HORIZONTE CIUDADANO
Sin derechos humanos
Rosa Esther Beltrán
Saltillo.- El Gobierno de Enrique Peña Nieto asistirá hoy a la reunión del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), que se realiza en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Son cerca de 40 funcionarios mexicanos los que acuden (una multitud si se compara con los que llevan otros países participantes) pero, ya se sabe, el turismo político es una práctica inducida por el subdesarrollo: si los viajeros pagaran sus gastos, sería otra cosa. ¡Oh, austeridad desdeñada!
El EPU es un mecanismo que implementa el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el propósito es analizar las situaciones de violaciones de los derechos humanos (DDHH) y hacer recomendaciones al respecto. Esta es la segunda ocasión en que nuestro País presenta este examen, cuyos resultados serán publicados el próximo 26 de octubre.
La Secretaría de Relaciones Exteriores elaboró en agosto pasado el documento que presenta el Gobierno que, por cierto, abunda en complacencias.
Por fortuna, más de 30 organizaciones de la sociedad civil (OSC) produjeron su Informe Conjunto sobre la situación de los derechos humanos en México. En él destaca el “aumento exponencial” de las violaciones a los DDHH, derivado del contexto de violencia e impunidad que persiste en México.
Señalan las OSC que México vive una situación de emergencia humanitaria, en la que se evidencia el deterioro de los DDHH. Paradójicamente, ahora que éstos se incorporaron a la Constitución Mexicana, la realidad muestra un retroceso en la materia. Enfatizan que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en este rubro: no ha creado ningún mecanismo incluyente para dar seguimiento a las recomendaciones recibidas del EPU de 2009.
En su Informe, las OSC analizan 11 rubros en los que el Gobierno ha fallado: Armonización legislativa; no se han expedido las leyes secundarias ni se han armonizado las constituciones locales de acuerdo a la reforma constitucional en DDHH de 2011; tanto en lo federal como en lo estatal, existen deficiencias en los tipos penales que no están armonizados con estándares internacionales; a la fecha, México sigue sin garantizar el derecho a la libertad sindical para el sector público, así como el voto secreto en la elección de sindicatos.
En cuanto a pobreza y derechos económicos y sociales, se sostiene que la política ambiental no es eficaz ni sustentable, no está armonizada y la impunidad es total. El Estado no garantiza derechos a la alimentación, educación, salud y vivienda de 57.7 millones de personas que no pueden satisfacerlos por falta de ingresos.
En relación al sistema penitenciario, éste se distingue por el nivel crítico de sobrepoblación, hacinamiento, condiciones precarias, violencia, infraestructura deficiente y falta de control de los funcionarios; un 40.33 por ciento de la población penitenciaria espera una sentencia.
Sobre desaparición forzada y tortura, se establece que el Estado no tiene certeza del número de víctimas de desaparición, y la tortura comunmente se utiliza para la obtención de pruebas ilícitas que los jueces aceptan para dictar sentencias condenatorias.
Igualmente, se analizan las condiciones de pobreza y marginación de los pueblos indígenas reflejadas en la desigualdad, la inaccesibilidad a la salud, educación y vivienda digna. También se incluyen las violaciones de las garantías de los periodistas y defensores de los DDHH, los migrantes, las mujeres y los niños y jóvenes.
Por su parte, Amnistía Internacional, con sede en Londres, destacó que, al respecto, el Estado mexicano mantiene buena retórica, pero “se hace de la vista gorda” ante las violaciones a los derechos humanos; y sin ambages, señala que este Gobierno, como el anterior, manifiesta que la protección a los derechos humanos se sitúa al centro de sus políticas de seguridad, no obstante torturas, desapariciones, trata de personas, crímenes contra los mexicanos están al día y el Gobierno sigue sin adoptar los compromisos contraídos.
Para fortuna de los mexicanos, la versión oficial se ve confrontada con datos empíricos contundentes de la sociedad civil que está al tanto del tema, de manera que la simulación oficial topará con evidencias que casi de seguro le otorgarán una calificación reprobatoria.
Y Rubén Moreira acudió como representante de los Derechos Humanos de la Conago en el país. Lástima, este hombre no tiene calidad moral para representar a los mexicanos en un foro como ése.
