TRANSICIONES
La misma guerra
Víctor Alejandro Espinoza       

Tijuana.- Michoacán es un claro ejemplo de lo que se define como un Estado Fallido, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida del control del poder gubernamental sobre su territorio, es decir, de la característica básica que define a un Estado: la salvaguarda del monopolio del uso legítimo de la fuerza, como lo definió el sociólogo alemán Max Weber. 

A Felipe Calderón, el presidente michoacano, le molestaba sobremanera la caracterización del Estado Fallido; por ello se empeñó en demostrar que la estrategia punitiva era la mejor para enfrentar la violencia que padecía su entidad. Pensaba que la violencia se podía combatir militarizando las calles y las plazas. Pero esa política de seguridad fracasó y se tradujo en miles de muertos durante el sexenio.

Siendo su estado de origen, Felipe Calderón ahí arrancó lo que llamó la “guerra contra el crimen organizado”, que luego decidiría matizar y nombrarla como una “lucha contra la delincuencia”. Tenía un especial interés en lograr pacificar la entidad. Pero todo fue infructuoso: dos cárteles crecieron y se consolidaron: los caballeros templarios, en realidad un desprendimiento del grupo original: la Familia Michoacana.

Michoacán es una entidad con alta marginación y por lo mismo expulsora tradicional de fuerza de trabajo; una sociedad profundamente desigual pese a sus riquezas naturales. En ese contexto anidaron los cárteles de la droga que fueron ganando territorio y poder frente a autoridades locales omisas o coludidas. Y un gobierno federal que decidió abandonar a su suerte al gobierno local. Ahora, ante el escándalo internacional por la movilización de las llamadas “autodefensas”, el gobierno de Enrique Peña Nieto decide regresar a la entidad a través del ejército y la policía federal.

Pero la estrategia fracasada contra el crimen organizado ha consistido en militarizar las regiones y las ciudades. El ejército, la marina y la policía federal enviados a las zonas de guerra para tratar de pacificar. Lo que hemos tenido es la aprehensión de algunos capos, a lo que ha seguido la proliferación de grupos que se disputan el control de la plaza. Algo así como podar los árboles.

Insisto, en el caso de Michoacán, el abandono de la federación es evidente. Pero también las autoridades estatales fueron incapaces de brindar soluciones; hoy, un gobernador, Fausto Vallejo, que sólo inspira lástima por su delicado estado de salud. Imposibilitado para convocar nada ni a nadie, se aferra al poder. Un gobernador interino que lo suplió mientras recibía un trasplante de hígado y que fue señalado por tener nexos con líderes del narco; un Congreso local incapaz de llamar al orden. Todo se conjugó para dar por resultado una entidad ingobernable.

Ante ese vacío de poder, ciudadanos hartos de la violencia decidieron organizarse. Surgieron las llamadas “autodefensas”, que con sus acciones llamaron la atención nacional e internacional. Ciudadanos que deciden combatir a los cárteles, no es poca cosa. Iniciaron su avance sobre distintos municipios y ante la cercanía de tomar Apatzingán, el gobierno federal reaccionó. Hoy lo que se vive es un impasse: el secretario de gobernación solicitó su desarme y a cambio de ello pacificar la región mediante la toma de plazas por parte del ejército y la policía federal. Los dirigentes de las “autodefensas” señalan que no se desarmarán hasta que aprehendan a 7 de los principales líderes de los cárteles.

Lo cierto es que la incertidumbre reina sobre el futuro de Michoacán.  Nadie en su sano juicio puede apostar a que con la llegada de la federación los problemas están resueltos. Quizás lo que podríamos ver a corto plazo sería el repliegue de los grupos delincuenciales y el eventual desarme de las “autodefensas”; pero a mediano y largo plazo, ante la salida de las fuerzas federales, el problema volvería a emerger y recrudecerse.

No se puede combatir la violencia con más violencia; la solución debe ser integral, fincada en elevar la calidad de vida de los michoacanos. En sociedades desiguales e injustas, con problemas endémicos de corrupción y una clase política incapaz, difícilmente se puede erradicar la violencia con solo acciones punitivas. Ya siete años lo han demostrado de manera fehaciente; ¿cuántos más?

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
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