ANÁLISIS A FONDO
La matanza de periodistas
Francisco Gómez Maza
El asesinato de periodistas incómodos
A las autoridades no les incomoda…
Ciudad de México.- Pongamos hoy los ojos en asuntos más dramáticos y preocupantes que la elección de quien “gobernará” a los mexicanos a partir del primero de diciembre venidero: el asesinato, el secuestro, la intimidación, la amenaza a periodistas incómodos.
Este año ha sido particularmente desalentador para los periodistas (hablo de periodistas, no de paleros), por la violencia que poderes institucionales y fácticos ejercen impunemente en contra de comunicadores en todo el país. Los periodistas del estado de Veracruz son quienes han sido más vulnerados.
Van nueve asesinados en la presente administración estatal; hubo un ataque con explosivos a un medio de comunicación, y allanamientos, amenazas y despidos injustificados. Por lo menos seis periodistas han tenido que exiliarse del estado ─uno de ellos solicitó asilo en Estados Unidos─ ante la falta de garantías para el resguardo de su vida y el ejercicio de la libertad de expresión.
Ante esta situación, una multitud de organizaciones gremiales de México y el mundo, instituciones académicas y periodistas de distintos países firmaron un desplegado, dado a conocer a partir de la primera hora de ayer lunes 18 de junio, para exigir (por lo menos) el esclarecimiento del asesinato del colega Víctor Manuel Báez Chino, miembro del consejo editorial del sitio web www.reporterospoliciacos.mx, y colaborador de El Portal de Veracruz, perteneciente al grupo Milenio.
Las investigaciones ministeriales de los 9 asesinatos no han arrojado ningún resultado concluyente, con lo cual se ha propiciado la repetición de los hechos delictivos y la indefensión de las víctimas, como se puede constatar.
La situación que vive la prensa veracruzana es crítica y se prevé que las agresiones no cesarán, mientras el gobierno de Veracruz continúe sin dar una respuesta eficaz a los llamados urgentes que diversas organizaciones nacionales e internacionales, el propio gremio periodístico y la sociedad en general, le han reiterado sobre su obligación de proteger y asegurar la integridad física de los periodistas, varones y mujeres.
A principios de junio, el gobierno veracruzano anunció un proyecto de ley para instaurar, previa la aprobación del Congreso local, una Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz. Pero igual. Independientemente del destino de esa iniciativa, las organizaciones y periodistas firmantes del desplegado consideran que el gobierno del estado tiene una obligación de proporcionar garantías de seguridad a todos sus habitantes, incluyendo al gremio periodístico; no puede esperar a que esa Comisión sea aprobada por los diputados, y comience a operar, para cumplir con dicha obligación.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Los firmantes del desplegado solicitan a las “autoridades competentes”:
Del gobierno del Estado de Veracruz: Ofrecer garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad, la integridad física y moral, y el ejercicio de la libertad de expresión para periodistas y medios de comunicación.
Que ante las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el gobierno del estado actúe en consecuencia y con la debida diligencia, protegiendo a periodistas y medios de comunicación, y lo haga público.
Que el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República investiguen los casos de homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones de cualquier tipo a periodistas y medios de comunicación; que de manera urgente identifique a los responsables y los someta a la justicia.
Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses.
Del Gobierno Federal: Una acción urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz, a fin de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.
Apoyo institucional inmediato a la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión) para investigar los crímenes en todo el país, y que ésta informe sobre el avance de sus investigaciones con regularidad.
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