De “verdad histórica” a “histórica mentira”
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, está resultando igual de impune que las matanzas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
A pesar del centenar de detenidos por la tragedia en Iguala, Guerrero, donde además hubo tres muertos y diez heridos, la justicia sigue sin llegar para los familiares de los normalistas, igual como sucedió hace 47 años en Tlatelolco y hace 44 años en el Casco de Santo Tomás.
Quizá con los años la investigación del caso corra con la misma suerte que los expedientes del 2 de octubre y del 10 de junio: el extravío.
Hoy nadie sabe dónde están los archivos de inteligencia del Gobierno Mexicano sobre los movimientos estudiantiles del 68 y del 71.
Tal es la respuesta dada por la Procuraduría General de la República (PGR), a una solicitud de información sobre la cifra de homicidios, torturas y desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, la cual comprendió las décadas de los ‘60 y ’70, cuando el Estado Mexicano espió, persiguió, reprimió y asesinó a los opositores del sistema político.
Simplemente la PGR respondió que la información no se encuentra en sus archivos, a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la obligó a buscar en los archivos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregó a la Dirección General de la Investigaciones de la Procuraduría.
La PGR argumentó que hay archivos que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN) y los cuales no han podido ordenar porque fueron depositados en forma arbitraria y descomedida.
Cabe recordar que por decreto presidencial de Vicente Fox, los archivos de la Guerra Sucia fueron puestos a disposición de la Femospp y cuando la Fiscalía desapareció se devolvieron al AGN cajas y cajas de documentos.
Los archivos de la Femospp también incluían información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Aparte, incluían mil 653 legajos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15 expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dos de la Dirección General de Derechos Humanos.
Sin embargo, dicha información fue negada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, al argumentar que los datos todavía forman parte de una averiguación en trámite y por Ley la mantuvo reservada por un período de 12-doce años.
No es posible que se impida consultar dicha información y se invoque el carácter de reservado cuando se trata de investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Resulta inadmisible la negativa cuando los propios participantes del movimiento social del 68 y 71, son quienes exigen esclarecer los hechos y castigar a los autores intelectuales y materiales de las matanzas.
Lo grave, de acuerdo con la Ley de Transparencia, es que los datos sólo podrán ser públicos 30 años después de su creación. Pero, si los archivos contienen datos personales sensibles, el plazo puede llegar hasta los 70 años.
Es la historia que se repite en los casos de Ayotzinapa y de Tlatlaya, donde se niega la información acerca de la intervención del Ejército, para no incomodar al mando supremo de la Nación y de las fuerza armadas sobre crímenes de Estado perpetrados a plena luz y ante la vista de testigos.
Igual como la voz presidencial exige investigar a fondo para fincar responsabilidades, indemnizar a las víctimas y castigar a los culpables del Ejército de Egipto que masacraron a un grupo de turistas connacionales, el pueblo mexicano pide exactamente lo mismo: que se toque fondo para hacer justicia a padres y madres de las víctimas.
Esa es la justicia que demandamos por las calles de Monterrey cada 2 de octubre, pues mientras no haya justicia no habrá ¡Ni perdón! ¡Ni olvido!
