Comuneros de Picachos e incapacidad de la política
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- El Centinela publica el lunes 2 de abril en el Malecón de Noroeste una serie de preguntas sobre los comuneros de Picachos y por su pertinencia es conveniente recordarlas: ¿Por qué un problema como el de la Picachos no se resuelve? ¿Por qué una y otra vez quienes reclaman toman vías públicas? ¿Por qué el Gobierno del Estado se ha mostrado incapaz de dar soluciones a este problema que no es entre el Poder Ejecutivo y los comuneros, sino que hay terceras personas afectadas? Pero sobre todo, ¿por qué en lugar del acuerdo y la palabra aplican la fuerza del garrote? Y principalmente: ¿acaso no hay responsables dentro del Gobierno que hayan provocado todo esto? En estas interrogantes de fondo se encuentra el meollo de la doble marcha que ha culminado con decenas de detenidos y un plantón en la explanada del Palacio de Gobierno del Estado. Dado lo novedosa relación del gobierno con los movimientos sociales, intentaremos explicar algunos de sus ángulos más preocupantes.
Criminalizar la protesta social
Resulta sorprendente que se criminalice cuando Mario López Valdez, siendo candidato a gobernador de la coalición Cambiemos Sinaloa, fue hasta sus pueblos para pedir el voto a sus familias y simpatizantes a cambio de resolver los problemas que no eran atendidos por el anterior gobierno. Aquellos comprometerían generosamente el sufragio y este ya en el gobierno, nombró una comisión dirigida por dos connotados miembros del PRD, que técnica y políticamente se encargarían de intermediar con los inconformes. Se trataba de los ex diputados locales Feliciano Castro y Graciela Domínguez, quienes realizaron una labor sigilosa con resultados desconocidos para la mayoría. Seguramente no fue mucho y la mejor muestra es está marcha.
Es decir, se retrocede cuando se debería avanzar, en el cumplimiento de los acuerdos pactados. El gobernador ha tomado una decisión que si bien es aplaudida por algunos sectores empresariales y muchos de los turistas y camioneros que transitan por las carreteras que unen a Culiacán con Mazatlán, es riesgosa porque privilegia la fuerza antes que la política y realiza un nuevo de criminalización de la protesta social, que es un tema muy sensible mediáticamente y motivo de observación de los organismos de derechos humanos.
Estado de Derecho
Se podrá argumentar a favor de la decisión, como lo vienen haciendo desde el gobierno y empresarios, que había que evitar colapsar las carreteras del estado y poner a buen resguardo el Estado de derecho porque se estaba afectando el libre tránsito de vehículos y personas. Sin embargo, hay que tener claro que si los comuneros se subieron a ellas fue para ejercer su propio derecho ante el incumplimiento de acuerdos firmados con las autoridades desde hace varios años. Ahora, si esta protesta se da en este momento vacacional y político seguramente es porque fracasó de la intermediación política y quieren ser vistos y escuchados por las autoridades. Aprovechar la coyuntura para difundir su lucha y meter presión política forzando una salida negociada a una historia que no parece tener fin, como el del transporte público y privado del aeropuerto de Mazatlán, que constantemente provoca problemas a los turistas extranjeros.
¿Acaso esos 800 comuneros no quisieran estar acostados en la playa disfrutando con su familia de estos días de asueto, en lugar de soportar las inclemencias de transitar por el asfalto más de 200 kilómetros y con temperaturas de más de 35 grados? Seguramente sí. Pero el discurso oficial invierte las cosas cuando afirma el mismo gobernador, con sospecha expresa: “qué casualidad que la marcha la hagan cuando están las campañas políticas”; o sea que no salen por el incumplimiento o por la incapacidad del gobierno para cerrar el caso, sino porque se quiere aprovechar el momento político para obtener réditos electorales. ¿Algún candidato se aprovecharía con esos cientos o quizá miles de votos? No se ve por dónde y menos después de la experiencia fallida de 2010.
Con esta visión reduccionista el gobernador demuestra que no tiene claro el problema y menos todavía comprende la estrategia reivindicatoria de los comuneros. Más aún cuando se toma la decisión de “divide y vencerás”, separando entre “quienes se les debe y a los que no se les debe, incluso a los que se les pagó de más”, pero sin dar mayor información lo que para muchos observadores es un recurso que busca deslegitimar los reclamos en lugar de solucionar el problema que es el cumplimiento de los acuerdos firmados con gobierno. Que haya sido con el gobierno aguilarista, eso no debe importar. Es el gobierno constitucional que está por encima de periodos y calendarios políticos.
Sería recomendable, entonces, que el gobernador informara con absoluta transparencia en qué momento se rompieron las negociaciones y sobre todo explique dónde se encuentra el pago de las indemnizaciones que es uno de los principales problemas para cotejar la información de los comuneros y buscar una salida al problema. La información no puede ser unilateral. Ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad social con la transparencia en un caso muy mencionado pero poco conocido por los ciudadanos.
Antes de que eso ocurra, claro, debe liberarlos para dialogar y poner punto final a este asunto que ya ha costado mucho, incluso vidas. Las fotos de hombres y mujeres atados dejan una gráfica poco amable para los anales fotográficos del gobierno del cambio.
Cohesión de los comuneros
Ahora bien, si algo hay que reconocer en la lucha de estos campesinos es su cohesión en torno a sus dirigentes, especialmente de Atilano Román, lo que seguramente se traducirá en nuevas manifestaciones durante este proceso electoral. Los comuneros por lo pronto están en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y más adelante conoceremos cual es su plan B. Y si bien les esperan días aciagos, es previsible que aguantarán las presiones del gobierno que ha entrado a un callejón incierto. Justicializar la protesta es querer ganar la pelea por knock-out, encerrando a los manifestantes y sometiéndolos a juicios penales por “daños a las vías de comunicación”, desdeñando los recursos de la política que hay que reconocerle al ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, quien nunca utilizó la llamada violencia legítima, sino que buscó la negociación y el acuerdo con los líderes de movimientos sociales, aun cuando nunca haya resuelto este problema.
El gobernador López Valdez tendrá que seguir el curso legal y si bien eso gana simpatías entre empresarios y viajeros, en una campaña electoral podría afectar la relación con aliados de su gobierno, salvo que estos vayan en contra de su historia y programa. En primer lugar, con el PAN, que siempre ha sostenido que hay que privilegiar el dialogo y la negociación. En segundo, con el PRD, que seguramente sugirió a través de Feliciano Castro y Graciela Domínguez, una salida negociada antes que criminalizar la protesta social; y por último, el PT y el Movimiento Ciudadano, que aunque sólo son aliados electorales, tendrían que pronunciarse sobre el caso, siguiendo una línea acorde con su plataforma electoral.
No se diga con sus adversarios políticos, que podrían cuestionar el pobre manejo político en este caso, buscando obtener sobre todo algún beneficio político.
En definitiva, la decisión del gobernador López Valdés de hacer a un lado el contacto permanente con los comuneros de la Presa Picachos e ir a los tribunales estatales y federales, para ir allanando el camino de solución de los problemas, lleva el caso a otra esfera donde apenas estamos viendo los primeros capítulos y es de esperar que un asunto natural para procesarse por la vía política se complique en la esfera judicial. En ese terreno la situación es incierta, ya que como bien concluye el buen Centinela: Ya los detuvo, ¿qué sigue? Porque el problema todavía está ahí.
La salida está al alcance del gobernador si retoma su iniciativa de sentarse en Palacio de Gobierno a negociar con los dirigentes hoy detenidos y buscar una salida a un problema que ha crecido innecesariamente y puede transformarse en un cuello de botella que afecte otros ámbitos de la función pública. Pero, bueno, la decisión está tomada y hay que esperar su desenlace, cualquiera que sea, para bien de una Sinaloa que ya no necesita nuevos problemas, sino soluciones eficaces que desactiven estas bombas de tiempo. El gobernador tiene la palabra.
Por eso, y más, hay que buscar respuestas a las preguntas que formula atinadamente el Centinela de los intereses ciudadanos.
