Nueva política: del transporte público a la rebaja salarial
Joan del Alcázar
Valencia.- La nueva época comenzada el 24 de mayo, confirmada después mediante la constitución de mayorías políticas que han dado el gobierno de regiones y ayuntamientos a coaliciones escoradas a babor...
Ha venido acompañada de toda una serie de gestos que la ciudadanía no puede dejar de festejar. Es sabido cuán significativas son las formas en la vida política democrática. Por eso tenemos que intentar separar el grano de la paja y, sobre todo, tener cuidado con las tentaciones pendulares respecto de aquello que era, desgraciadamente, bastante habitual tiempo atrás.
Antes de esta nueva época, en la que el mapa partidario ha sufrido un terremoto, también había pautas, protocolos y comportamientos que no eran malos ni rechazables; que eran no sólo legales sino legítimos. Una evidencia de esto es que no todos los políticos eran iguales, ni mucho menos; la mayoría, la inmensa mayoría desarrollaron su tarea con más o menos acierto, pero sin obtener beneficios para su bolsillo.
Que ha habido una corrupción transversal no se puede negar, que en todas las familias políticas ha habido un garbanzo negro, o dos, o veintidós, tampoco. Claro que ha habido familias y familias. Los tribunales dejarán negro sobre blanco en su día [eso esperan muchos ciudadanos honestos, cuando menos], que el Partido Popular se ha valido desde siempre de una red de corrupción que, según cuentan, empezó ya con Alianza Popular y su líder Manuel Fraga, allá por los años setenta. Y desde entonces, afirman, hasta hoy: de Fraga a Rajoy, pasando por Aznar, todos se han financiado ilegalmente, han cobrado sobresueldos y canonjías, y han permitido y propiciado negocios non sanctos con empresas y concesionarios.
No es ninguna broma que los políticos [y el papel que juegan] figure como la tercera preocupación de la ciudadanía, según el CIS, después del paro y la economía. Hace falta entonces, tanto y más en esta nueva época, dignificar la política y los políticos ante los ojos de los votantes. Una población que observa, que analiza y valora la actuación de aquellos a los que ha elegido como representantes. Es porque la mayoría de los políticos actuales son conscientes de esto que estamos asistiendo a todo un repertorio de gestos dedicados al respetable, y no son pocos los que piensan que están cometiéndose algunos errores importantes.
El gesto más comentado en los medios de comunicación es el de la rebaja de salarios. También, con éste, el de la utilización de los servicios públicos en detrimento del vehículo oficial, el de la potenciación de la relación directa entre la gente y los nuevos gobernantes, y el de la renuncia explícita a cualquier tipo de beneficio directo o indirecto relacionado con el cargo. Hablemos de los dos primeros.
Que los representantes de los ciudadanos usen el transporte público no sólo es positivo porque les permitirá mantenerlos mejor conectados con la calle, ni porque dan ejemplo a sus administrados para reducir el uso del transporte privado, sino porque transmiten claramente la idea de que son, sencillamente, personas que van cada día al trabajo como el resto de los ciudadanos [de los que tienen la suerte de tenerlo, claro]. Esa utilización de los servicios públicos de transporte, aun así, no puede convertirse en una absurda obligación insalvable. Los responsables políticos tienen que poder moverse de acuerdo con las necesidades de la importante gestión que realizan. Hace falta, por lo tanto, mantener el número adecuado de vehículos oficiales –sin lujos, por cierto- destinados a ese uso para que, cuando el servicio lo aconseje, los usen.
Más complicado y más sensible –muy especialmente ante una opinión pública híper afectada por la devaluación interna mediante la rebaja de los salarios generada por la crisis–, es el tema del sueldo de los políticos.
Hemos leído todo un rosario de titulares de prensa a propósito de como una parte de los nuevos responsables políticos se han rebajado los salarios a percibir por su trabajo.
No es una buena idea poner en práctica un tipo de péndulo perverso y supuestamente purificador que puede tener efectos contraproducentes. A pesar de que ha habido casos escandalosos en cuanto a la percepción salarial de representantes de la ciudadanía [la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es posiblemente el caso más llamativo y lamentable], el despilfarro de recursos se tiene que combatir con más eficacia que la simple reducción de salarios de los cargos elegidos.
El salario tiene que estar en consonancia con la dignidad del cargo y ha de valorar la responsabilidad que comporta ejercerlo. La cantidad tiene que responder al total de la actividad que se desarrolla, por lo cual debe abandonarse el pago por dietas, asistencias y demás martingalas que hasta ahora han supuesto unos complementos salariales poco comprensibles para el común de la ciudadanía. Un alcalde, un consejero, cobra una cifra en euros, y esa es la cifra por su trabajo; es decir, que se da por hecho que –por ejemplo– asistirá a las reuniones a las que tenga que asistir y dedicará las horas que tenga que dedicar. El sueldo a percibir no podrá competir con los más altos del sector privado, pero sí tendrá que estar en sintonía con los del sector público.
Están dándose casos en los que los nuevos cargos que provienen de la función pública pierden dinero al aceptar el cargo. Y no es porque cobraran una cifra desorbitada, que esto no pasa en la función pública, sino porque en esa carrera poco reflexionada por la rebaja de salarios se ha llegado a unos extremos que convendría repensar.
Lo que el político elegido debe hacer es tener dedicación exclusiva, gestionar el dinero de todos como si fuera el propio, y hacerlo con eficacia social. Para hacer esto, su salario tiene que ser el adecuado a la responsabilidad del cargo y a la capacidad que se le supone para desarrollarlo. Convendría, pues, tener cuidado con un gesto dedicado a la ciudadanía que puede tener más efectos en contra que a favor.
