TRANSICIONES

Más vale prevenir                                                              

Víctor Alejandro Espinoza 

El pasado miércoles 21 de julio el Consejo General del Instituto Federal Electoral tomó una histórica decisión: declaró fundada una queja del PRI contra el Presidente de la República por actos de propaganda en las campañas electorales de 2010; concretamente se trató del mensaje presidencial del 15 de junio, cuyo eje principal fue informar sobre el estado que guardaba la inseguridad y las medidas tomadas por el Ejecutivo.

La decisión del IFE se basó en las reformas constitucionales de noviembre de 2007. Concretamente el Apartado C del artículo 41, establece: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

El gobierno del Presidente Calderón reaccionó de inmediato; el mismo jueves 22, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, fue el  encargado de hacer pública la postura oficial: a su juicio el IFE carece de facultades para “imputar responsabilidad al titular del Ejecutivo” por el contenido del mensaje. Se trató de una “censura” al derecho del Presidente de informar a la ciudadanía. Por ello, manifestó que el gobierno federal recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la resolución del IFE.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, en un comunicado publicado en la página electrónica de la institución, precisó el mismo 22 de julio: “El Consejo reconoció el derecho y la importancia que tienen los mensajes de gobierno, y específicamente del ciudadano Presidente de la República en cadena nacional para la vida pública del país, pero al mismo tiempo, el Consejo General del IFE valoró la incidencia y la influencia que estos actos pueden proyectar sobre la legalidad y la equidad en las contiendas electorales”. La histórica decisión del IFE debe entenderse en la perspectiva de los comicios presidenciales de 2012 y en función de los antecedentes de 2006.  Por ningún motivo debe repetirse la intromisión del Ejecutivo en los procesos electorales para favorecer alguna de las candidaturas.

El antecedente inmediato es el de Vicente Fox; por su actuación parcial se explican los cambios a la Carta Máxima en la materia. En 2006, el activismo presidencial fue permanente; a tal grado que tiempo después se ufanaba de ello y señalaba que él había ganado dos elecciones: la suya y la de su sucesor. En el texto del TEPJF, donde se validó la elección de Felipe Calderón, se señalaba que las declaraciones de Fox “se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios”. Ello explica las preocupaciones y las decisiones del órgano electoral.

La resolución debe interpretarse como un llamado de atención, o si se quiere, una medida preventiva para evitar la tentación de los gobiernos, pero sobre todo del federal, de utilizar los recursos públicos a favor de un candidato. Se vulneraría la legalidad y la equidad del proceso electoral. Ya pagamos un alto costo en la elección de 2006; más vale prevenir. Sobre todo en el contexto de una elección sumamente competida, como se espera será la de 2012 y ante el deterioro creciente de la vida pública nacional. Unos comicios cuestionados serían lo peor que le pudiera acontecer a nuestra vapuleada democracia.

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

victorae@colef.mx

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