Verificación vehicular en fuera de lugar
Claudio Tapia
Monterrey.- La urgente necesidad de la verificación vehicular, no puede inscribirse en el marco del análisis y aprobación de la Ley de Ingresos elaborada en la Tesorería General del Estado, de la mano de la Coordinación Administrativa; debe formar parte de una política ambiental integral a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
La tarjeta roja por reclamar el fuera de lugar, está bien ganada. La contaminación del aire no es un problema de finanzas, sino ambiental.
Algunos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable deben recordar los fallidos intentos de aplicación del programa de verificación vehicular en gobiernos anteriores. Estuvieron ahí y saben lo que ocurrió.
En el Gobierno de Natividad Gonzáles Parás, se promulgó la Ley de la Agencia de Protección y Recursos Naturales (antecedente de la actual Secretaría) en la que se daba intervención a un Consejo de Participación Ciudadana que yo presidí, y que no sirvió para nada.
Sus consejos atentaban contra fuertes intereses. Desde aquí pido disculpas a los distinguidos y bien intencionados consejeros, especialistas del TEC, la UANL y del sector privado, invitados del gobernador a través del titular, a los que entusiasmé creyendo que había voluntad política para enfrentar los problemas ambientales que padece Nuevo León. Me equivoqué.
En dicho Consejo, al que asistían el titular del área y sus funcionarios, llegamos a algunas conclusiones. Había que crear conciencia de la magnitud e importancia del problema. Teníamos que hacer que los datos de los cinco o seis monitores de la calidad del aire, distribuidos en la ciudad, fueran confiables. Se tenía que publicar diariamente los resultados y elaborar un plan de contingencia ambiental. Nada se hizo, ni siquiera logramos que se reubicara un monitor que estaba en un lugar inadecuado.
Recomendamos que –inscrito en un programa ambiental integral del que, por cierto, el Estado carece–, se procediera a aplicar el programa de verificación vehicular en paquete, para impedir que se repitiera el generalizado rechazo que ocurrió en 1996.
Se incluiría en el paquete, medidas simultáneas para controlar las emisiones de la refinería de Cadereyta, industrias, pedreras, fraccionadores, constructores y demás depredadores. Cómo, no.
La verificación se aplicaría por igual a todos el parque vehicular del transporte de personas y cosas, público y privado; del estado, municipios y dependencias federales; taxistas, patrullas, repartidores de mercancías, ambulancias, bomberos; para que nadie escapara al control ambiental.
Se tomarían acciones preventivas para evitar que los centros de verificación se corrompieran y acabaran vendiendo resultados falsos que permitiera a los corruptores circular sin haber aprobado la verificación.
Se pedía la cooperación de otras dependencias de la administración pública tanto estatal como municipal. Por ejemplo: se requería la intervención del área del transporte para redefinir las rutas de autobuses; de nada serviría la verificación si los policías de tránsito no impedían la circulación de vehículos contaminantes.
Fuimos ingenuos. No tomamos en cuenta que, como dice Francisco Papa, “toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad”, y esto no conviene al desarrollo insostenible del que los poderosos se sirven.
No, no se trata de un programa ambiental lanzado al botepronto. Saben bien que sin los requisitos mencionados la impostergable medida abortará, como ya ocurrió.
Comparto la sospecha que de lo que se trata es de presupuestar ingresos por un servicio público que no se desea prestar. No conviene a los depredadores.
Pero de esta manera, a excepción de los “independientes” que esconden la bandera, los diputados y sus desprestigiados partidos tendrán la culpa por señalar el fuera de lugar.
