Represión en Nuevo León
Jesús González Ramírez

Monterrey.- Nuevo León no es una isla, aunque muchos de los promotores del chip regio, ese que hizo que delegáramos nuestros Derechos Humanos en una elite que controla el estado, quieran hacerlo parecer así.

Desde 2010 en adelante, desde que el asesinato aún no aclarado de Jorge y Javier en las puertas del Tec, nos enseñó que nadie estaba seguro en ningún lugar, la resistencia comenzó. En un libro de próxima aparición –Primavera Regia Pospuesta–, se ahonda más en este tema.

La marcha del 20 de noviembre del año pasado sacó a la calle a miles de personas en Monterrey y asustó al Gobierno de Nuevo León, quien decidió reactivar medidas de intimidación hacia quienes protestan, tal como ya lo hizo en 2012 contra estudiantes y colectivos. Días después de la marcha del 20 de noviembre, se “mandó llamar” al menos a 4 activistas a la Secretaría de Gobierno estatal, con la licenciada Alejandra Ocadiz, para pedirles información acerca de las protestas y quienes las organizaban.

El día 25 de febrero se dio a conocer que la Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Nuevo León, había recibido mensajes intimidatorios en su celular por haber participado en la protesta contra el robo del siglo: Monterrey VI, que se realizó el domingo 8 de febrero; esta protesta detonó también una andanada de ataques en los medios de comunicación contra uno de los líderes de la organización Reforestación Extrema; tergiversando información, intentaron que la población creyera que detrás de las protestas contra Monterrey VI está la compañía Femsa.

El jueves 19 de febrero pasado estuvieron estacionados vehículos de la Policía Ministerial, todo el día, afuera de la Casa Árbol de todas las Raíces, lugar donde se llevó a cabo una reunión de Víctimas de la Guerra, con vistas a presentar sus propuestas de acción al Foro Social Nuevo León, el 7 de marzo; fueron tres vehículos distintos y en todo momento mantuvieron encendidos sus motores.

Podemos no concordar con algunas posiciones conservadoras de la Unión de Padres de Familia, podemos estar de acuerdo en que Reforestación Extrema no defendió el Bosque la Pastora, pero en lo que sí tenemos que estar de acuerdo es decir al Gobierno de Nuevo León: ¡Alto a la intimidación contra activistas! Estamos a tiempo.

* Defensor de Derechos Humanos. Miembro de Alianza Cívica Nuevo León y colaborador de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León.