Atropellos a Radio TyL
David Carrizales

Monterrey.- Dentro de un largo proceso que se remonta a 2008, la Red de Radios Comunitarias, AC, Amarc México y el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos AC (Omdhac), denunciaron al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por atropellos en contra de los operadores de la radiodifusora comunitaria “Radio Tierra y Libertad” de esta ciudad.

Como se recordará, el caso se remonta al 6 de junio de 2008, cuando al término de la transmisión del programa de “Los pequeños locutores” donde  infantes de la comunidad conversaban acerca de sus derechos, más de 250 policías federales con armas largas irrumpieron en la radio para desmantelarla y clausurarla, a consecuencia de una denuncia de la secretaría de Gobernación que originó la averiguación previa 83/UEIDAPLE/2/2008.

Los abogados que llevan el caso, Gisela Martínez de Amarc México y Carlos Treviño Vives, de Omdhac, mencionaron que desde el 8 de noviembre de 2002, los integrantes de la radio comunitaria habían presentado una solicitud para que se les concediera el permiso de transmitir. Sin embargo, ante la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, decidieron seguir con las transmisiones en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Lamentablemente, para casos de radios comunitarias que operan sin permiso, la autoridad aplica de manera arbitraria y discriminatoria sanciones administrativas o penales sin que sean claros los criterios de decisión.

Expusieron que el 29 de octubre de 2010, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, condenó al responsable de la radiodifusora, Héctor Camero Haro a dos años de prisión, con beneficios de condena condicional.

El caso llegó hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin que se pudieran obtener beneficios para la radio comunitaria. Fue hasta luego de mucho insistir que se logró sacar nuevamente al aire la radio, pero con una potencia reducida en la frecuencia de 98.5 de FM.

Gisela Martínez y Carlos Treviño Vives, declararon que existieron diversas violaciones a la libertad de expresión por el cierre y el permiso en baja potencia y debido al proceso por la aplicación desproporcionada y abusiva del derecho penal, además del por el trato discriminatorio que ha sufrido la radio.