Sólo exijo justicia
Hugo L. del Río
Monterrey.- La PGJ coahuilense no asombra ni sorprende. La delegada en Saltillo, Claudia Elodia Brondo Morales, informó a la judicial con tanta antelación donde estaban los cadáveres del fotógrafo de Prensa y el estudiante, que cuando llegaron los detectives no había nada. Fue hasta la tercera vez que los investigadores rastrillaron el terreno cuando descubrieron que los malos recién habían depositado los cuerpos maltratados (al estilo de Sendero Luminoso) de los dos jóvenes.
Doña Claudia, a lo que parece, no se coordinó bien con los asesinos. Estas son las personas (¿?) que nos garantizan justicia. Y el gobernador Rubén Moreira, desde luego, prometió una investigación a fondo. ¿Dónde hemos escuchado antes esas palabras? Horas antes de la indiscreción y torpeza de Brondo, para el gobierno de Moreira II la palabra del narco merecía más respeto que la de los periodistas. El fotorreportero de 22 años, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de la plantilla del diario Vanguardia y el estudiante de 23 años, Julián Alejandro Zamora García son las últimas víctimas de la sevicia y la corrupción.
Los sayones plantaron mensajes acusando a sus víctimas de servir a enemigos de los zetas y la Procuraduría del estado, “sin prueba o averiguación, señaló a ambos como miembros del crimen organizado”, escribe el diario fundado por la familia Castilla. La respuesta que prepara la Federación: cambiar la ley para que los atentados contra informadores profesionales se tipifiquen como delito federal y la PGR se encargue de las averiguaciones y, en su caso –remoto, muy remoto—, de las aprehensiones. Remedio mágico: como si la PGR fuera una suerte de monasterio de hombres santos.
Recordamos a Cuitláhuac Salinas, encargado por el entonces Presidente Calderón de investigar la hecatombe del Royale. CS se limitó a arrestar a un par de docenas de limpiabotas a quienes tituló como grandes capos del narcotráfico y caso cerrado. En esta guerra, los periodistas hemos pagado un precio quizá más alto o por lo menos comparable al de las fuerzas armadas: cincuenta muertos (incluidos dos en lo que va del sexenio) y, oficialmente, ocho desaparecidos.
Proceso se enteró, por fortuna, que los sicarios pretendían asesinar a su reportero Jorge Carrasco: molestaron, y mucho, las notas que Jorge divulgó sobre el asesinato de Regina Martínez, la corresponsal de la revista en Xalapa. La pregunta es: ¿quién mandó matar a Carrasco? El gobernador Javier Duarte ni se ha molestado en esclarecer los homicidios ni ha mostrado, así sea para beneficio del público, preocupación por que Veracruz es la entidad más peligrosa para el gremio.
Medio centenar de colegas sacrificados y “la impunidad como respuesta del Estado”, subraya Vanguardia. Los compañeros de El Siglo de Torreón ya perdieron la cuenta de las ocasiones que ha sido atacada su casa editorial; los diarios del grupo El Norte-Reforma han sufrido siete bombazos, a los que debemos agregar los asaltos contra Televisa Monterrey, El Diario de Ciudad Juárez y el Canal 44, de la misma urbe, para sólo citar algunos de estos lamentables eventos.
El gobierno habla de protección especial para los informadores y analistas. Nos ven cara de estúpidos. Tal garantía no existe ni sería deseable: no todos somos reporteros como los de Tijuana, quienes difunden con cinismo los dineros que les da el Ejecutivo estatal. A título personal, diré que no quiero esa especie de tutela que, además, nadie nos puede dar: sólo exijo justicia.
