HORIZONTE CIUDADANO
Una audiencia histórica
Rosa Esther Beltrán Enríquez

Saltillo.- El próximo viernes un nutrido grupo de organizaciones civiles comparecerán ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos instalado en Washington, D.C. y encargado en la protección y promoción de los derechos  humanos en este continente.

El propósito de la audiencia es aportar información relevante a la CIDH sobre el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y  los derechos a la atención y asistencia y a la reparación integral del daño de las personas migrantes en tránsito víctimas de delito y/o graves violaciones a sus derechos humanos en México, así como las ponderaciones respecto del deber de prevención que radica en el Estado.

El informe relata denuncias de migrantes desaparecidos en el tránsito y enfatiza que han tenido la posibilidad de identificar avances en materia forense e identificación de restos, en acceso efectivo a la justicia de personas migrantes y sus familias, así como en temas relacionados con la investigación y las decisiones finales que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin ignorar los obstáculos en las instancias de procuración de justicia en México.

En la crónica se destacan los criterios restrictivos  de la PGR  y la falta de coordinación de las procuradurías estatales respecto al reconocimiento de la calidad de víctima y el ejercicio de los derechos de éstas, recibiendo una respuesta completamente contraria como víctimas, lo cual es una actitud antagónica al deber del Estado de garantizar el reconocimiento de esa condición de los familiares, de darles la información que solicitan respecto de las actuaciones ministeriales que afectan sus intereses legítimos y de permitirles actuar ampliamente en la respectiva averiguación previa. Por lo mismo, en este caso, la actitud de la PGR ha sido contraria a la protección y garantía del derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas migrantes víctimas, se afirma en el informe, pero también les preocupa que el compromiso con el mecanismo dependa de la disposición y voluntad de algunos funcionarios y no responda a una política explícita del Estado mexicano, asumida por la PGR y avalada por las demás instituciones; además se relatan ampliamente los informes de la Comisión Forense respecto a la masacre de San Fernando, Tamaulipas y la de Cadereyta, Nuevo León que ha logrado identificar a varias víctimas centroamericanas en estas masacres.

En el informe se enfatiza a actuación negligente de la Comisiona Nacional de los Derechos Humanos en atender medidas cautelares urgentes, como las relacionadas con la cremación e incineración de restos. Respecto a la búsqueda efectiva de personas migrantes desaparecidas se han encontrado más obstáculos que progresos, pero es importante mencionar que el hecho de que el Ministerio Público reconozca la calidad de víctima de los familiares de personas migrantes y por lo mismo su coadyuvancia dentro de las indagatorias correspondientes, es un avance.

El documento también enumera las fallas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entre las que menciona: La falta de un procedimiento claro y sencillo para el desembolso de la ayuda para gastos funerarios de las víctimas migrantes; falta de reconocimiento de los representantes legales nombrados por las víctimas; la falta de coordinación eficiente y la falta de programas específicos como el programa de Atención Integral a Víctimas.
Las organizaciones suscribientes proponen, posible y viable crear e implementar un Mecanismo Trasnacional de Acceso a la Justicia y Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas que permita garantizar los derechos de víctima de familiares de personas migrantes víctimas de delitos y graves violaciones a sus derechos humanos; mencionan además que la responsabilidad estatal trasciende el cambio de funcionarios públicos, dicha lógica también aplica respecto de las instituciones estatales por lo que hacen un llamado para que la nueva titular de la Procuraduría General de la República, respete los acuerdos y compromisos asumidos con las organizaciones de la sociedad civil.