NL suma 10 mil amparos contra reforma
David Carrizales
Monterrey.- Este jueves vence el plazo para que los maestros del país, presenten el recurso de amparo contra la Ley Nacional del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Aquellos que no se amparen, estarán consintiendo la reforma educativa que lesiona gravemente sus derechos, a menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga una declaratoria de inconstitucionalidad, dada la trascendencia y magnitud del problema, puntualizó el abogado Mario Amaya Chávez.
El litigante comentó que tan sólo a través del despacho Amaya y Asociados que encabeza, más de diez mil profesores de Nuevo León buscaron la protección de la justicia federal, aunque la cifra podría duplicarse con los recursos que presentaron otros mentores con asesoría de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros abogados.
A nivel nacional, consideró que serán más de un millón los que busquen ampararse, la mitad de ellos por conducto de la CNTE, mientras contra las anteriores reformas que modificaron por adición el artículo tercero constitucional, buscaron la protección de la justicia federal 600 mil trabajadores de la educación.
Uno de los principales puntos que tratan de combatir con el juicio de amparo, es que los nombramientos que les han permitido trabajar por más de 20 ó 30 años, de un plumazo o más bien de un dedazo legislativo, se convirtieron en “provisionales”, y para que sean definitivos, tendrán que pasar dos evaluaciones.
Asimismo, rechazan el cambio de esquema laboral que los convierte en prestadores de servicios profesionales sujetos a un régimen administrativo que casi los equipara con un empleado por honorarios, con el propósito de quitarles derechos y prestaciones, algo parecido a lo que ocurre con el personal de la Armada, que puede ser obligado a laborar 22 horas seguidas.
Amaya Chávez explicó que este jueves serán tramitados ante los juzgados de distrito de Monterrey unos dos mil amparos más. El pasado 26 de septiembre se presentaron en la entidad los primeros dos mil 200 recursos, para combatir la Ley Nacional del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que entraron en vigor el doce de septiembre de este año.
