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935 24 Noviembre 2011

Trágica década
Irma Alma Ochoa

M
onterrey.-
El movimiento feminista y los estudios de género advirtieron que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las desiguales relaciones de poder y control existente entre hombres y mujeres; identificaron que es un mecanismo social para obligarlas a perpetuar la situación de subordinación respecto de los hombres.

Tales argumentos fueron retomados durante los trabajos de la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en 1993, en Viena, a fin de avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La presión ejercida rindió frutos con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993, la cual afirma que las mujeres tienen igualdad de derechos al disfrute, protección, seguridad y libertades fundamentales.

La importancia de esta Declaración reside en que por primera vez un documento de alcance internacional define la violencia contra las mujeres, reconoce los daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos y agrega las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que se cometan en el ámbito público, sacando a la luz aquellos que se suscitan en la vida privada.

Otro importante instrumento a nivel internacional es la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer adoptada en Belem Do Pará, en 1994 en torno al 24º período de sesiones de la Organización de Estados Americanos, especialmente redactado sobre este flagelo.

En México, en febrero de 2007 se publicó La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En Nuevo León en septiembre de ese año, se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objeto es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Antes, en enero de 2000 se establecieron los delitos de violencia familiar y el equiparable a ésta, mediante reformas al Código Penal.

A partir de esa fecha se compilan datos de las mujeres asesinadas en Nuevo León. De la hemeroteca de Arthemisas por la Equidad, se destaca que de enero de 2000 a diciembre de 2010, fueron asesinadas 327 mujeres y niñas. En esta década trágica, 39 niñas de 0 a 17 años de edad perdieron la vida en forma violenta. 13 de las mujeres que perecieron por violencia feminicida tenían entre 18 y 19 años. 166 mujeres de 20 a 39 años de edad, 63 mujeres en edad de 40 a 59 años, 29 adultas mayores de 60 a 99 años y se desconoce la edad de 14 de las mujeres brutalmente asesinadas.

El 79% de estos crímenes contra mujeres ocurrió en el área metropolitana y 21% en el área suburbana y rural. Sólo en Monterrey se cometieron 100 crímenes contra mujeres. 39 en Guadalupe, 22 en Santa Catarina, 21 en General Escobedo, 18 en Benito Juárez, 17 en Apodaca y en San Nicolás de los Garza, 10 en García y en Cadereyta, 6 en San Pedro y en Santiago, 5 en Montemorelos, 4 en Linares y 3 en Salinas Victoria.

59.1% de las víctimas fallecieron a manos de familiares o personas cercanas a ellas; 21.7% se desconoce quién las ultimó, 16.8% se imputan al crimen organizado, 1.5% al Ejército y 0.9% a delincuencia común.

Diversos estudios apuntan a que la mayoría de los asesinatos de hombres (homicidios) ocurren por armas de fuego, mientras que en los feminicidios se utilizan armas punzo-cortantes, objetos contundentes, la fuerza física o sustancias nocivas o abrasivas. Las mujeres pierden la vida, en mayor proporción, a causa de envenenamiento o quemaduras, así como por estrangulamiento, sofocación o ahogamiento. A partir de la violencia armada creció el número de mujeres asesinadas con arma de fuego, además de la saña con la que se las priva de la vida.

Pese a las notas cotidianas de los medios que dan cuenta de las mujeres asesinadas en el país y aunque el Comité de Derechos Humanos, en su 98º período de sesiones en 2010, y el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) recomendaron al Estado Mexicano urgir la aprobación de las reformas del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito, no se ha logrado aún. En algunas entidades sí lo tipificaron, entre éstas se encuentran el Estado de México, el Distrito Federal y Tamaulipas.

Los datos dan cuenta del aumento de asesinatos de mujeres y la brutalidad con la cual les fue arrebatada la vida, a la vez que revelan que en Nuevo León no se protegen –de hecho- los derechos de las mujeres, en especial el de vivir libres de violencia. Por otro lado, el antes vanguardista y orgulloso estado de progreso muestra un importante rezago en sus leyes, la tipificación del feminicidio, está en ciernes.

* Ochoa Treviño, Irma Alma, Arthemisas por la Equidad, A.C., 2011

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