Pleito entre federalistas y centralistas
Víctor Orozco
Chihuahua.- No parece que en México demos pie con bola en la instauración de un régimen óptimo, dentro del cual se desarrollen y complementen las funciones de las autoridades centrales y las de estados y municipios.
La llamada reforma educativa, la casi vigente ley hacendaria que somete a una ley general los registros de la propiedad así como los catastros municipales, y una ley anunciada, según la cual desaparecerán las autoridades electorales de las entidades federativas para integrarse en una sola nacional, son otros tantos avances del centralismo, dentro de este estira y afloja entre regiones y centro, cuyos hitos marcan la historia patria.
Esta pugna entre federalistas y centralistas ocupó buena parte del siglo XIX mexicano. Comenzó apenas se instaló el sistema republicano que sustituyó a la efímera monarquía encabezada por Agustín de Iturbide. La caída del imperio, centralista por definición, fue provocada por un malestar general en las entonces llamadas provincias, algunas de las cuales realizaron una verdadera rebelión en contra del dominio de la capital.
El acta constitutiva, redactada a las volandas por Miguel Ramos Arizpe en febrero de 1824, garantizó a los disidentes que la constitución próxima establecería inequívocamente el régimen federal. Se detuvo de esta manera la diáspora que hubiera llevado a la formación de varios estados independientes. La solución, sin embargo, no llegó con la rapidez necesaria para detener la separación de las cinco provincias centroamericanas, unidas inicialmente al flamante imperio mexicano.
Sí se evitó, en cambio, la escisión de Zacatecas, Guadalajara (no se llamaba todavía Jalisco) y Oaxaca, quienes ya habían anunciado formar rancho aparte si no se instauraba el sistema federal.
Cada vez que se implantó el centralismo, léase básicamente la designación de autoridades locales por los poderes radicados en la capital del país, sobrevinieron insurrecciones e inconformidades. En 1836 pusieron en vigor aquellas infortunadas Siete Leyes, como se llamó a la constitución general super centralista. Se produjo entonces la rebelión de Zacatecas, vencida a sangre y fuego, para luego castigar a la entidad rebelde quitándole los fértiles distritos del sur, con los cuales se formó el departamento de Aguascalientes.
En Texas, los primeros movimientos de oposición que desembocarían en el separatismo, se hicieron bajo la bandera del federalismo, a la cual se unieron no pocos mexicanos residentes en aquel departamento. Años después, la revolución de Ayutla pudo derrocar a la última dictadura clerical-militar de Santa Anna, en buena medida porque se apoyó en la inconformidad generalizada contra la imposición de autoridades locales por el gobierno central.
El proyecto oficial era liquidar el federalismo en definitiva, de manera tal que “no volviera a retoñar”, según lo aconsejaba el historiador y político Lucas Alamán en la carta dirigida al dictador para ofrecerle el apoyo del partido conservador. Durante la guerra de reforma, entre 1857 y 1861, parte del triunfo liberal se debió de nueva cuenta a la participación de los estados, temerosos de verse otra vez apabullados o sometidos por el gobierno desde la ciudad de México.
Y lo mismo sucedió en la subsecuente guerra contra la intervención francesa, pues el estatuto propuesto por Maximiliano, no sólo desparecía a las entidades federativas, sino que las fragmentaba para formar cincuenta departamentos para cada uno de los cuales nombraba un prefecto. La división territorial obedeció, según se dijo, a criterios científicos. Sin embargo, olvidó o hizo caso omiso de las historias y vínculos regionales. Ello explica el rechazo concitado y la integración en los ejércitos republicanos de las milicias representativas de los estados. “Libres de Chihuahua” o “Libres de Nuevo León”, etcétera, se nombraban a los batallones republicanos.
Vinieron luego los años de la restauración de la república y del porfiriato. Durante los treinta del segundo, se mantuvo el federalismo, pero al igual que en muchos otros temas, fue solamente en la forma. El presidente convirtió en subalternos suyos en el mejor de los casos y en verdaderos peones de estribo en los peores, a gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.
Todos ellos pasaron de ser funcionarios electos legalmente a oficiales designados o nombrados en los hechos.
No hubo entonces ninguna región del país en donde no se expresaran inconformidades, ya por la vía de las antiguas “representaciones” o peticiones a los congresos o por la vieja senda de las armas. Al último, la revolución de 1910 obedeció en un alto grado al repudio ganado por el centralismo. Diez años duró el ciclo de las guerras civiles, que consumieron muchas de las fuerzas regionales. Al final, se impuso de nuevo un sistema parecido al anterior: federalista de los dientes para afuera, centralista de facto. Tampoco hubo acuerdo con tal situación, según lo revelan oposiciones constantes venidas de las regiones indispuestas contra las autoridades sometidas al poder ejecutivo federal. Las derrotas electorales sufridas por el PRI, durante las últimas décadas reconocieron orígenes, de nuevo, en la repulsión a este centralismo asfixiante.
Así, la conseja repetida durante mucho tiempo según la cual el sistema federal carece de antecedentes en México, siendo una simple copia del norteamericano, es sencillamente eso, una fábula, que ahora casi ningún historiador se atreve a sostener.
Si bien las demandas e ideario federalistas encuentran sus títulos en las raíces hincadas a lo largo de dos siglos de luchas contra el despotismo del centro, también es verdad que a su sombra han crecido las malas yerbas del caciquismo, las oligarquías locales y los abusos de poder. A veces no sabemos si era mejor el sistema cuyos usos ocasionalmente servían para meter al orden a los gobernadores aprovechados o el actual, que les ha permitido convertirse en sultanes, verdaderos depredadores de los fiscos estatales. Algo similar puede decirse de los presidentes municipales.
¿Cómo olvidar que apenas tuvieron cierta autonomía los ayuntamientos, la utilizaron para asignar insultantes sueldos de gerentes y empresarios a regidores y alcaldes? ¿Y las extravagantes compras o rentas efectuadas por estos últimos (según el sapo) para transportarse en ostentosos vehículos de lujo y hasta en helicópteros?
Aunque sea muy manida la frase, hemos de aprender de las lecciones venidas de la historia. En la capital de la república muchos dirigentes de esta malhadada plutocracia partidaria padecida por el país, suponen que restringiendo o de plano liquidando las autonomías locales, desde sus poderosos sitiales podrán organizar el Estado y hacer eficientes a sus instituciones. Las resultantes ya son conocidas: la hipertrofia y prepotencia de la burocracia federal, la inopia política en las entidades federativas, el país de una metrópoli concentradora de recursos económicos y culturales. Previsiblemente, inconformidades y conflictos en la escala de la protesta hasta la rebelión.
El pacto federal no es eso. Implica establecer unas pocas reglas claras y generales donde se prescriban facultades, se distribuyan los recursos disponibles con equidad, se obligue a la austeridad y se proscriban la impunidad y el despilfarro, acompañadas estas normas por otras, en las cuales se prevean sanciones a los funcionarios ineficientes, abusivos o ladrones.
