Libertad de prensa, bandera vigente
Pablo Vargas González

Pachuca.- El 3 de mayo se ha considerado como día mundial de la Libertad de Prensa por los diferentes organismos internacionales. No es un día sólo para la anécdota o para los desayunos y comidas de gobernantes y políticos con los representantes de los medios de comunicación dedicados a la difusión de noticias. En México es un día para celebrar y además levantar la voz para que se garanticen el conjunto de derechos y libertades de expresión.

Sobre todo en el contexto de antecedentes y estadísticas que son de llamar la atención y requieren no dejar que pasen inadvertidas. Venimos de años duros para el ejercicio de los derechos civiles en México. La libertad de expresión está fuertemente vinculada a la libertad de prensa. En la medida que los medios de prensa se encuentren débiles, en riesgo o en carencia de autonomía la liberta de expresión se encontrará restringida y el proceso democrático estará fallando.

La libertad de expresión fue abiertamente menoscabada en los doce años de alternancia y no se generaron los mecanismos efectivos para salvaguardarla. En el periodo de Fox hubo 22 periodistas asesinados, y según la organización Artículo 19,  en el lapso 2006-2012 murieron 47 periodistas por su trabajo profesional. También diversas casas periodísticas fueron violetamente agredidas, el discurso bélico y  la censura menoscabaron seriamente la libertad de imprenta.

Los diferentes mecanismos creados fueron insuficientes y tardíos. En diciembre de 2010 se instaló el comité consultivo para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas en la SEGOB. Además la fiscalía especializada en la materia, que nació en 2006 y que cambió de nombre a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hasta la fecha no ha dado los resultados necesarios para combatir la impunidad.

Paralelamente se trabajó desde el año 2011 en la creación de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que fue aprobada en abril de 2012, así como la reforma constitucional al artículo 73 fracción XXI, aprobada en junio de ese mismo año, que le permite a la federación conocer y atraer los casos de delitos en contra de la libertad de expresión. México se ha ganado el calificativo como uno de los peores países para la libertad de expresión y ejercicio del periodismo.

En Hidalgo hay circunstancias que debemos vigilar, con el propósito de que agresiones a periodistas sean atendidas de acuerdo con las normas locales y federales. La ley de derechos humanos en Hidalgo contiene un capítulo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

En semanas pasadas, periodistas hidalguenses denunciaron agresiones de alcaldes del Valle del Mezquital, entre ellos los de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza y su ex vocero Tomás Pérez Casas; el de Progreso, Alfredo Zúñiga Avilés, y los de Mixquiahuala, Tlaxcoapan  y Tlahuelilpan. Pero no son los únicos políticos que se creen por encima del Estado de derecho.

Tres periodistas fueron agredidos, en diferentes momentos y lugares. El colmo es que en muchos casos “mostraron el cobre” e hicieron gala de “influencias” para imponer decisiones a los medios de comunicación. Uno fue despedido por publicar alza salarial arbitraria del cabildo en Tlaxcoapan.
Un grupo de periodistas tuvieron que tomar medidas para la defensa de sus derechos. Se presentaron el 14 de abril en el congreso local y se manifestaron pacíficamente con la exigencia del respeto irrestricto a su integridad y oficio. Afortunadamente los informadores fueron recibidos por una comisión integrada por diputados de diversos partidos pero sin que hubiera ninguna declaratoria. Tampoco se sabe de la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, habrá que decirles que es un asunto de oficio.

Las libertades de prensa y de expresión siguen acosadas a lo largo del territorio nacional. Es tiempo de frenar abusos y agresiones de poderes facticos, así como hacer de estas libertades garantías plenas de la gobernabilidad y el estado de derecho.