MUROS Y PUENTES
La crisis de los menores migrantes
Raúl Caballero García

Dallas.- La crisis de los menores migrantes ha puesto en jaque no sólo la capacidad de respuesta del gobierno federal estadounidense, cuyos organismos se han declarado rebasados; también jaquea (más) al maltrecho sistema de migración, al tiempo que –para seguir con la figura sobre el tablero– amenaza al Departamento de Salud y ensombrece con su presencia al Congreso, ya que su mayoría –las bancadas republicanas– tiemblan de ira e intolerancia.

La situación, hoy, es ésta: durante los últimos ocho meses la patrulla fronteriza ha detenido en la frontera con México a 57 mil menores que viajan solos, de los cuales sólo entre mil 300 y mil 500 han sido deportados. O sea que más de 55 mil permanecen en EU; ¿dónde?, en improvisados campamentos dentro de bases militares en distintos estados; también en instalaciones de organizaciones no lucrativas, como Caridades Católicas que apoyan al gobierno federal dando albergue y atendiendo a muchos de los menores detenidos, ayudando asimismo a localizar a sus familiares, dejándolos con éstos cuando los localizan y en los últimos días vienen convocando y capacitando a residentes voluntarios dispuestos a albergar en sus hogares a los niños migrantes –en el Norte de Texas lo hacen con el apoyo de autoridades del Condado Dallas–, en tanto se localizan familiares o se tramita su deportación, lo cual puede durar meses o años.

El hecho, hoy, es que las autoridades migratorias no se dan abasto para procesar el trámite burocrático, que al tratarse de menores no debe pasar de 72 horas; tampoco hay suficientes jueces para dar cauce legal a cada caso, encima proliferan ya –afortunadamente– defensores de derechos humanos que reclaman trato digno y el derecho de que cada chico cuente con un abogado.

Para llamar la atención en su defensa distribuyen boletines en salas de redacción, los volantean en manifestaciones, los ventilan en la radio y la televisión... son los datos legales que amparan la presencia de estos menores indocumentados, procedentes de países no contiguos, los que luego de 72 horas deben ser puestos a disposición del Departamento de Salud y, de acuerdo a sus derechos jurídicos, luego de tres o cuatro semanas deben ser liberados, entregados a familiares, o a quien se haga responsable de su estadía en tanto esperan un juicio de migración, lo cual puede extenderse por años.

Por eso se presume que esos datos legales se vocean también en toda la América Central; por eso se piensa que esta oleada de menores no acompañados ha sido impulsada además de por la violencia de la que huyen, por las voces de coyotes o polleros que han estado haciendo su agosto; por eso Obama ha pedido 3 mil 700 millones de dólares, de los cuales usará una parte para habilitar más jueces y más agentes migratorios, tanto en el campo como en los escritorios.

Por eso también los republicanos este miércoles (9 de julio) salieron a escena para condicionar los fondos pedidos por Obama a la agilización de las deportaciones. Quieren saltarse las trancas legales para expulsar a esas decenas de miles de niños migrantes indocumentados. Por eso como opositores, los republicanos han politizado hasta la náusea el asunto, criticando a diestra y siniestra las políticas de la Administración Obama en torno a toda esta problemática.

Pero tamaña crisis –tan bien llamada “humanitaria”, es decir, la que tiene “como finalidad aliviar los efectos que causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen”, según la academia española–, tiene un perfil sin asideros por el momento.

La realidad que hoy arroja es inédita. Reiteramos que el éxodo de menores de edad centroamericanos ha rebasado las capacidades de respuesta del gobierno federal de EU; reiteramos que uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades son los “cuellos de botella” que se generan al procesar a los detenidos y transportarlos luego a los albergues temporales e improvisados.

Gil Kerlikowske, comisionado de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, siglas del inglés), declaró durante su comparecencia ante el Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado, que aún enfrentan “el problema de que muchos niños están en detención por más de 24 horas” y también “son muchos los niños que están en custodia de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) por más de 72 horas, antes de ser trasladados a un albergue”.

La versión expuesta por Kerlikowske muestra con pocas palabras lo descomunal del problema hoy por hoy: “Aunque hemos logrado progresos, con frecuencia se ven interrumpidos cuando vemos el súbito flujo de menores que continúa llegando con mayor rapidez que con la que podemos procesar y enviarlos de regreso”.

El comisionado informó que el gobierno ha priorizado a partir de esta semana los casos de niños menores de cinco años (nunca se había visto un flujo migratorio de niños tan pequeños migrando solos), para posteriormente ocuparse de los menores de 12 años, a fin de desahogar los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza.

Indicó que intentan responder a la situación de la manera más efectiva y humanitaria posible, “pero los niños continúan llegando a la frontera”.

El reportero que recogió la comparecencia destacó el malestar de los senadores republicanos por el manejo de la situación y porque muchos menores migrantes son liberados y puestos bajo custodia de familiares y guardianes legales antes de tener una audiencia de deportación.

No aceptan que la emergencia es ante una crisis humanitaria.

El asunto tiene otros ribetes que caen en otros debates, y que tienen que ver con los múltiples países involucrados, el crimen organizado, la violencia y la pobreza en esos países. Por lo que a soluciones norteamericanas se refiere, hay de dos sopas, a saber: derogar la ley –firmada por George W. Bush, por cierto– que involucra al Departamento de Salud en la atención de los menores, lo cual es improbable; o realizar –como sugiere Jorge G. Castañeda en El País– la reforma migratoria integral.

Pero como restablecer de una buena vez el deplorable sistema migratorio con la reforma migratoria también es improbable, lo que sigue –como siempre– es un escenario político (recuerde que ahí viene noviembre con sus elecciones intermedias); el que maneje mejor su actuación en esta crisis puede salir mejor librado.

Pero nadie debe olvidar ni dejar de lado el parlamento principal: garantizar los derechos humanos de esos niños que, por si todo eso fuera poco, siguen llegando.