TRANSICIONES
De haberes ofensivos
Víctor Alejandro Espinoza

Tijuana.- Espero que la indignación generalizada por la reciente aprobación en el  Congreso de la Unión de una pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sirva para iniciar un debate serio sobre las prestaciones y sueldos que reciben los altos funcionarios de los tres poderes en México en los ámbitos federal y estatal.

Hace ahora tres años, en 2011, una iniciativa que permitiría la revisión de las condiciones salariales de la alta burocracia mexicana quedó congelada en la Cámara de Diputados. Se trata de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, que prometía una limitación a las ofensivas remuneraciones de los servidores públicos de los tres poderes. Hoy parece ocasión propicia para desenterrar esa propuesta legislativa.

Bajo el argumento de que se debe remunerar muy bien a los funcionarios de la administración pública para evitar que se escapen o sean cooptados por la iniciativa privada, en los últimos años se han multiplicado las percepciones de la burocracia de alto nivel o mandos superiores. Según el senador, Armando Ríos Piter:” Entre 2000 y 2012, el gasto en servicios personales en todos los niveles de Gobierno creció en 141.6% en términos nominales, mientras que en los gobiernos locales el incremento fue de 152%” (Frontera, 23/05/2014, p. 31A). La brecha entre los salarios de la alta burocracia y el grueso de los servidores públicos se ha ensanchado. Salarios millonarios contra percepciones raquíticas han generado una polarización en el empleo público mexicano.

Por si fuera poco, el 30 de junio de 2000, al final de la administración de Ernesto Zedillo, se creó el Seguro de Separación Individualizado, para generar un ahorro que les permitiera a los altos funcionarios subsistir al terminar su encargo; lo que significó que pudieran ahorrar hasta un 10 por ciento de su salario bruto, o incluso hasta el 100 por ciento del neto; y por cada peso, el gobierno pondría otro. Al final, son sumas millonarias las que perciben al terminar su encargo. Esto ha llevado a un derroche inadmisible.

Me parece que la propuesta del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, de revisar los salarios y prestaciones de la burocracia de los tres poderes, es pertinente. Anteriormente ya lo había propuesto Andrés Manuel López Obrador, pero todos se hicieron de la vista gorda. Hoy es una necesidad si no se quiere que la brecha entre gobernantes y gobernados siga creciendo. La mayoría de los mexicanos tienen una opinión negativa de los funcionarios, entre otras cosas porque sus salarios y prestaciones resultan indignantes.

Desde luego que también se tienen que revisar las pensiones de los ex presidentes de la República y el costo que representa mantener un ejército de guardias y ayudantes para ellos y sus familias. Y se debe revisar la situación de ex gobernadores, ex alcaldes y ex funcionarios que continúan cobrando jugosos salarios. (Por ejemplo, hay magistrados y senadores que durante las dos últimas décadas han seguido  recibiendo su salario como académicos de tiempo completo). 

Estos temas saltaron a la opinión pública cuando el pasado 15 de mayo en el dictamen sobre las normas secundarias en materia político-electoral que envió el Senado a la Cámara de Diputados, se introdujo subrepticiamente una reforma al “artículo 209 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial federal, que permitiría entregar un ‘haber de retiro’ a los siete magistrados electorales cuando concluyan su encargo, en 2015. Al año, cada uno recibe un salario superior a 3.7 millones de pesos. La falta de precisión sobre la cantidad de dinero que se les entregará y durante cuánto tiempo, ha causado que el ‘haber de retiro’ se equipare con la pensión vitalicia que reciben los ex ministros de la Suprema Corte”. (http://aristeguinoticias.com/2105/mexico/haber-de-retiro-no-sejustifica-magistrados-si-tendran-empleo-al-salir-del-tepjf-investigacion-mvs/)
La polémica ha servido para ponderar esa medida ofensiva y desproporcionada, pero debe ser una oportunidad para discutir abiertamente el tema de salarios y prestaciones para la burocracia de nuestro país. Urge un nuevo marco normativo que ponga freno a los exorbitantes y ofensivos pagos a la alta burocracia.

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte
victorae@colef.mx
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