Padrón de falsificadores
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Nuevamente resurge la lucha contra los delitos inmobiliarios cometidos por las bandas de delincuentes de “cuello blanco”, pero ahora es una pelea legal encabezada por un grupo de abogados independientes. La semana pasada, dicho grupo interpuso una denuncia ciudadana en el Congreso del Estado, contra la pretensión del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León para que la Procuraduría General de Justicia del Estado elabore un padrón de falsificadores de identidad y alteradores de escrituras.

Aparte, también promovió un par de iniciativas de reforma a la Ley del Instituto Registral Catastral y al Código Civil del Estado, ambas buscando dar seguridad integral y certidumbre jurídica al derecho de propiedad que tenemos los nuevoleoneses.

Con dichas iniciativas proponen crear el folio real electrónico para blindar los sistemas de información registral y catastral, asegurando todos los movimientos -inscripciones y anotaciones- de cada inmueble, desde el primer adquiriente hasta el último, así como facilitar las transacciones y, más que nada, evitar alteraciones y duplicidades de escrituras públicas y privadas.

Todo lo anterior, debido a la necesidad de actualizar el marco legal para proteger el derecho de propiedad, así como para modernizar los anacrónicos registros públicos de la propiedad y los catastros municipales, ante el evidente crecimiento de los delitos cometidos por bandas “de cuello blanco” en nuestro Estado, tal y como lo denunciamos desde el año 2009.

Nos referimos a los fraudes de predios y casas, donde los delincuentes suplantan la identidad del dueño, falsifican las escrituras o falsean poderes para apoderarse de los bienes y despojar a sus legítimos propietarios. Lo grave es que ahora, según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el número de querellas ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales, rebasa las 195 al cierre del 2014.

El Tribunal Superior de Justicia, por su parte, reconoce que al año se dirimen entre 50 y 70 casos de nulidad de contratos de compraventa de bienes inmuebles, en los cuales se denuncia la suplantación de identidad y el uso de poderes falsos, sobre todo en terrenos baldíos o casas abandonadas. El riesgo es que estos delitos cobren auge con los grupos de la delincuencia organizada.

Frente a este problema, el Colegio de Notarios Públicos se “lavó las manos” al negar que sus afiliados cometan estas malas prácticas, pero admitiendo que han sido engañados por defraudadores en compraventas de inmuebles, con documentos que pasan ante su fe como legítimos.

Lo cuestionable es que el Colegio de Notarios pida a la Procuraduría General de Justicia que elabore un padrón de falsificadores de identidad y alteradores de escrituras con el fin de evitar los fraudes inmobiliarios.

Tal padrón de falsificadores sería contrario al principio de inocencia y, por lo tanto, inconstitucional. El padrón sólo vendría a encubrir y solapar a los delincuentes de “cuello blanco”, como el tristemente célebre Gerardo Carlos Mayer Maqueo, por lo cual nos sumamos a las propuestas de los abogados para combatir a los falsificadores por la vía legal, a través de…

1.- Reformar el Artículo 107 de la Ley del Notariado, relativo a la identidad de las partes que intervienen en los actos jurídicos.
2.- Establecer un convenio de intercambio de información con el INE, para revisar si la credencial de elector es de quien acude a la Notaría.
3.- Actualizar el marco jurídico del Instituto Registral y Catastral del Estado, para que deje de operar con mecanismos obsoletos y anacrónicos.
4.- Otorgar la validez legal a los documentos y servicios electrónicos del Instituto Registral, así como crear el folio real electrónico único.
5.- Armonizar el Código Civil con la Ley del Instituto Registral para que se transparenten los trámites y no propiciar más corrupción.

Se trata de una propuesta para modernizar los procesos registrales y catastrales, con el fin de poner un alto definitivo a los delitos patrimoniales y sacudir todo el engranaje de la cadena de corrupción de que echan mano las bandas de “cuellos blanco”, como la del pseudo empresario y constructor, Gerardo Carlos Mayer Maqueo, quien desde el 2009 busca arrebatar fraudulentamente al Frente Popular “Tierra y Libertad” la legítima posesión de un terreno en la colonia Topo Chico, destinado para construir la Universidad Nuevoleonesa Emiliano Zapata (UNEZ), lamentablemente en contubernio con autoridades judiciales y administrativas.