HORIZONTE CIUDADANO
Feminicidios en boga
Rosa Esther Beltrán Enríquez

Saltillo.- La violencia de género gana la partida. Rashida Manjoo, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, visita México y asegura que, en este país el Estado incumple su responsabilidad ante la violencia de género, porque no ha comprendido cómo prevenirla, investigarla, sancionarla y erradicarla, ya que con esa violencia enfrentamos la violación más generalizada a los Derechos Humanos, y por tanto no han actuado con la debida diligencia, sostuvo.

El discurso de Manjaoo preocupa y perturba porque asegura que, “hay muchas debilidades en la exigencia de responsabilidad a las y los funcionarios del Estado”.

Las causas y consecuencias para entender, comprender y abordar la violencia contra las mujeres se enfrentan a la falta de pericia de las autoridades y esa es una barrera para superar la impunidad y acceder  a la justicia, pero además ese gran obstáculo lo afrontan también las mujeres por la falta de comprensión de lo que es la cultura de la violencia de género, la que es grave especialmente para las migrantes, las indígenas y las mujeres pobres y un síntoma de la generalización de la discriminación y desigualdad por motivos de género.

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) feministas, defensoras de derechos humanos y mujeres sobrevivientes de violencia se han entrevistado con la funcionaria de la ONU para darle a conocer los rezagos que el país arrastra en materia de violencia de género a ocho años de publicado el Informe sobre Derechos Humanos de las Mujeres en México, que a la fecha no ha redundado en cambios estructurales para una eficaz erradicación de la violencia de género y de la cultura de que las mujeres somos inferiores, ya que si no logramos cambiar eso no eliminaremos la violencia, por lo que es preciso trabajar contra la falta de un compromiso real de los Estados por lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

El año pasado el INEGI publicó un estudio en el que informaba que en Coahuila, en promedio cada año son asesinadas 60 mujeres por parte de sus parejas; aunque el estudio es vago ya que no precisa si se trata de feminicidios, o sea crímenes con signos de lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, normas que el Código Penal del Estado tipificó en 2012 y para los que estableció penas que van de 18 a 50 años. Dicha legislación establece también penas de prisión a los funcionarios que por acción u omisión dilaten la procuración y administración de justicia, pero ya sabemos que tenemos buenas leyes pero es exigua o nula su aplicación. 

A principios de 2014, el subprocurador de Atención a Delitos contra Mujeres por razónes de género, Alfonso Yáñez Arreola, refirió que en 2012 se registraron 144 homicidios dolosos y en 2013 la cifra disminuyó porque fueron 94, el 70% de ellos relacionados con la delincuencia organizada, pero Yáñez no informó que se tratase de feminicidios.

Por otra parte, ayer el Inmujeres advirtió que de 2007 a 2012 se registraron en el país 12 mil 263 feminicidios, lo que representa un aumento de 155 por ciento; sólo entre 2010 y 2012, se registraron un promedio de 7.1 feminicidios diarios, lo que muestra que estamos en un esquema profundamente estructural de violencia y discriminación contra las mujeres.
La legislación federal contra la violencia de género prevé la Alerta de Género como un mecanismo aplicable en zonas de  frecuente violencia feniminida y el Inmujeres analiza emitir alertas en Guanajuato, Morelos, Edomex, Chiapas y Nuevo León, aunque los gobiernos estatales suelen eludir hasta donde les es posible que la Alerta de Género se aplique en sus entidades porque es exhibirlos como omisos o hasta cómplices de los delincuentes.

Ojalá, la visita de Rashida Manjoo induzca  a que el gobierno federal y los estatales pasen de la retórica a la acción y el compromiso en defensa de los derechos de las mujeres y contra los feminicidios.