HORIZONTE CIUDADANO
¡Contra el silencio!
Rosa Esther Beltrán Enríquez

Saltillo.- En México los gobiernos fallidos abundan, presidentes de la República, gobernadores, alcaldes, son multitud los que abonan a la ineficiencia y en mucho al asalto de las arcas públicas.

Por eso no es un exceso afirmar que en los poderes públicos se ha instalado el abuso del poder, el ejercicio del despotismo, las gubernaturas virreinales, en fin, lo que podemos llamar: enclaves autoritarios subnacionales en los que campea el arbitrario uso del poder.

Desde  dichos enclaves los gobernadores controlan al Poder Judicial, al Legislativo, las comisiones de derechos humanos, lo que todavía queda de los institutos locales electorales; los medios locales viven de los convenios gubernamentales y las actividades ciudadanas son susceptibles de ser reprimidas con facilidad.  

En Coahuila la degradación del poder político es delirante; las desapariciones forzadas en total impunidad suman centenas. Los casos de los funcionarios públicos que han colaborado con la delincuencia, como Claudia González  López la ex subdelegada de la PGR, ahora en prisión y Humberto Torres Charles, por quien la PGR ofreció 3 millones de pesos de recompensa a quien proporcionara información veraz,  y hermano de Jesús el ex fiscal general de Coahuila, aunque Jesús Torres Charles no fue tocado siquiera con el pétalo de una investigación judicial, ¿acaso un buen fiscal  podría ignorar lo que  hacía su hermano?,  de ahí se infiere con nitidez la colusión entre funcionarios y delincuentes y la impunidad de ambos.

No se puede ignorar que el moreirato ha protegido a  delincuentes, de otra manera no se explica por qué, a Javier Villarreal Hernández, prófugo de la justicia en los Estados Unidos y quien finalmente se entregó por su voluntad a esas autoridades que lo están juzgando, aquí se le abrieron las puertas para su flagrante huida y hasta se premió  a quienes debieron procesarlo e inclusive la mayoría priísta del Congreso local se negó a  iniciar un proceso de investigación contra él por los ilícitos relacionados con los sobornos que aceptaba para otorgar contratos  tras declararse culpable de los cargos de conspiración y lavado de dinero ante una corte federal de San Antonio, Texas, este es sólo un botón de muestra de lo que el moreirato ha realizado para construir su dominio.

Coahuila es una entidad en donde la indiferencia y la omisión civiles  han sostenido a la violencia y  a la impunidad de la clase política, pero hay otras organizaciones que exigen transparencia,  que tiene muy claro su derecho a saber, por eso hoy se presenta el grupo: “Hasta que la deuda se aclare”,  organización que agrupa a ciudadanos que, independientemente de sus ideologías políticas coinciden en que la deuda de Coahuila es un hecho delincuencial que dañó por décadas las finanzas y las perspectivas de  desarrollo de nuestra entidad y que  además, es obvia la intención del gobierno de Rubén Moreira y de Enrique Peña Nieto para encubrir los hechos y proteger a toda costa a los responsables.

Preocupa que a más de tres años de que fue revelado el mayor desfalco financiero cometido en Coahuila, no existan detenidos en el ámbito local, no haya procesos instaurados completos y abiertos a la ciudadanía que sean fiables en contra de los responsables; que el gobernador del estado no muestre voluntad alguna por sancionar a los responsables y obtener el resarcimiento de los daños. La deuda encierra incógnitas que no conocemos y que las autoridades locales se niegan a revelar: ¿Cómo es que los ex secretarios de Finanzas no se enteraron de que ingresaban miles de millones al erario, en fechas distintas, y no hicieron nada para detener estas acciones? ¿Cómo es que dicen que les falsificaron las firmas, pero por otro lado sostienen que todo el dinero se gastó en inversiones públicas productivas?

Es decir,  “los engañaron”, según Humberto Moreira, pero a la vez se gastaron todo el dinero ingresado ilegalmente. Contrasentidos y absurdos que nadie ha podido explicar. ¿Por qué Ismael Ramos reestructuró la deuda sin permiso del Congreso, contraviniendo la Ley de Deuda Pública y en secreto con los bancos acreedores?

Contra el silencio hay que encontrar respuestas.