El uso electoral de los programas sociales
Juan Reyes del Campillo
Ciudad de México.- Mientras la situación económica y social del país parece cada vez más complicada y a veces está a punto de salirse de control, los actores políticos continuamente se encargan de echarle más leña al fuego. Durante varios meses habían estado funcionando bien las prácticas de negociación y conciliación política, sin embargo, el uso electoral de los programas sociales ha terminado por descomponer el buen entendimiento entre las fuerzas políticas.
Las evidencias del cochinero en Veracruz, con los funcionarios públicos del gobierno del estado buscando aprovecharse de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, han irritado a los opositores. Molestia natural que ha puesto en peligro la política de acercamiento concretada en el Pacto por México. Por lo pronto, se tuvo que posponer la presentación de la reforma financiera.
El presidente Peña Nieto ha tenido que salir al quite y hacerse cargo mediante una declaración aparentemente enfática, de que no se va a tolerar el uso electoral de los programas sociales. Esta declaración se volvió necesaria para evitar el rompimiento con la oposición, con tal de asegurar un camino despejado hacia las reformas estructurales. Hay que recordar que para alcanzarlas se requieren reformas constitucionales que exigen mayoría calificada en las dos cámaras, lo cual únicamente se puede lograr estableciendo políticas de consenso.
Pero la oposición política ha aprendido lo suficiente como para exigir al gobierno que establezca con claridad cierta transparencia y rendición de cuentas. Por lo pronto, el PAN y el PRD se han puesto de acuerdo para exigir juicio político y la renuncia tanto de Rosario Robles Berlanga, secretaria de Sedesol, como de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz. Los dos, desde luego, han buscado defenderse y han intentado minimizar lo evidente.
Rosario Robles ha tenido que comparecer ante el Senado de la República y ha pretendido echar abajo las críticas opositoras. No obstante, sus respuestas han resultado simplistas, repetitivas y acartonadas, prefiriendo rasgarse las vestiduras para defender su “Cruzada contra el Hambre”. La secretaria se limita a hablar de este programa, cuando todo el ejercicio de la política social se encuentra en entredicho.
Por su parte, el gobernador Duarte ha preferido descalificar a quienes lo denuncian. Busca destacar que estos, cuando estuvieron en el gobierno, hicieron lo mismo. Se protege en su partido y en el Congreso del Estado, en donde sus correligionarios son mayoría. Como en las elecciones de 2012 los resultados no le fueron del todo favorables, ahora busca desesperadamente utilizar los programas sociales para revertir la situación.
Pero el próximo 7 de julio habrá elecciones en 14 estados del país y la oposición política percibe que el uso electoral de los programas sociales es algo generalizado. Y no le falta razón. En este sentido, ha decidido exigir que se haga un seguimiento puntual y una auditoría de los programas sociales, con el fin de evitar que se utilicen con fines electorales. Ello conlleva a que haya claridad y garantía de limpieza en todos los procesos electorales.
Al menos a eso se ha comprometido el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con tal de que no se descarrile el pacto. Se dice que se blindarán los programas sociales de usos partidistas y que se castigarán los delitos que se cometan. El problema es que los delitos ya parecen haberse cometido y la única decisión fue separar de sus cargos a varios políticos de tercera o cuarta línea.
Lo cierto es que a pesar de que se presenten pruebas fehacientes del uso electoral que se hace de los programas sociales, las autoridades correspondientes no tienen ningún interés en actuar contra los responsables. Hasta ahora la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) no parece tomar cartas en el asunto. Esta instancia, que depende de la Procuraduría General de la República, es en realidad un elefante blanco sin reconocimiento público alguno.
Por lo pronto, en la perspectiva de las elecciones de julio, hemos visto el primer encontronazo entre las fuerzas políticas y la película que sigue parece ser bastante conocida. Los opositores estarán denunciando las tropelías y los abusos de los servidores públicos que hacen uso de los recursos públicos. Por su parte, las autoridades, habrán de minimizar el asunto, exigirán pruebas para terminar descalificándolas y se harán de la vista gorda.
El gobierno de Peña Nieto sabe que sin trampas no son capaces de ganar elecciones. Necesita votos y tiene que comprarlos para asegurar que sus clientelas acudan a las urnas. Así ha sido en los estados desde hace años, por lo cual las cosas difícilmente van a cambiar.
