Piden presupuesto austero
David Carrizales
Monterrey.- La bancada panista del Congreso de Nuevo León, demandó al gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, que el presupuesto para 2014 sea austero y con enfoque en el beneficio social.
En voz del diputado Juan Carlos Ruiz García, el grupo legislativo del blanquiazul, asentó que el panorama financiero que se vive a escala global, ha obligado a las economías más poderosas del mundo a establecer medidas cautelares que eviten futuras crisis económicas que afecten directamente su funcionamiento y operación.
México no escapa a esos riesgos y en la víspera de concretar una reforma hacendaria “trascendental”, los esfuerzos de todos los gobiernos de la República deberían enfocarse a lograr ahorros sustantivos en sus administraciones.
“En Nuevo León, debido al mal manejo y a la pésima administración de las finanzas públicas, nuestro Estado está sumido en una crisis financiera grave que pone en riesgo la realización de obras y programas de beneficio social, además de proyectos de infraestructura necesarios en la entidad”, dijo el panista.
Recordó que el gobernador deberá mandar al Congreso, a más tardar el 20 de noviembre, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el año 2014, ante lo cual la diputación panista considera que los recursos deben ir enfocados hacia áreas prioritarias como seguridad, empleo, desarrollo humano, infraestructura y educación.
Expuso que los ejes rectores que debe contener el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, son en primer lugar, el establecimiento de restricciones a la contratación de más deuda por parte del Gobierno Central y Organismos Descentralizados.
Asimismo, incrementar de manera sustancial y en forma equitativa los recursos a distribuir entre los 51 Municipios del Estado; restituyendo los Fondos de Desarrollo municipal y de Ultracrecimiento.
Además, privilegiar el gasto en obras sociales de beneficio directo para la comunidad; contemplar una reducción drástica en los gastos de imagen del Gobierno central; una reducción real y tangible del gasto corriente respecto al ejercido durante 2013, incluyendo recortes razonables a la nómina estatal y una eliminación real de organismos que duplican acciones y gastos.
Otro punto a considerar es la no creación de nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes; mantenimiento de las tarifas actuales al transporte colectivo Metrorrey, haciéndolo extensivo a la Ecovía cuando entre en operación, así como sostener las actuales tarifas de Agua y Drenaje.
Demandó también el establecimiento de disposiciones claras de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos a ejercer por el Gobierno del Estado, sus dependencias y los organismos descentralizados.
Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Nuevo León, señaló que la propuesta de reforma fiscal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, contiene múltiples afectaciones a la inversión y el empleo formal, la competitividad de las empresas, la justicia social, las relaciones obrero-patronales, la seguridad social, así como la seguridad jurídica.
Una vez que el martes se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la votación de las modificaciones al Código Fiscal, que si bien eliminaron aspectos muy negativos, el proyecto sigue manteniendo vicios de inconstitucionalidad, que deberá enmendar el Senado.
La Coparmex consideró que al parecer se usaron como meros distractores aspectos que ya quedaron fuera de la iniciativa original, como el impuesto a colegiaturas, hipotecas y rentas, mientras debate público ha adolecido de aspectos relevantes como lo son los de naturaleza penal.
“Mediante la Reforma Hacendaria, el Estado está pretendiendo recabar los impuestos a través de la vía de la represión, estableciendo castigos sin tomar en consideración las circunstancias particulares que pueden llevar a los gobernados a incumplir con la carga tributaria”, expuso el organismo empresarial.
Asentó que la tendencia procesal en México contempla a la prisión preventiva como el último recurso en contra de los ciudadanos, “sin embargo, con la reforma pareciera todo lo contrario, pues se califican como graves algunos de los delitos, impidiendo con esto que el inculpado pueda gozar de su libertad mientras se determina en un proceso penal si es o no responsable de los hechos que se le imputan”.
Esto no es otra cosa que el uso de la fuerza para lograr un fin último que es la recaudación de impuestos, incluso mediante la restricción de la libertad de los gobernados, señaló la Coparmex.
Asentó que “la llamada Reforma Hacendaria hace suponer que los delitos fiscales son igual o más graves que otros delitos como la delincuencia organizada y el narcotráfico, generando una especie de intimidación a las personas físicas y morales con actividades comerciales quienes tendrán que soportar más cargas administrativas que, tarde o temprano, podrían derivar en la disminución de inversiones en México y la salida de empresas hacia otros países”.
Agregó Coparmex que el Nuevo Código Fiscal contempla facultades como el uso de la fuerza pública para la Secretaría de Hacienda, “dejando en un estado de indefensión a los ciudadanos”.
La aprobación y entrada en vigor de las disposiciones penales de la iniciativa “deja entrever que la Reforma Hacendaria no busca la prevención de actividades ilícitas, sino servirse de la represión legítima, propia del Estado, como una herramienta recaudatoria”.
