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| 646 14 octubre 2010 |
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TRANSICIONES Esta semana se han difundido una buena cantidad de artículos sobre la historia del IFE; la conclusión parece contundente: su contribución al proceso de democratización nacional es incuestionable. Las principales críticas se vierten hacia algunos de sus integrantes antes que a la institución en su conjunto. La mayoría de las mismas surgen del proceso de integración del consejo electoral en 2003, donde se acusa al PRI y al PAN de haber marginado al tercer partido mayoritario, el PRD. Las consecuencias las hemos vivido hasta el presente. Si el sistema de designación es por cuotas partidistas en el Congreso, la negociación implica una distribución aceptada por los principales organismos políticos; no hacerlo significa dinamitar al máximo órgano de dirección de la institución. Esperamos que en la actual coyuntura, donde habrán de designarse a tres nuevos consejeros(as), las distintas fuerzas políticas logren los consensos necesarios para evitar la erosión de la institución en medio de su mayor reto: la elección presidencial de 2012. Pero más allá de la composición del consejo general electoral y de las filias y fobias de sus integrantes, la columna vertebral es su estructura técnico-administrativa. El IFE es de las pocas instituciones que cuentan con un servicio profesional de carrera normado por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal. Todos los procesos de ingreso, promoción y permanencia del personal se encuentra reglamentados y salvo el Consejo General, así como los consejos locales (estatales) y distritales, que son integrados casi en su mayoría por procesos de designación, el resto de nombramientos obedece a procesos rigurosos de exámenes de oposición, sumados a méritos, conocimiento de la materia electoral y trayectoria. Eso garantiza que pese a los problemas derivados de la instrumentación de una compleja normatividad electoral, se logren altos niveles de aceptación ciudadana. En efecto, un sistema electoral como el mexicano basado en la desconfianza ha requerido elaborar una compleja normatividad y una amplia estructura técnica. Por ejemplo, solo 8 países utilizan credencial para votar; además a la nuestra se le han tenido que adicionar una serie de candados para evitar su falsificación. Hemos tenido que armar una costosa maquinaria para evitar, primero, el fraude electoral y posteriormente para generar confianza en el ciudadano sobre el valor del voto para la democracia. Por si fuera poco, hemos optado por la vía del financiamiento público para evitar que el dinero del narco sea empleado para generar candidaturas exitosas. Al IFE se le ha sobrecargado de funciones y responsabilidades que deben revisarse. Producto de la reforma constitucional de noviembre de 2007, por ejemplo, se le agregó la atribución de sancionar de manera expedita (cinco días) todo lo relacionado con violaciones a las normas sobre propaganda político-electoral, así como sobre actos anticipados de precampaña y campaña. Esto ha significado una dinámica extraordinaria de trabajo, cuando por su naturaleza dichas facultades deberían ser del ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A 20 años de distancia el IFE sin duda es la principal institución de la democracia mexicana. Cuenta con más fortalezas que debilidades; muchas de estas se explican por los intereses de los partidos y de la clase política. El IFE depende de las normatividades que decide el Congreso; la mayoría responden a la agenda de los partidos y menos a la de la democracia; pero esa no es responsabilidad del IFE. Investigador de El Colegio de la Frontera Norte
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