Los desafíos para Michel Bachelet
Víctor Orozco

Chihuahua.- El próximo 11 de marzo Michel Bachelet será presidenta constitucional de la república de Chile. Este hecho ha despertado grandes expectativas para las mayorías de aquel país y también para las del conjunto de América Latina, porque ganó abrumadoramente las elecciones de noviembre pasado (62 por ciento contra 38 por ciento de la candidata derechista), enarbolando un programa democrático-popular, sintetizado en tres reformas fundamentales: una tributaria, una educativa y una constitucional, para desmontar los cerrojos políticos heredados de la dictadura.

La primera es indispensable para el país andino, porque el gobierno requiere de muchos mayores ingresos para financiar decisivas inversiones públicas destinadas a reducir la gigantesca brecha social distintiva de la sociedad chilena, la mayor entre todos los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Justo el día que se realizaron los comicios en Chile, el pasado noviembre, me tocó arribar a su capital. Luego visité otras ciudades y pude constatar la inconformidad por la diferencia de ingresos entre la inmensa mayoría de asalariados y los grandes empresarios. Choferes de taxis (los indispensables e inevitables informantes en los viajes), administradores de restaurantes, hoteles, guías de turismo, estudiantes, coincidían: en Chile hay trabajo, pero está mal pagado. “Tú puedes ver cómo viven los ricos, los que pueden pagar departamentos de un millón de dólares y cómo vivimos el resto”.

El salario mínimo es de 210 mil pesos mensuales, equivalentes a unos 370 dólares. La canasta básica para mantener a una persona cuesta unos 40 mil pesos, que multiplicados por cuatro de una familia, se lleva más de las tres cuartas partes del salario. Es obvio que ninguna familia podría sobrevivir con este ingreso, si le suma al gasto de alimentos el transporte, la vivienda, ropa, diversiones, imprevistos, etcétera. Deben laborar varios miembros para salir adelante. Aun así, los trabajadores chilenos están mejor pagados que los mexicanos. Pero cuando uno pelea, lo hace a partir de sus propias experiencias y situaciones. Lo que ellos advierten es una profunda desigualdad y cada vez mayores dificultades para acceder a los servicios básicos de educación, salud y vivienda.

El transporte es igualmente oneroso. Andrés Gacitúa, un eminente intelectual, posteaba esta semana un comentario sobre el alza del boleto del metro en la ciudad de México, que pasaba de 23 a 38 centavos de dólar, mientras que en Santiago cuesta 1.20 de dólar. Concluía con un irónico: “Gracias, Piñera: realmente nos estás dejando en un país pujante lleno de futuro... porque de lo presente, ya nos despojaron de casi todo. Tal parece que les ayudaste menos a los chilenos que... a los accionistas del metro”. Y es que en el país conosureño la furia privatizadora de Pinochet no dejó nada sin tocar, incluyendo desde luego al transporte público.

La otra difícil reforma propuesta por Bachelet en la campaña es la educativa. En 2011, la capital se estremeció con las multitudinarias manifestaciones estudiantiles demandantes de educación pública gratuita, desde los primeros niveles hasta el universitario. Obligaron al cambio de gabinete en el gobierno y derrumbaron el prestigio y la popularidad del presidente. Ahora, el nuevo, está obligado a cumplir con las reivindicaciones estudiantiles, receptoras de un apoyo masivo de la población. No es casual encontrar a varios de los jóvenes dirigentes como legisladores, entre ellos a Camila Vallejo, la más notoria, militante del viejo Partido Comunista, quienes resultaron entre los más votados en los recientes comicios. El combate encabezado por ellos, se libró contra un modelo educativo instrumentado por la dictadura, consistente en emplear el dinero del erario en subsidios a las empresas privadas dedicadas a comerciar con la educación. Los patrones reciben las becas de los estudiantes, que luego éstos deberán pagar por largos años. Proliferaron como hongos los negocios educativos, enriqueciendo a una cúpula de empresarios y banqueros, beneficiarios del dinero público. Por cierto, el modelito quiso ser imitado en México por el presidente Felipe Calderón, al cual dejó inacabado, pero sembrado. La disputa central entre la derecha y los sectores inconformes, estriba en la cuestión: ¿es la educación un bien público o es un objeto de lucro, como cualquier otro del mundo capitalista?  Es la misma sobre la cual teoriza Noam Chomsky, quien denuncia el retroceso sufrido por la educación en EEUU, frente a la gratuidad de la misma en otros países y regiones, entre los cuales señala a Finlandia, hoy en la punta de los rangos mundiales en calidad y en oportunidades. O incluso a México, con la UNAM sobre todo. También se refiere al tema un cartel de un manifestante solidario con los estudiantes chilenos: “Mi hijo estudió gratis en Cuba y hoy debo 16 millones por mi hija que estudia en Chile”. Para transformar este inequitativo y expoliador sistema, el gobierno debe enfrentar dos formidables problemas: necesita recursos con los cuales financiar a las instituciones nacionales. Para obtenerlos ha de hacer antes la prometida reforma fiscal e incrementar impuestos a las grandes empresas, cuyos dueños se han aprovechado a manos llenas.

El otro obstáculo es el representado por el candado constitucional que impide transformar el sistema educativo. Se trata de uno más de los seguros dejados en la constitución pinochetista por todos lados: senadores vitalicios (ya eliminados), mayorías calificadas para cada modificación, sistema político binominal destinado a evitar las derrotas legislativas de las derechas y el ascenso de otras fuerzas minoritarias pero significativas como el Partido Comunista. Si en algún país del mundo los proyectos e intereses de las clases dominantes han sido explícitamente instalados en la ley es en Chile. Bachelet ha ofrecido acabar con este régimen de prerrogativas y privilegios, para sustituirlo por uno representativo de la sociedad plural e informada, como es la chilena. Pero, en un círculo vicioso, de acuerdo con las reglas de la constitución actual, su mayoría en la cámara de diputados y en la de senadores no es suficiente para reformarla. Habrá de valerse de un gran talento, con el objeto de unificar a todas sus fuerzas y doblegar resistencias.

La nueva presidenta del senado será Isabel Allende (hija del recordado presidente de la Unidad Popular), quien hará entrega de los símbolos del poder estatal a Michel Bachelet, otra mujer, militante del mismo partido socialista. Lleno de simbolismos y recuerdos emotivos para las izquierdas latinoamericanas, este acto, concita también muchas esperanzas en el cambio democrático. Sin embargo, éste no se producirá con facilidad y tampoco se encuentra a la vuelta de la esquina. Alcanzar las anheladas conquistas de salud, educación, vivienda, mejores salarios, democracia, implica alterar sustancialmente las políticas públicas. Los chilenos saben gracias a la riquísima experiencia de sus luchas centenarias, sobre todo las libradas en las últimas décadas, que ello exige unidad en el programa y en la acción. El regreso de Michel Bachelet al palacio de La Moneda se hace bajo el signo de un viraje hacia la izquierda, justo porque hacia este rumbo se orientan las movilizaciones sociales y el grueso del electorado. Allí permanecerán si no son defraudados por las divisiones internas o las reculadas de frente a la oligarquía, definida muy bien por un cartel leído en el centro de Santiago: “Si no tomamos el poder, ¿Sabía usted que: ...la derecha ama al País, pero odia a la mayoría de los que viven en él?)”