Gana PRI, o maquinaria pesada
Pablo Vargas González
Hidalgo.- De un total de 3 mil 507 casillas electorales que se instalarán el 7 de julio en la renovación del Congreso local, dos de ellas ubicadas en la Huasteca Hidalguense (que representan menos del 1 por ciento) han puesto en tensión la comprensión de los derechos humanos y en particular los derechos ciudadanos.
Mediante un comunicado del 8 de junio de 2013, dos comunidades indígenas de la Huasteca Hidalguense, pertenecientes al Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), dieron a conocer que por incumplimiento de compromisos de campaña de las autoridades municipales, no votarían ni apoyarían la instalación de casillas en dos comunidades en el Distrito XIII, Huejutla.
Pero en lugar de comprender, escuchar y dialogar con las comunidades indígenas, las diferentes tipos de autoridades electorales, municipales y estatales lanzaron una embestida mediática, señalando que sólo en estas dos casillas, no podrían evitar una fiesta electoral cuyos resultados se encuentran completamente predeterminados.
Lo anterior fue generando una “cortina de humo” para desviar la atención de los principales problemas que se encuentran en el proceso electoral: clientelismo, corporativismo, la coacción del voto y el patrimonialismo, pero sobre todo la falta de interés y de atractivo para la asistencia a las urnas.
El planteamiento de las dos comunidades: Oxale, ubicada en el municipio de Huejutla, y Lindero en el municipio de Huautla, tiene un fondo más amplio que el del linchamiento mediático. Permite observar cómo se tratan las diferencias políticas en el estado de Hidalgo. Si alguien discrepa, inmediatamente es descalificado por las autoridades y por los medios de comunicación que reproducen los intereses del Estado, sin un mínimo de análisis.
En 2011 fueron las elecciones municipales, y como siempre, los candidatos ofrecieron un cúmulo de promesas, de apertura, de proposiciones que a la larga resultaron huecas y sin sustento. Muchas de ellas, verdaderas mentiras, emitidas para ganar a toda costa el voto de los electores. Este fue el caso de Huejutla y Huautla. En el primero, ganó el Partido Movimiento Ciudadano con Alfredo San Román, un saltimbanqui de la política, que ya había ganado con el PAN el mismo municipio, y en Huautla, el “ganador” fue Felipe Juárez Ramírez.
Resulta que como medida de diálogo, después de varias solicitudes, el alcalde Alfredo San Román accedió a conceder una audiencia. De manera sorprendente, dijo: “Voy a cumplirles sus demandas de construcción de una galera para usos múltiples y concluir las obras de la iglesia de la comunidad, además de poner el drenaje. Pero si no votan por el PRI, la maquinaria pesada destruirá las obras.”
Este es sólo un botón de muestra de lo que están expuestos los ciudadanos con autoridades de esta naturaleza: amenazas e intimidación.
Aparte de presentar demandas de solicitudes atrasadas y exigir cumplimiento de promesas realizadas en campaña, las comunidades indígenas exigen sus derechos humanos, plenamente respaldados por la Constitución y la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. Buscan la integralidad, universalidad y exigibilidad real de los derechos de las personas y de los grupos sociales.
Valdría la pena que las autoridades que orquestaron un linchamiento mediático pudieran comprender los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas plenamente consagrados en el artículo 2° constitucional, y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que señalan la autonomía para decidir sus destinos.
Las comunidades indígenas únicamente dijeron que no votarían, no que boicotearían las elecciones.
Es una decisión reflexionada y acordada en colectivo, que no impide los derechos individuales y ciudadanos de nadie.
