HORIZONTE CIUDADANO
Defensores ante acoso y hostigamiento
Rosa Esther Beltrán
Saltillo.- El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, en Torreón, tiene una trayectoria de 15 años defendiendo los derechos humanos de los laguneros. En ese tiempo ha sido objeto de persecución y en represión, situaciones repetidas el fin de semana pasado, cuando sus oficinas fueron allanadas para robar información confidencial relacionada con los casos de defensa de los derechos humanos, realizados en favor de personas o grupos vulnerables.
Lo deplorable es que las autoridades (en este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Homero Ramos Gloria) minimizan los delitos, encasillándolos anticipadamente como robos comunes, cuando realmente son evidentes casos de hostigamiento o persecución.
Apenas el año pasado, un militar y un policía federal ingresaron a las oficinas del Centro Juan Gerardi presuntamente en busca de droga.
Hace 3 meses, la ONU emitió su Informe de Actualización sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos (DH) en México, en el cual se denuncia “el clima de hostilidad” en contra de las y los defensores de los DH.
El 12 de julio, Javier Hernández Valencia, representante en México de la ONU-DH lo leyó en Saltillo, pero parece que el procurador es sordo.
Coahuila aparece con Chihuahua entre las entidades con mayores niveles de violencia e inseguridad, plenamente concordantes con la exacerbación de las agresiones a las y los defensores de DH. Coincidentemente, las más comunes son las injerencias arbitrarias mediante allanamientos a oficinas y robo de información, así como las amenazas.
Cabe enfatizar que de Coahuila se citan en el Informe las organizaciones, Casa del Migrante de Saltillo describiendo 4 casos de despojos, agresiones y amenazas graves a sus colaboradores; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, por el allanamiento padecido el año pasado por una llamada anónima que denunciaba la supuesta existencia de drogas; también se denuncia que el Albergue “Frontera Digna” en Piedras Negras fue objeto de vigilancia, amenazas, intimidación; además, un colaborador fue detenido y agredido por sujetos vestidos de civiles.
Lydia Cacho es mencionada en el citado Informe en varias ocasiones por sufrir amenazas y acoso judicial, lo que la obligó a ausentarse temporalmente del país.
Cabe anotar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México, emitió un informe en 2009, donde recomienda a las autoridades federales y estatales articular una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores de DH y difundir la Declaración sobre ellos emitida por esa Oficina entre los funcionarios de todos los niveles de gobierno y la población en general, lo cual no se ha concretado.
En el Pacto por México se menciona que, “el siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos” y se establece el compromiso de “defender los derechos humanos como política de Estado”.
También en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona como una de sus estrategias, “instrumentar una política de Estado en derechos humanos”, pronunciamientos que podrían favorecer las condiciones en las que los y las defensoras de DH realizan su trabajo así como ofrecer mayor legitimidad a éste.
El informe concluye señalando que los y las defensoras de DH trabajan en una situación de adversidad en la que predomina la impunidad que a su vez favorece el incremento de las agresiones. Se agrega que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque es un logro aún se encuentra en una etapa de inicio, y la realidad muestra que cada día son más frecuentes los operativos realizados por fuerzas conjuntas de grupos paramilitares y policías o soldados.
Parece que la única función que las autoridades quieren asumir es la de mediatizar, controlar y reprimir las manifestaciones de descontento social, tomando como pretexto la llamada “guerra contra el crimen organizado y el terrorismo”.
Procurador Homero Ramos Gloria: es hora de aplicar la Ley para la Protección de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.
Es su responsabilidad.
