Derechos inherentes
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- El 10 de diciembre está consagrado por la Organización de las Naciones Unidad (la ONU), como el Día Mundial de los Derechos Humanos, con la finalidad de meditar y promover estos derechos básicos.

La fecha fue electa porque en 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas firma y adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que, en cierta medida, es producto de los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero que también cristaliza la tendencia de los gobiernos a reconocer derechos inherentes a todo ser humano.

Nunca como antes México había estado tan necesitado de garantizar los derechos humanos de sus habitantes y de tener reconocimiento mundial.

El propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, pidió al gobierno mexicano una investigación a fondo sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como de todas las demás personas de quienes se desconoce su paradero en el país.

Es la primera ocasión que Ban Ki Moon hace referencia a estos acontecimientos, aunque la Oficina del Alto Comisionado para losd Derechos Humanos y los relatores especiales ya se han pronunciado y condenando a nuestros gobernantes al respecto, a pesar de que dicha Oficina nominó y entregó el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su edición 2013, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.

El año pasado la ONU galardonó el trabajo de la Suprema Corte por promover el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en México. Pero, este año todo quedó en el papel, cuando nuestro país fue puesto vergonzosamente en el escenario mundial por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y por la ejecución extrajudicial de 23 presuntos delincuentes por parte de militares en Tlatlaya.

El pretendido decálogo presidencial por la paz, la justicia y el desarrollo, de poco ha servido tras el llamado de Peña Nieto para “superar esta etapa” y “dar un paso hacia adelante”, el cual equivale a dejar en el olvido y en la impunidad la desaparición forzada de los normalistas.

Es la misma injusticia e impunidad que sufren aún las víctimas de las matanzas del 2 de octubre y del 10 de junio, de Acteal y Aguas Blancas, crímenes de lesa humanidad que no prescriben, ni exoneran a los culpables.

Es la falta de cumplimiento del gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su obligación de esclarecer los hechos y fincar penalidades contra crímenes de lesa humanidad.

Desaparecer y ejecutar a personas sin respetar su derecho a un debido proceso, aunque sean delincuentes, es una atrocidad y la más grave violación a los derechos humanos. Se demuestra que no existe ninguna garantía a la vida, al debido proceso penal, al estado de derecho y a los derechos fundamentales.

Lo más deplorable fue la actuación del ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, responsable de conocer las quejas en contra de actos y omisiones de cualquier autoridad o servidor público que violen los derechos humanos.

Para los ojos del ombudsman fueron invisibles las desapariciones forzadas, las denuncias de torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las múltiples violaciones a los derechos humanos de los migrantes, al presentar tan sólo doce recomendaciones en cinco años de su gestión, siendo que representa la única defensa que tiene la ciudadanía, a la cual no le queda más que recurrir a las redes sociales para denunciar los abusos e injusticias, pues lamentablemente ya no le creen a los medios de comunicación.

Trabajar por los derechos humanos es fomentar libertades y valores, así como garantizar los derechos a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación, a un ambiente sano y a la no discriminación. Queda claro que aún hay mucho trabajo para ejercerlos y para que se respeten en México.