LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Reforma del Politécnico
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- Las manifestaciones públicas de alumnos y maestros del IPN que se han presentado esta semana en el Distrito Federal llamaron la atención, no sólo porque decenas de miles de estudiantes salieron a la calle, sino que se observó un comportamiento pacífico y hasta de cuidado ecológico y que se dirigieron a la Secretaría de Gobernación y no a la Secretaría de Educación Pública. El IPN es una institución “sectorizada” en la SEP.

La protesta pública tiene su origen en la puesta en marcha de nuevos planes de estudio y de un cambio muy importante en su Reglamento Interno. En el reglamento se establecen nuevos criterios, políticas y normas de la Institución. Se trata de cambios relevantes que a juicio de alumnos y maestros modifican aspectos fundacionales del IPN, en enfoque y misión.

De acuerdo a la Directora General del instituto, con el nuevo reglamento se trata de armonizar la normatividad interna con la del gobierno federal, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma educativa; principalmente en los aspectos relacionados con el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento del personal docente del instituto. Esto ha motivado la reacción de los estudiantes y de los docentes, quienes como todos los maestros del servicio público educativo habrán de someterse a evaluación.

Los cambios que se perfilan en el nuevo reglamento van muy en línea con la estrategia de desarrollo institucional que ha promovido la Anuies (entre las universidades públicas autónomas) desde hace lustros. Se busca una mayor vinculación con el sector productivo, se impulsa el emprendedurismo y la creación de incubadoras; la investigación científica y el desarrollo tecnológico se sujetan a criterios de comercialización; las posiciones directivas ya no serán exclusivas de los egresados de la Institución o de los profesores de tiempo completo; los docentes tendrán que observar un sistema de evaluación para su ingreso y permanencia. Se reducen los espacios de participación de los estudiantes y de los maestros. 

Entre las funciones sustantivas del IPN se plantean modificaciones en materia de investigación científica  y el intercambio, la extensión y la divulgación del conocimiento. Se elimina toda referencia al otorgamiento de apoyos y estímulos a la investigación. Pero sí se establece que la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico podrán genera recursos adicionales al IPN. En otras palabras, que se podrán comercializar. Esto es un cambio importante en cuanto al origen del financiamiento del trabajo científico.

Se propone la creación de Unidades de Apoyo a la Investigación, al Desarrollo y al Fomento Tecnológico y Empresarial. Esta orientación se percibe como la privatización de la investigación realizada en el instituto, ya que coloca a la investigación como una pieza dentro del fomento empresarial. Se eliminan orientaciones de política como la desconcentración de las actividades de investigación científica y tecnológica: objetivo histórico de la política nacional en ciencia y tecnología. 

La crítica a esta orientación parte de que con la investigación científica producida en el IPN se beneficiará al sector empresarial, que se le estaría subsidiando. Esto, consideran, violenta la Ley Orgánica, porque a través de un reglamento se le cedería al sector empresarial la investigación financiada desde el Estado.

En materia de enseñanza, en las escuelas de nivel superior (ingenierías) se introduce la figura de Técnico Superior Universitario, como una salida intermedia a nivel profesional. Es una opción para quienes no estén en capacidad para transitar toda la carrera profesional.

Se suprime la referencia a los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt). Lo que supondría su desaparición.

El nuevo reglamento elimina la participación de la academia en la asignación de funciones académicas al docente y en los criterios para el ingreso de personal académico. Se incorpora la noción de la evaluación de la calidad educativa del docente, pero “se elimina la responsabilidad académica del instituto por ofrecer o impulsar programas de formación a nuevos profesores e investigadores”.

De hecho, para ser director, subdirector o jefe de sección se elimina el requisito de ser egresado del IPN o profesor de tiempo completo. Se modifica así un principio que se ha observado desde hace muchos años.

Los críticos señalan que no están claros los criterios para la asignación de becas y estímulos ni para la evaluación en general de los profesores; marcan la eliminación de los medios didácticos y tecnológicos de apoyo a la docencia.

Se modifican y reducen los mecanismos de participación de los docentes, como el Colegio de Profesores o el Colegio Académico de Posgrado.

También cuestionan que con la introducción del concepto “cultura empresarial” en los proyectos del instituto, “se privilegia al sector privado por encima del sector público”.

El anteproyecto del Reglamento señala a la Secretaría de Educación Pública (SEP) con autoridad para hacer el reconocimiento oficial de estudios. “Esto le da una injerencia directa al gobierno federal en la vida académica del instituto”, consideran los estudiantes; pero esto, siempre ha sido así.

Los derechos de participación estudiantil se ven reducidos. Se quitan derechos a estudiantes, hasta el de ser escuchados antes de ser sancionados.

En el nuevo Reglamento se omiten los criterios para determinar cuándo un alumno puede recursar unidades de aprendizaje y/o cuándo pierde su calidad de alumno, en la modalidad escolarizada.

Además, ordena la “baja del programa académico” de los alumnos que adeuden “una o más unidades de aprendizaje” por dos periodos escolares posteriores al que cursaron por primera ocasión; se elimina el artículo que planteaba la opción de “baja temporal”.

Ya no se estipulan los servicios a los que tienen derecho los alumnos, tales como el derecho a la salud. “Estos ya no se garantizan, quedan sujetos a políticas y lineamientos”, subrayan en el análisis los estrudiantes.

Se elimina el reconocimiento de las asociaciones estudiantiles y el derecho de los estudiantes a ejercer su defensa, y con ello se “lesiona fuertemente los derechos de libertad de expresión política”.

Se fortalecen las facultades del director del IPN. Se le faculta para desaparecer coordinaciones generales y para expedir reglamentos y acuerdos sin la opinión previa del Consejo General Consultivo. Se le da autoridad para controlar lo que se publique en la Gaceta Politécnica. Incluso, se le da opción de resolver “todo lo no previsto en el reglamento”.

En materia de evaluación institucional se hace referencia a una evaluación externa interinstitucional. La utilización de índices o indicadores diseñados a nivel internacional para evaluar/ponderar los esfuerzos institucionales, es una práctica que se está ampliando en el ámbito de las instituciones de educación superior: públicas y privadas.  

En general, se trata de cambios que imponen una agenda que ya no es novedad en el ámbito de la educación superior en México; no por ello, sin embargo, están acreditados como soluciones eficaces o exitosas. Lo que falló de plano fue la estrategia de diseño e implantación del nuevo modelo para el IPN; los cambios no fueron negociados ni mucho menos consensados entre maestros y alumnos. ¿Un problema de ingeniería institucional?

Se han propuesto “soluciones” al conflicto; diferir la entrada en vigor de los nuevos planes de estudio y el reglamento; otorgar la autonomía al IPN, al estilo de las universidades públicas; integrar comisiones tripartitas para el análisis puntual de las reformas.

Sin duda que, como todas las instituciones de educación superior, el IPN debe ser flexible y capaz de actualizarse y ponerse al día en materia de planes y programas. Esta renovación, sin embargo, no tiene por qué implicar el cambio de su vocación institucional y de sus principios fundacionales, o seguir la línea de la homologación con el resto del sistema de educación superior. Habría que ser consecuentes con la línea de la innovación. El IPN, como la UNAM, tienen una vocación nacional, no son universidades del Distrito Federal.