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1769 5 Febrero 2015

 

 

DIARIO DE UN REPORTERO
Ginebra y los desaparecidos
Miguel Molina

 

Ginebra.- Hilda Legideño y Bernabé Abraján no sonríen. Pocos sonríen en la sala de reuniones del Palacio Wilson, donde el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas evalúa lo que ha hecho México para cumplir la convención que firmó hace ocho años, un viernes de febrero.

El protocolo de la reunión entre expertos internacionales y una treintena de funcionarios mexicanos es complicado y sumamente técnico. Como todos los países, México tiene que presentar un informe periódico sobre lo que ha hecho en casos de desapariciones forzadas. Y la primera vez que lo hizo fue la mañana fría del lunes.

Los expertos –que no son empleados de la ONU sino profesionales independientes de trayectoria reconocida en la materia– leen el informe que entrega el gobierno (pero también se reúnen en sesiones privadas con organizaciones no gubernamentales y personas afectadas para evitar intimidaciones y enfrentamientos) y preparan preguntas.

En el caso de México, Hilda y Bernabé (junto con María Guadalupe Fernández y Olaya Dozal) hablaron sobre las desapariciones de sus hijos. Los de Hilda y Bernabé están entre los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala; el de María Guadalupe desapareció hace casi seis años en Coahuila, y la hija de María Olaya desapareció en Chihuahua.

No sé –ni podría repetir si lo supiera– lo que dijeron a los expertos internacionales. Las historias de estas cuatro personas son iguales aunque sean diferentes: un día les cambió la vida porque un día perdieron a uno de los suyos, y nadie puede explicarles qué pasó, dónde están, quién se los llevó...

Lo triste es que Hilda, Bernabé, María Guadalupe y María Olaya no son las únicas personas que han perdido a un familiar en México. Son miles, tal vez decenas de miles. Y más triste todavía es que ninguna institución, ninguna agencia, ningún funcionario sabe cuántos han desaparecido en el país, ni ahora ni nunca.

La sesión en la sede de la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos sirvió para que muchos viéramos a un país que no está preparado para proteger a los suyos, a un Estado que no se preocupa por cumplir de forma cabal sus obligaciones internacionales y a un gobierno ineficiente y desinformado.

No se puede explicar en este breve espacio cada pregunta de los expertos internacionales ni se puede resumir satisfatoriamente cada respuesta de los funcionarios mexicanos. Pero vale la pena intentarlo.

Para comenzar, las autoridades no tienen una idea clara de cuántos desaparecidos ha habido en México este año, ni el año pasado, ni hace cinco años, ni hace diez ni hace veinte, porque no hay registros confiables. La delegación del gobierno mexicano dijo que se trabaja en una base de datos que estará lista más o menos pronto.

Tampoco hay una ley que atienda de manera puntual el delito de desaparición forzada. La delegación mexicana aseguró que en junio habrá una ley general, aunque Julio Antonio Hernández, de la comisión de atención a víctimas, reconoció que más de la mitad de los estados del país no ha armonizado sus leyes con la ley general de víctimas. En Veracruz se aprobó una legislación que no se ha publicado...

Eliana García, encargada de derechos humanos en la Procuraduría General de Justicia, dio a conocer un dato preocupante: hay trescientos trece funcionarios públicos federales consignados por su presunta relación con desapariciones forzadas, y trece han sido sentenciados. Pero la PGR no sabe cuántos funcionarios estatales están en la misma situación.

Muchas de las respuestas de México fueron cifras. Pero no creo que alguien de quienes estuvimos durante las siete horas que duraron las tres sesiones haya avalado. Al final del primer día, el subsecretario Gómez Robledo invitó a los familiares y las oenegés que estaban en el salón a reunirse con la delegación mexicana cuando terminara la evaluación.

María Fernández y María Olaya fueron, y con ellas fueron los miembros de las oenegés que las trajeron a Ginebra. La reunión no duró mucho, pero le dio esperanzas a María Olaya, quien sintió que el gobierno “tiene un mayor compromiso con los desaparecidos y sus familias”.

En el segundo piso, en un rincón que sirve de antesala a la oficina del Alto Comisionado, Hilda y Bernabé esperaban en silencio a que la muchacha de la oenegé que los trajo a Europa hiciera algo en su computadora. Me acerqué para despedirme, les dí la mano. Se me quebró la voz y salí. Miré las aguas del lago durante mucho tiempo.

 

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