. A esto se agrega la sangrienta experiencia vivida en los centros de rehabilitación para narcodependientes, sitios en donde quienes deseaban alejarse de las drogas fueron ejecutados.
Colima es otra entidad en donde se perdió la paz. Según el índice de homicidios, mientras en 2007 se registraban cinco asesinatos por cada 100 mil habitantes, a la fecha el promedio es de 65, lo cual coloca al estado como uno de las más violentos. En números absolutos, hasta el 20 de octubre de este año se han cometido 434 homicidios dolosos, cifra lejana a los mil 654 registrados en Guerrero o los mil 545 que se reportan en el Estado de México. La presunta corrupción que documentó el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig) durante los últimos tres años de la administración del ex gobernador Mario Anguiano Moreno (desvío de fondos públicos que superan los 2 mil millones de pesos) es un factor clave en el deterioro de la seguridad en Colima, sostiene Adriana Ruiz Visfocri, activista y abogada litigante. Si recordamos la muerte de dos ex gobernadores en situaciones por demás violentas y la relación de los Amezcua con una familia presidencial y la consecuencia de denunciarlos, se tendrá un panorama más claro de la vivencia de los ciudadanos en un espacio cuya extensión es de las más pequeñas del país y en donde las erupciones del volcán son lo menos grave o alarmante.
DE LOS PASILLOS
El Banco de México ajustó a la baja sus pronósticos de crecimiento para este y el próximo año ante el deterioro de las perspectivas de dinamismo de la economía mundial y el resultado del proceso electoral de Estados Unidos. El PIB del país crecerá a un rango de entre 1.8 y 2.3%, desde el pronóstico previo de 1.7 y 2.5 por ciento. Para el 2017, se revisó también a la baja a un rango de 1.5 a 2.5%, desde el previo de entre 2.0 y 3.0 por ciento. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens consideró que el balance de riesgos para el escenario de crecimiento en México está sesgado a la baja. Entre los riesgos a la baja destacan que la nueva administración estadounidense implemente políticas para obstruir el funcionamiento de las cadenas productivas compartidas entre México y Estados Unidos y políticas para reducir las remesas hacia México… Aunque si se trata de decir la verdad, las cadenas de producción las eliminaron las autoridades mexicanas y ya les diremos cómo, cuándo y porqué…
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, reprocharon a diputados federales que mientras ellos buscaron a sus hijos en las sierras y ríos de los estados, los legisladores “no movieron un dedo”, y demandaron al Poder Legislativo exija a la PGR continuar con las investigaciones, pero también modificar la narrativa de los hechos…. El abogado Vidulfo Rosales Sierra, representante de las familias, sostuvo no sólo hay responsabilidad de las autoridades estatales y pidió la indagatoria no se reduzca al ámbito local, “porque hay hilos que conducen a autoridades federales como la Policía Federal y el Ejército”…
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