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1457 26 Noviembre 2013

 

Vetar al gober vetón
David Carrizales

Monterrey.- La bancada panista presentó una iniciativa para crear una ley que reglamente el derecho de veto del Ejecutivo estatal, a fin de que sus observaciones a una iniciativa de ley o reforma aprobada por el Congreso local, “se sustenten en criterios objetivos y no en apreciaciones subjetivas o de conveniencia política”.

La propuesta del blanquiazul, pretende crear una ley que reglamente el artículo 71 de la Constitución Política del Estado, para una efectiva división y equilibrio de poderes. Expuso el PAN que su objetivo es regular el derecho de veto, para que éste se ejerza respetando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública.

En la iniciativa se asienta que “no podrán formularse observaciones (vetos) que comprometan tales principios, ni tendrán valor alguno las que llegaren a plantearse respecto de normas o decretos en los que el Ejecutivo del Estado tenga un interés directo, como serían las que entrañen disposiciones recaudatorias o presupuestarias, o cualesquiera otras en las que exista un interés semejante”.

Argumentaron los panistas que el artículo 109 de la Constitución General de la República, establece en su fracción tercera que “se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones…”

De la anterior se desprende que ningún acto que entrañe el ejercicio de una función pública puede realizarse en violación a tales principios.

“El Gobernador Constitucional no puede ejercer el veto a capricho, sino en forma razonada, fundada y motivada, además de que no es un recurso personal con que cuente para defender sus derechos, sino para establecer observaciones que tiendan a culminar en una condición más justa, que se suponga afectada en un proyecto de ley”, enfatizó Acción Nacional.

En tanto, el grupo legislativo del PRI, por conducto del diputado Daniel Torres Cantú, presentó una propuesta para reformar por adición la fracción III del artículo sexto de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado de Nuevo León, para que se incluya la talla pequeña (estatura inferior a 1.40 metros), como una de las condiciones por las que ninguna persona debe ser excluido o discriminado, sumándose a las de sexo, edad, origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, económica, de salud, preferencia sexual, y estado civil entre otras.

 

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