¡Participación ciudadana ya!
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- El derecho a votar en México para elegir a nuestros gobernantes fue primero para los varones, a partir de 1824, y hasta el año de 1953 fue cuando las mujeres mexicanas adquirieron el derecho de votar y ser votadas.

Los procesos electorales son un ejercicio democrático, en donde los ciudadanos y las ciudadanas ejercen el derecho a decidir quiénes deben gobernarnos, mediante el voto libre y secreto en elecciones federales, estatales y municipales, ya sea para elegir Presidente de la República, Gobernadores de los Estados, Senadores, Diputados federales y locales, así como para los Ayuntamientos (alcaldes, síndicos y regidores).

Los procesos electorales se realizan cada seis y cada tres años. Pero, como sabemos, apenas a partir del año 2000 se dio la llamada “alternancia en el poder”, al asumir el Partido Acción Nacional el poder político de la Nación, después de que el Partido Revolucionario Institucional lo mantuvo por largos 70 años, lo que algunos expertos denominaron como “La Dictadura Perfecta”.

Los resultados de un gobierno se miden por el desarrollo y el bienestar económico, social y político.

Por ello, hay que recordar que México, desde la década de los ‘80 hasta la fecha, ha atravesado por crisis económicas, incremento de la pobreza, del desempleo y, en los últimos siete años, se ha recrudecido la violencia por la acción del narcotráfico y del crimen organizado, fenómeno que no se ha podido revertir o sólo parcialmente se ha menguado, ya que las cifras y los hechos ponen de manifiesto que aún está presente el latigazo de los grupos violentos.

En este escenario, nuestro país requiere un fuerte sistema de gobierno donde el ciudadano ejerza plenamente su poder y sus derechos, dejando a un lado la democracia representativa por la democracia participativa.

Es decir, transformar en forma radical la habitual forma de gobierno, dándole al ciudadano el mismo poder de su voto, no sólo para elegir a los gobernantes, sino para ser parte activa y directa en la toma de decisiones públicas en forma reglamentada y ordenada, pero efectiva.

Un anhelo de cualquier sociedad es aspirar, justamente, a una vida mejor.

En tal virtud, desde septiembre del 2003, como ciudadana y militante del Partido del Trabajo, emprendimos la lucha por reformar nuestra Constitución Política, federal y estatal, para abrir camino a la participación ciudadana mediante las figuras como el referéndum, a través del cual refrende o no las reformas constitucionales; el plebiscito, para que apruebe o no obras de especial trascendencia; la revocación de mandato, para que decida si se van o se quedan los servidores públicos electos; la afirmativa ficta, para que combata al burocratismo y los funcionarios respondan en breve plazo las peticiones; la voz ciudadana, para que sea escuchado y atendido por alcaldes, diputados y gobernador y, el presupuesto participativo, para que determine cuánto, cómo y dónde obtener los ingresos y aplicar los egresos.

Tales figuras de la democracia directa no son una propuesta nueva en Nuevo León. Ya que en sexenio de Fernando Canales Clariond (octubre 1997 a enero del 2003), primer gobernador panista, el Congreso del Estado aprobó introducir las figuras del referéndum y del plebiscito, pero nunca llegaron a ser efectivas en el marco de nuestra Constitución, debido a un lamentable error de la LXVIII Legislatura, al citar artículos inexistentes y presentar inconsistencias entre los artículos reformados y su contenido, lo cual motivó el derecho de observación o de veto del mandatario a su propia iniciativa de reforma.

Precisamente ahora, transcurridos más de diez años de aquel suceso tan bochornoso, en el escenario político actual los diputados locales de nuevo “nos amenazan” con sacar adelante las reformas constitucionales en materia de participación ciudadana, lo cual, de resultar cierto, provocaría que Nuevo León deje de ser un Estado atrasado en el campo de la democracia, ya que durante esta década la mayoría de las entidades del país se nos adelantaron y nos dejaron rezagados.

Los tiempos cambian y la inercia social nos debe llevar, no a la costumbre, sino a la innovación, al cambio, a la trasformación, en donde los consensos sean la plataforma para conducir los destinos de un país o en este caso de Nuevo León, por eso desde aquí proclamamos...

¡Participación Ciudadana Ya!