Se amparan contra reforma
David Carrizales

Monterrey.- En representación de dos mil 200 maestros de las secciones 21 y 50 del SNTE, los litigantes del despacho Amaya y Asociados, presentaron este jueves igual número de recursos de amparo contra la Ley Nacional del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que son violatorias de varios artículos de la Constitución General de la República.

Mario Amaya Chávez a nombre del equipo de abogados, comentó que con ambas leyes, se pretende borrar a los maestros antigüedades de más hasta 40 años, para trasladarlos a un régimen administrativo en calidad de servidores públicos y no de trabajadores de la educación, sin respetar el principio de que ninguna ley se puede aplicar retroactivamente para perjudicar, pues se aplicaría a los mentores que entren a trabajar después del doce de septiembre de 2013, pero también a los que ya venían laborando.

Añadió que so pretexto de una nueva evaluación que se les va a imponer a finales de año a los maestros, y de una subsecuente, se va a definir su movilidad en sus puestos, sus ascensos y sus cambios e incluso su permanencia, situación que constituye el punto medular que se está impugnando con los amparos.

El artículo 123 de la Constitución, dijo Amaya, establece la inamovilidad y el derecho a tener la permanencia en el trabajo, mientras la Ley Nacional del Servicio Profesional Docente, condiciona la permanencia a una evaluación impuesta, lo cual es absurdo porque la misma Constitución les da a todos los trabajadores el beneficio de ser capacitados por el patrón, en aras de ascender y recibir mayor ingreso.

Amaya Chávez señaló que hay confianza de que el recurso va a proceder y que la reforma quedaría sin efecto porque tiene vicios de origen: “hubo muchas violaciones en el proceso legislativo, como lo denunciaron senadores de oposición, por la forma como se integraron las comisiones, violándose el reglamento sobre cómo deben turnarse las iniciativas y cuándo se va a convocar al pleno”.

Consideró que los tribunales federales podrían resolver que ambas leyes no están sustentadas legalmente, pues además de errores de procedimiento, se contraviene el artículo 13 Constitucional que prohíbe a los legisladores hacer leyes especiales o privativas de un sector o gremio.

“Los legisladores hicieron una ley exclusiva para los maestros, donde están dictadas nuevas reglas en cuanto a su trabajo. Para que tuviera la naturaleza de ser general, tendría que ser efectiva para todos los trabajadores del país como médicos, químicos, abogados, periodistas, y maestros”, expresó el litigante.

Comentó Amaya que el descontento de los maestros es generalizado y están rebasando a sus dirigencias seccionales, que intentaron contenerlos. Agregó que si durante la anterior reforma, al adicionarse el artículo tercero Constitucional hubo 600 mil amparos, ahora se espera que busquen la protección de la justicia federal un millón 200 mil, del millón 400 mil mentores del SNTE.

Este jueves inició la presentación de amparos en todo el país y como ambas leyes entraron en vigor el doce de septiembre, los afectados tienen hasta el 24 de octubre para inconformarse.