La privatización del conocimiento
Daniel Salazar Mendoza
onterrey.- En el mundo se discute y se toman providencias aún contra la ley PIPA o SOPA ─Ley para Detener la Piratería en Internet— que, como se sabe, pretendió ser aprobada en la Cámara de Representantes de EEUU. En México su paralelo se llama ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) y se encuentra actualmente en el Senado de la República, institución que en un primer momento ha rechazado esta iniciativa panista. En la trama de la situación mundial, una ley similar ─la Ley Sinde─ fue aprobada ya por el Senado español.
Desde Europa hasta América, pasando por nuestro país, estallaron como respuesta a estas iniciativas, manifestaciones y protestas de todo tipo. La Casa Blanca ─que opinó estar en su contra─ y los gigantes del internet (Facebook, Mozilla, Yahoo, Google y un sinnúmero de empresas más), se manifestaron también en contra. Al mismo tiempo, millones de “www” se entrelazaron a esta misma línea de oposición dando como resultado el ya conocido hecho en el que estos gigantes de la electrónica tomaron medidas concretas de rechazo al promover el “apagón digital” del pasado 18 de enero.
PIPA, SOPA, ACTA y otras tantas, incluida la iniciativa francesa, son tentativas de protección intelectual encaminadas, según dicen sus promotores, a detener la “piratería” en líneas de contenidos y para castigar a los sitios web que faciliten, permitan o acepten, violaciones de la ley copyright.
Pero en el fondo, ¿qué esconden estas leyes? ¿Qué razones existieron para que los gigantes electrónicos estuvieran por el apagón digital? ¿Qué implica la defensa del copyright? ¿Es acaso un movimiento por la libertad de expresión? La ley de los derechos de autor (copyright) establece los derechos sobre la privatización del conocimiento pero, ¿a cuáles conocimientos refiere?
Las respuestas salen a la luz si se revisan los derechos ya otorgados y postulados en la ley ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que son compromisos que se comparten dentro de la Organización Mundial del Comercio –OMC— y con los cuales toda nación que pertenezca a ella, se vincula necesariamente con lo establecido en la ADPIC.
Otra pregunta: ¿los derechos señalados en la ADPIC se mantienen bajo reserva del creador de tales conocimientos? La respuesta es No. Por el contario, estos conocimientos pertenecen a los “titulares” de esos derechos, que han obligado a su creador a vender sus productos intelectuales y donde los “titulares” o “patronos del conocimiento”, son principalmente compañías trasnacionales de EEUU, Inglaterra y Francia.
Desde el Convenio de Berna hasta su versión ADPIC, los derechos de autor y toda la producción intelectual se han privatizado. La mundialización del capitalismo neoliberal lo ha mercantilizado todo ─hasta el conocimiento— y las leyes de marras son una expresión clara y contundente de esa privatización. El imperialismo y sus aliados defienden “este derecho” al privatizar los conocimientos existentes y aun aquellos que están por producirse.
El imperio se mantiene en esa la lógica. Va por el incremento de la tasa de beneficio y por la enajenación plena de esa cualidad humana llamada Conocimiento. Ha logrado ya la mercantilización misma del milenario conocimiento indígena sobre la biodiversidad y sus servicios, hasta los resultados últimos del trabajo genial de los creadores del software. Lo mismo han hecho con la música, el arte y sus obras, los monumentos históricos, el lenguaje, etcétera; todo forma parte de su imperio.
Por eso es necesario explicar, que en esta oposición nuestra a las iniciativas y leyes que privatizan la obra intelectual de hombre, no es necesario confundirnos –mucho menos fundirnos─ con los gigantes electrónicos citados que hicieron pública su oposición a las iniciativas en cuestión. No olvidemos que ellos también están por la privatización del conocimiento y que, por ahora, sólo difieren de los Órganos Legislativos y de las iniciativas rechazadas, por el momento político en que se pretendió tomar la decisión de aprobarlas.
Es pues que, a la crisis sistémica del capitalismo neoliberal con todos los movimientos de indignados en el mundo, se vienen a sumar estos acontecimientos contra PIPA, ACTA, SOPA, etcétera, y son precisamente todos ellos movimientos social-políticos que pueden contribuir a modificar la actual correlación de fuerzas entre el capital y los oprimidos. Esta ha sido acaso la principal razón y la preocupación central por lo que tanto la Casa Blanca como los gigantes electrónicos se opusieron a la promulgación de tan aludida ley, respondiendo a la presión pública realizada durante el mismo 18 de enero.
A juicio nuestro, los conocimientos técnico-científicos y demás conquistas del espíritu humano, no deben ser propiedad privada ni mercancía banal, porque todo ello obedece al resultado histórico-social de la actividad humana y como tales pertenecen a la humanidad entera para disfrute de sus beneficios. Por eso, el ACTA de hoy en México y la SOPA y PIPA de EEUU, entre otras iniciativas en el mundo, deben ser plenamente rechazadas.
Necesario es mantenerse en una perspectiva anticapitalista. Lograr reunir y conquistar a la mayor parte de las fuerzas sociales y políticas que se enfrentan a estas y otras privatizaciones, debe estar en la mira de nuestros objetivos. Baste, por ahora, archivar y congelar estas iniciativas de ley manteniendo la alerta frente a las nuevas embestidas que se avecinan.
