Testimonio revelador ante el veto hacendario
Claudio Tapia
Monterrey.- Ante la polémica que ha despertado el veto del titular del Ejecutivo Estatal a la Ley de Coordinación Hacendaria recientemente aprobada por el Congreso, me parece oportuno contar una anécdota que presencié, porque ilustra una de las aristas que el delicado y complejo problema tiene.
Conforme a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nada impide que la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de la Federación, Estados y Municipios, sea exigible por cuales quiera de los tres niveles de gobierno. Es decir, que la doble y hasta triple tributación, proveniente del mismo sujeto por el mismo hecho imponible, es constitucional.
Para evitar eso, entre otras razones, se convino que los Estados que así lo quisieran celebraran convenios de coordinación fiscal con la federación para participar de una parte de los ingresos federales a cambio de suspender la aplicación y cobro de los impuestos locales. En 1978, se expidió la Ley de Coordinación Fiscal que regula lo relativo a las participaciones de ingresos federales, lo que hizo innecesario seguir celebrando convenios con cada Estado.
Cinco años antes, frente a la queja que encabezó el empresariado regiomontano respecto a los problemas que generaba la concentración administrativa del gobierno federal, el presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó que se iniciara la desconcentración administrativa del gobierno federal, empezando precisamente con la Secretaría de Hacienda en Nuevo León.
Se dividió al país en 13 regiones para que la desconcentración administrativa se llevara a cabo. En 1973, le tocó a nuestro Estado la responsabilidad de ser sede de la primera Administración Fiscal Regional, con jurisdicción en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, y al doctor Jorge Treviño Martínez, el privilegio de ser el primer administrador fiscal regional de la república. Yo lo sucedería en el cargo para que él brincara a una diputación federal y de ahí a la gubernatura del Estado.
Ahora, viene el cuento a colación. Para analizar y acordar lo relativo a la coordinación fiscal, se celebraban reuniones nacionales de funcionarios fiscales. Ceremonias a las que asistían, además del titular de hacienda, el subsecretario de ingresos que las coordinaba, el procurador fiscal, el tesorero de la federación y los altos funcionarios de las áreas centrales; concurrían además, los administradores fiscales regionales y los tesoreros de los estados. “La república está reunida”, diría orgulloso el presidente Lopez Portillo, consciente de la importancia de las finanzas para el control político federal, estatal y municipal.
En una de esas reuniones, para medir la respuesta, deliberadamente se corrió el rumor de que la federación propondría que las participaciones de los fondos federales correspondientes a los municipios les fueran entregadas directamente a los alcaldes por conducto de las administraciones fiscales regionales. Se regó la pólvora, los tesoreros se molestaron, y la intentona se frenó.
El gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, enterado del asunto por el tesorero Víctor Gomez –para muchos el mejor que ha tenido el Estado– habló con el Secretario de Hacienda, David Ibarra Muños, para decirle que si se cometía esa burrada, tendría que venir él a Nuevo León y responsabilizarse de su gobierno, porque la sola propuesta le restaba autoridad y reducía su capacidad de mando.
El que los Alcaldes se formaran e hicieran cola en la tesorería para recoger sus participaciones, le permitía al gobernador controlarlos, instruirlos y hasta condicionar su entrega.
Si aplicamos la moraleja que se desprende del testimonio descrito al desencuentro del gobernador con los diputados locales, nos damos cuenta de que la autonomía municipal implícita en la vetada Ley de Coordinación Hacendaría, conlleva la pérdida de autoridad y control político del Ejecutivo sobre los Presidentes Municipales.
Tener que hacer cola en la tesorería del estado para recoger los recursos federales, obtener ampliaciones discrecionales y tratos preferenciales, a cambio de lealtades y obediencias –al igual que lo que tienen que hacer los tesoreros ante los diputados federales y las autoridades hacendarias– se considera necesario para gobernar con autoridad y mantener el control político.
El fortalecimiento municipal a costa del debilitamiento estatal, es la disputa. Ese es el dilema que está en el fondo del desencuentro del gobernador con los diputados.
