Fomerrey a investigación
David Carrizales
Monterrey.- El Congreso del estado aprobó integrar una comisión plural que buscará reunirse con el director de Fomerrey, Sergio Alanís Marroquín, a fin de que el funcionario abra la información del organismo para investigar un presunto fraude por 90 millones de pesos, cometido en la venta de terrenos ubicados en el municipio de Escobedo.
Con el voto de 41 diputados, la legislatura local aprobó un exhorto presentado por el coordinador de la bancada panista, Alfredo Rodríguez Dávila, para pedir a Sergio Alanís que explique y muestra la información relacionada con los contratos de fideicomisos llevados a cabo por Fomerrey con la Constructora Bu S.A. de C.V., por la asignación de mil 882 lotes habitacionales, que presuntamente fueron vendidos muy por debajo de su valor.
Asimismo, se solicitará información de los fideicomisos que se hayan constituido con respecto a los 13 mil 500 lotes del desarrollo habitacional denominado “Alianza Real”, localizado en Escobedo, Nuevo León, y en general todos aquellos que se hayan celebrado del 2007 a la fecha.
Además se pedirán las actas correspondientes a las reuniones del Comité Técnico de Fomerrey, que dan origen a la constitución de dichos fideicomisos.
Expuso Rodríguez Dávila que los principales afectados con las prácticas irregulares en Fomerrey, son los ciudadanos que pretenden asignación directa de terrenos a precios económicos, ya que el organismo opta por entregar reservas territoriales en condiciones desventajosas para el Estado.
El panista informó que el 18 de mayo de 2007, Fomerrey (Fomento Metropolitano de Monterrey), dio pauta a la asignación de un Fideicomiso por mil 882 lotes habitacionales de un total de 13 mil 500, en el desarrollo habitacional antes mencionado.
Los terrenos fueron asignados a una empresa denominada Constructora Coss Bu, S.A. de C.V. que como contraprestación por la aportación de los lotes efectuaría un pago al momento de individualizar la propiedad de cada vivienda, por la cantidad de 144.44 pesos por metro cuadrado, según refiere el Acta número 04/07 relativa a la sesión ordinaria del Comité Técnico de Fomerrey.
Dicho valor permanecería por dos años y después se incrementaría en proporción de los aumentos en el salario mínimo. En la actualidad, dichos lotes aún no han sido edificados, y tiene sin lugar a dudas un valor de mercado mucho mayor.
Citó que en abril del presente año, un lote en la misma zona fue comercializado por Fomerrey en 700 pesos por metro cuadrado, lo que muestra el ventajoso negocio para la constructora, que está obligada a pagar los lotes aproximadamente a 176 pesos por metro cuadrado, lo que le da una diferencia favorable de 524 pesos por metro cuadrado, para un total de casi 89 millones de pesos, considerando cada lote de 90 metros cuadrados.
Pero además, dijo Rodríguez, muy probablemente la constructora no ha realizado pago alguno a Fomerrey, debido a que se acordó que el pago sería hasta el momento de individualizarse los lotes, lo que aún no ha sucedido en su totalidad.
Asimismo, aunque se acordó que el costo y la responsabilidad de las obras de infraestructura y urbanización correrían por cuenta de la constructora, según revisión de las cuentas de Fomerrey de 2008 al 2011, existió gasto público de parte de la dependencia en más de 15 obras públicas de distinta índole que se han realizado en la Alianza Real, lo que hace suponer que la responsabilidad asumida por el particular, no fue cumplida a plenitud.
En otro orden, el Congreso rechazó por mayoría la cuenta pública del ejercicio fiscal 2007 del organismo público Agua y Drenaje de Monterrey (AYD). El panista Mario Cantú Gutiérrez comentó que el balance de la paraestatal contiene irregularidades por casi el 100 por ciento de sus ingresos.
Mientras, integrantes del Movimiento Promotor de la Ley de Participación Ciudadana, acudieron a exigir a los legisladores de todos los partidos, que tomen en cuenta las iniciativas que presentó la sociedad civil, pues el dictamen que pretenden aprobar resulta una burla, y un retroceso.
Mencionaron que los diputados sólo buscan incluir el referéndum, plebiscito y consulta ciudadana, y quieren dejar fuera las figuras de presupuesto participativo, rendición de cuentas y revocación de mandato.
